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La discusión en la Corte Constitucional sobre el futuro de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro dio dos grandes saltos hacia atrás y retrasará una de las decisiones más importantes que tiene que tomar el alto tribunal este año. Todo, según conoció El Espectador, por un descuido del que se percataron el miércoles pasado, pero que pasó de agache durante casi seis meses. Ahora, el proceso en el que ya se había presentado una ponencia para tumbar la reforma, tiene que devolverse y se perderá todo el trabajo que hizo la Corte desde mediados de septiembre de 2024. Además, dejará ver la posición que tiene el nuevo procurador general sobre uno de los legados que quiere dejar el gobierno Petro.
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En la Sala Plena del pasado miércoles 26 de febrero, el alto tribunal determinó que la magistrada Diana Fajardo tendrá que apartarse del caso y no participar de la toma de decisiones relacionadas con el futuro de la reforma pensional. Esto se debe a que la togada presentó un impedimento, porque se benefició de la reforma pensional el año pasado para cambiarse de un fondo de pensiones privado a Colpensiones, el fondo público. El problema es que el impedimento había sido presentado por Fajardo desde septiembre de 2024 y el proceso no podía seguir adelante hasta que no se resolviera. Sin embargo, en medio del ajetreo del caso, nunca se le dio respuesta si podía, o no, continuar participando.
Según le aseguraron fuentes de alto nivel al interior de la Corte a este diario, como la magistrada Fajardo se había declarado impedida en otras demandas que se presentaron en contra de la reforma pensional y dichos impedimentos fueron aceptados, los magistrados dieron por sentado que en este expediente se había hecho lo mismo. El lío es que sobre el caso de la demanda que presentó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, y que lleva el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibañez, nunca se resolvió el impedimento. Aun así, sin que nadie se percatara de ese pendiente, se le pidió a la Procuraduría, entonces manejada por Margarita Cabello, que emitiera su concepto.
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El del Ministerio Público es uno de los puntos de vista que más tiene en cuenta el alto tribunal para estudiar y tomar decisiones. El concepto que le envió Cabello a la Corte desde noviembre del año pasado decía que la reforma pensional debía tumbarse toda, como lo pide Paloma Valencia, porque, supuestamente, se tramitó mal en el Congreso. Es decir, que habría incurrido en vicios de trámite. Desde ese entonces, la Sala Plena resolvió recusaciones que se presentaron contra algunos de sus integrantes y, el pasado 14 de febrero, el magistrado Ibáñez radicó la ponencia que acogió lo dicho por la Procuraduría y que apuntaba a que la reforma pensional se caería.
Pero ahora, el concepto de la Procuraduría de ese entonces y la ponencia de Ibáñez se quedaron sin valor. El Espectador conoció a través de fuentes cercanas a la discusión que hace poco más de una semana fue que se percataron de que nunca se resolvió el impedimento que presentó Fajardo. Incluso, ella misma no estaba segura si estaba impedida o no, según las fuentes consultadas. Al hacer la revisión, evidenciaron que ese asunto estaba pendiente desde el 16 de septiembre del año pasado y para evitar que cayera una nulidad sobre el proceso por ese descuido, decidieron, en la Sala Plena del pasado miércoles, apartarla del caso, del que igual no venía conociendo nada, porque todos creían que ya estaba impedida.
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El despiste ya le pasó factura a la Corte. Además de quedarse sin Fajardo para tomar la decisión y dejarla en manos de solo ocho magistrados, la Sala Plena tuvo que meterle freno al estudio de la ponencia de Ibáñez y darle un reversazo al caso. Como el impedimento era de septiembre de 2024 y no podían hacer nada dentro del proceso hasta no resolverlo, pero igual lo hicieron, no les quedó de otra que anular todo lo que se adelantó después de que Fajardo se declarara impedida. Con esa determinación, es como si el concepto de la Procuraduría de noviembre del año pasado y la ponencia de Ibáñez del 14 de febrero de este año nunca hubieran existido.
Por el error, el ambiente en la Sala Plena y el ánimo del presidente de la Corte no es el mejor, porque significó perder casi seis meses de trabajo en el expediente. Además, una reciente filtración echó más leña al fuego al interior del alto tribunal. Se hizo público el borrador del auto con el que Ibáñez, como ponente del proceso, le pide a la Procuraduría, ahora liderada por Gregorio Eljach, que presente un nuevo concepto en el caso. Según fuentes al interior del alto tribunal, el documento que anda rondando no es la versión final y eso, dentro de otras cosas, es lo que tiene molesto al magistrado, quien considera que con la información a medias se entorpece más el caso.
El auto definitivo será enviado a la Procuraduría a inicios de la próxima semana, para que Gregorio Eljach como jefe del Ministerio Público, emita un nuevo concepto. Será, además, la primera prueba de fuego sobre su independencia del gobierno Petro, del cual fue candidato para llegar a su actual cargo. Eljach tendrá 30 días para enviar su respuesta a la Corte y cuando sea presentada, Ibáñez tendrá 60 para presentar una nueva ponencia. Sin embargo, fuentes cercanas a su despacho, aseguran que el magistrado tiene claro que no se tomará todo ese tiempo, porque es uno de los temas prioritarios para el alto tribunal.
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