Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, tendrá que enviar a la Corte Constitucional su concepto como jefe del Ministerio Público sobre lo que considera que debe ser el futuro de la reforma pensional que se debate en el alto tribunal. La Sala Plena revisó el impedimento presentado por Eljach por haber sido secretario general del Senado cuando la iniciativa gubernamental pasó por el Congreso y determinó que no significa ninguna imposibilidad para que ahora hable en nombre del ente de control.
En contexto: Recusación y un posible impedimento tienen frenada reforma pensional en la Corte
Según el impedimento presentado por el procurador Eljach, debía apartarse del proceso, porque fue por más de una década el secretario general del Senado, incluso cuando la reforma pensional se tramitó y aprobó en el Congreso en 2024. Sin embargo, al revisar los argumentos, la Corte se dio cuenta de que el jefe del ente de control no debía retirarse del caso, pues la reforma no era un proyecto de ley estatutaria o un tratado, casos en los que el secretario general sí tiene que dar un aval para que se tramite en el Congreso.
Lo que encontraron los magistrados de la Corte Constitucional al revisar el caso es que como se trató de un proyecto de ley ordinaria, Eljach, como secretario general del Senado, no tenía que pronunciarse antes ni dar ningún visto bueno a la iniciativa para que empezara el debate legislativo. Por eso, al no haberse manifestado sobre si el proyecto debía o no tramitarse en el Congreso, no está impedido para participar como procurador.
Podría interesarle: La cadena de errores que llevó a ponerle freno a debate sobre la reforma pensional
Así las cosas, Eljach tiene 30 para enviarle al alto tribunal el concepto de la Procuraduría sobre el futuro de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este será el segundo concepto del Ministerio Público que revise la Corte, debido a que un error de trámite en el alto tribunal, revelado por este diario, echó a la basura casi seis meses de trabajo en el proceso.
Como lo dio a conocer El Espectador, en la Sala Plena del pasado miércoles 26 de febrero, el alto tribunal determinó que la magistrada Diana Fajardo tendrá que apartarse del caso y no participar de la toma de decisiones relacionadas con el futuro de la reforma pensional. Esto se debe a que la togada presentó un impedimento, porque se benefició de la reforma pensional el año pasado para cambiarse de un fondo de pensiones privado a Colpensiones. El problema es que el impedimento había sido presentado por Fajardo desde septiembre de 2024 y el proceso no podía seguir adelante hasta que no se resolviera.
Al hacer la revisión, evidenciaron que ese asunto estaba pendiente desde el 16 de septiembre del año pasado y para evitar que cayera una nulidad sobre el proceso por ese descuido, decidieron, en la Sala Plena del pasado miércoles 26 de febrero, apartarla del caso, del que igual no venía conociendo nada, porque todos creían que ya estaba impedida. Así las cosas, la Sala Plena tuvo que meterle freno al estudio de la ponencia de Ibáñez y darle un reversazo al caso. Con esa determinación, es como si el concepto de la Procuraduría de noviembre del año pasado y la ponencia de Ibáñez del 14 de febrero de este año nunca hubieran existido.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
