El Gobierno de Gustavo Petro, con la reforma tributaria, uno de sus planes bandera, tiene la intención de recolectar al término de su administración un poco más de $20 billones. Esa iniciativa vincula una serie de cambios en materia fiscal y, aunque pasó el primer filtro en el Congreso, ahora le toca a la Corte Constitucional hacer un examen de la reforma. Empezará por conocer una demanda que presentó el ciudadano Carlos Osorio. El recurso está dirigido a tumbar un artículo que establece sobre qué base deben declarar renta las empresas que explotan recursos naturales. La Procuraduría pidió tumbar esa iniciativa.
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Con la reforma, las empresas minero-energéticas deben declarar renta, además de lo estipulado, con base en los precios internacionales que tengan el petróleo, el carbón y otros materiales porque, según ha dicho el presidente Petro, son bienes públicos. Osorio como la Procuraduría le dijeron a la Corte que prohibir la deducción del pago de las regalías es una medida “irrazonable” por lo que pidieron tumbar la iniciativa del actual Gobierno.
La Procuraduría dijo que la prohibición de deducibilidad de las regalías “tiene como finalidad impedir que las empresas del sector minero-energético desconozcan que la regalía no corresponde a un gasto derivado de la explotación de recursos naturales, sino a la contraprestación por el uso de un activo del Estado”. Para el Ministerio Público, la iniciativa del Gobierno Petro se fundamenta en una concepción equivocada del concepto de las regalías.
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El órgano de control dijo que no es legítimo que el Congreso impida que las empresas puedan deducir el pago de las regalías a fin de la determinación del impuesto sobre renta, debido a que se trata de una distribución de bienes o recursos propia de la producción. En estos casos, la Corte Constitucional ha dicho que las regalías constituyen una compensación que pagan las empresas al Estado por la afectación social y ambiental que causan explotar los recursos naturales no renovables.
Con ese antecedente, lo que dice la Procuraduría es que, lo que genera las regalías es la explotación de recurso (petróleo, carbón u otros minerales) y no la propiedad sobre el mismo, por lo que resulta legítimo que las empresas puedan deducir el pago de aquellos sobre el impuesto de renta. Así las cosas, el Ministerio Público considera que prohibir las deducciones es una restricción que no responde a los criterios de justicia y equidad que valora los incrementos del patrimonio del sujeto pasivo.
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“Prohibir en todos los casos la deducción del pago de las regalías, como es dispuesto en la disposición acusada, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta a pesar de que ese concepto no tiene la vocación de incrementar el patrimonio de la empresa que paga el tributo”, dijo la Procuraduría en el concepto emitido este lunes.
La iniciativa del Gobierno Petro pasará a examen a la Corte. El concepto de la Procuraduría es apenas uno de los que recibirá el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para determinar si tumba o no el artículo demandado. De otro lado, el alto tribunal también estudia una segunda demanda que pide tumbar la introducción de un aporte de las universidades a los créditos de los estudiantes que financian su educación con Icetex.
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