Removiendo los escombros de una verdad enterrada

 

Exactamente 42 días después, un par de desconocidos lo detuvieron nuevamente. Se identificaron como integrantes del Bloque Metro de las Autodefensas. Se lo llevaron en un taxi Mazda que recorría la Comuna 13. Después de pasar por un retén de la Policía que requisaba a todo el que pasaba, menos a ese taxi, comentaron por radio teléfono: “aquí les llevamos una res”. Minutos más tarde lo bajaron del taxi, lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo a más no poder.

 

Luego llegó otro vehículo con dos personas que Juan Carlos conocía. El primero era el dueño de una fábrica de buñuelos. El segundo de una empresa para hacer arepas. En su presencia, a este último lo cogieron por el cuello mientras decían: “este hijueputa está en las fotos de la Fiscalía”. Al mismo tiempo oyó como uno de los tipos que los vigilaban le comentaba a su compinche: “cuando mi cabo me dijo que me vistiera de civil creí que iba a hacer inteligencia. No sabía que venía donde ustedes”.

 

Era una finca situada en límites de la Comuna 13 con el corregimiento de San Cristóbal. Cautivos y secuestradores con picos y palas en sus manos se dirigieron a una zona próxima donde había por lo menos 30 tumbas. Cuando empezaron a disparar, Juan Carlos Cano se la jugó y salió corriendo. “Vi que al muchacho de la empresa de arepas lo estaban despedazando con un cuchillo y me tiré por una pendiente. Luego me escondí en unos matorrales”, recuerda.

 

Tiempo después relató lo sucedido a la Defensoría del Pueblo y su caso fue expuesto en el Congreso por el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro. En su momento ese testimonio marcó un precedente en la historia del conflicto de la Comuna 13.

 

En 2003, el Ejército en un operativo militar encontró cuerpos enterrados en los lugares que él había señalado en La Loma – San Cristóbal. Entonces se constató que La Escombrera, así como zonas cercanas a ésta, habían sido escogidas como cementerios clandestinos.

 

Según versión judicial aportada por el exjefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, Juan Carlos Villada, alias ‘Móvil 8’, como en el mismo sitio también operaba la guerrilla, en desarrollo de la confrontación armada cayeron las primeras víctimas. Al fin y al cabo se trataba de un territorio codiciado por los grupos armados, donde además se facilitaba el tráfico de armas y la exportación de drogas. La idea siempre fue utilizarlo como una conexión directa al golfo de Urabá.

 

No obstante, mientras se libraba la guerra entre insurgencia y paramilitarismo o éste último la hacía extensiva a la población civil no combatiente, varias empresas que trabajaban en la zona la utilizaron como depósito de materiales de desecho. En otras palabras, comenzaron a echar toneladas de escombros de construcción sobre muchos cuerpos enterrados. Una acción que no se detuvo a pesar de los reclamos persistentes de organizaciones sociales.

 

Desde hace cinco meses, trece años después de los hechos, se ha formalizado la búsqueda judicial de decenas de desaparecidos que, según versiones de los propios paramilitares, fueron inhumados en La Escombrera. Se trata de reconocer que ‘la desaparición forzada, así como el reclutamiento de menores y el desplazamiento en la Comuna 13, constituyen violaciones a los derechos humanos que hasta hoy permanecen impunes. Es decir, no existe una sola condena’.

 

‘Es un logro desarrollar con la Fiscalía y la comunidad un Plan Integral de Búsqueda en La Escombrera’, como lo ha reconocido Jorge Mejía, actual Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín. Pero desde el primer día, las organizaciones de víctimas han exigido que no sólo se busque en el sector conocido como el Polígono 1, sino también en otros lugares que han sido señalados como posibles fosas comunes.

 

La idea es que se sostenga la búsqueda y ésta sea acompañada por los organismos nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos. Sobre todo porque en criterio de observadores del conflicto, la Comuna 13 sigue siendo escenario de violencia urbana. Específicamente, de los intentos de control de nuevos grupos armados de naturaleza paramilitar o de bandas criminales que persisten en crear corredores para la expansión del narcotráfico.

 

“El Plan Integral de Búsqueda debe atender recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas, a partir de la aplicación del Protocolo de Minnesota y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR”,  han insistido los familiares de las víctimas de las operaciones militares de 2002 y 2003. Es decir, que toda investigación o exhumación se realice en constante interacción con la comunidad. Una exigencia que ya tiene avances importantes desde otro contexto.

 

En concreto, desde los recientes anuncios del Gobierno y las Farc, que en desarrollo de los diálogos de paz en La Habana, se comprometieron a buscar más de 47.757 desaparecidos registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Un proceso que además contará con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que decidió crear una Unidad Especial para buscar, ubicar, identificar y hacer una entrega digna de los cuerpos que sean encontrados.

 

La otra exigencia es el cierre completo de La Escombrera porque, por ejemplo, la empresa Bioparques SAS, más conocida como ‘Terrígenos’, ubicada frente al Polígono 1 (área de intervención de las excavaciones), sigue arrojando escombros en la zona. El pasado 24 de noviembre, a través de una resolución oficial, la Alcaldía de Medellín obligó al cierre temporal de La Escombrera, y además argumentó que no cumple con los requerimientos para que sea utilizada, pues existe riesgo de derrumbe, según peritaje de autoridades ambientales.

 

Aun así, según denuncias de organizaciones de víctimas y derechos humanos, Bioparques SAS mantiene su actividad en La Escombrera. Estas organizaciones esperan que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos, que se desentierre la verdad y que a partir del 1 de enero de 2016 la nueva Alcaldía continúe con el proceso de búsqueda de desaparecidos. ‘Es una deuda histórica porque a lo largo de los años se ha permitido acumular escombros alrededor de una tragedia”, ha dicho Jorge Mejía. Y las víctimas saben que es la única manera en que el Estado puede demostrar que es un aliado contra la impunidad.

 

*Este trabajo se construyó en el marco de un programa especial de asesoría a periodistas regionales en Colombia, liderado por Consejo de Redacción (CdR) y su iniciativa de Plataforma de Periodismo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

 

Exactamente 42 días después, un par de desconocidos lo detuvieron nuevamente. Se identificaron como integrantes del Bloque Metro de las Autodefensas. Se lo llevaron en un taxi Mazda que recorría la Comuna 13. Después de pasar por un retén de la Policía que requisaba a todo el que pasaba, menos a ese taxi, comentaron por radio teléfono: “aquí les llevamos una res”. Minutos más tarde lo bajaron del taxi, lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo a más no poder.

 

Luego llegó otro vehículo con dos personas que Juan Carlos conocía. El primero era el dueño de una fábrica de buñuelos. El segundo de una empresa para hacer arepas. En su presencia, a este último lo cogieron por el cuello mientras decían: “este hijueputa está en las fotos de la Fiscalía”. Al mismo tiempo oyó como uno de los tipos que los vigilaban le comentaba a su compinche: “cuando mi cabo me dijo que me vistiera de civil creí que iba a hacer inteligencia. No sabía que venía donde ustedes”.

 

Era una finca situada en límites de la Comuna 13 con el corregimiento de San Cristóbal. Cautivos y secuestradores con picos y palas en sus manos se dirigieron a una zona próxima donde había por lo menos 30 tumbas. Cuando empezaron a disparar, Juan Carlos Cano se la jugó y salió corriendo. “Vi que al muchacho de la empresa de arepas lo estaban despedazando con un cuchillo y me tiré por una pendiente. Luego me escondí en unos matorrales”, recuerda.

 

Tiempo después relató lo sucedido a la Defensoría del Pueblo y su caso fue expuesto en el Congreso por el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro. En su momento ese testimonio marcó un precedente en la historia del conflicto de la Comuna 13.

 

En 2003, el Ejército en un operativo militar encontró cuerpos enterrados en los lugares que él había señalado en La Loma – San Cristóbal. Entonces se constató que La Escombrera, así como zonas cercanas a ésta, habían sido escogidas como cementerios clandestinos.

 

Según versión judicial aportada por el exjefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, Juan Carlos Villada, alias ‘Móvil 8’, como en el mismo sitio también operaba la guerrilla, en desarrollo de la confrontación armada cayeron las primeras víctimas. Al fin y al cabo se trataba de un territorio codiciado por los grupos armados, donde además se facilitaba el tráfico de armas y la exportación de drogas. La idea siempre fue utilizarlo como una conexión directa al golfo de Urabá.

 

No obstante, mientras se libraba la guerra entre insurgencia y paramilitarismo o éste último la hacía extensiva a la población civil no combatiente, varias empresas que trabajaban en la zona la utilizaron como depósito de materiales de desecho. En otras palabras, comenzaron a echar toneladas de escombros de construcción sobre muchos cuerpos enterrados. Una acción que no se detuvo a pesar de los reclamos persistentes de organizaciones sociales.

 

Desde hace cinco meses, trece años después de los hechos, se ha formalizado la búsqueda judicial de decenas de desaparecidos que, según versiones de los propios paramilitares, fueron inhumados en La Escombrera. Se trata de reconocer que ‘la desaparición forzada, así como el reclutamiento de menores y el desplazamiento en la Comuna 13, constituyen violaciones a los derechos humanos que hasta hoy permanecen impunes. Es decir, no existe una sola condena’.

 

‘Es un logro desarrollar con la Fiscalía y la comunidad un Plan Integral de Búsqueda en La Escombrera’, como lo ha reconocido Jorge Mejía, actual Consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín. Pero desde el primer día, las organizaciones de víctimas han exigido que no sólo se busque en el sector conocido como el Polígono 1, sino también en otros lugares que han sido señalados como posibles fosas comunes.

 

La idea es que se sostenga la búsqueda y ésta sea acompañada por los organismos nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos. Sobre todo porque en criterio de observadores del conflicto, la Comuna 13 sigue siendo escenario de violencia urbana. Específicamente, de los intentos de control de nuevos grupos armados de naturaleza paramilitar o de bandas criminales que persisten en crear corredores para la expansión del narcotráfico.

 

“El Plan Integral de Búsqueda debe atender recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas, a partir de la aplicación del Protocolo de Minnesota y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR”,  han insistido los familiares de las víctimas de las operaciones militares de 2002 y 2003. Es decir, que toda investigación o exhumación se realice en constante interacción con la comunidad. Una exigencia que ya tiene avances importantes desde otro contexto.

 

En concreto, desde los recientes anuncios del Gobierno y las Farc, que en desarrollo de los diálogos de paz en La Habana, se comprometieron a buscar más de 47.757 desaparecidos registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Un proceso que además contará con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que decidió crear una Unidad Especial para buscar, ubicar, identificar y hacer una entrega digna de los cuerpos que sean encontrados.

 

La otra exigencia es el cierre completo de La Escombrera porque, por ejemplo, la empresa Bioparques SAS, más conocida como ‘Terrígenos’, ubicada frente al Polígono 1 (área de intervención de las excavaciones), sigue arrojando escombros en la zona. El pasado 24 de noviembre, a través de una resolución oficial, la Alcaldía de Medellín obligó al cierre temporal de La Escombrera, y además argumentó que no cumple con los requerimientos para que sea utilizada, pues existe riesgo de derrumbe, según peritaje de autoridades ambientales.

 

Aun así, según denuncias de organizaciones de víctimas y derechos humanos, Bioparques SAS mantiene su actividad en La Escombrera. Estas organizaciones esperan que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos, que se desentierre la verdad y que a partir del 1 de enero de 2016 la nueva Alcaldía continúe con el proceso de búsqueda de desaparecidos. ‘Es una deuda histórica porque a lo largo de los años se ha permitido acumular escombros alrededor de una tragedia”, ha dicho Jorge Mejía. Y las víctimas saben que es la única manera en que el Estado puede demostrar que es un aliado contra la impunidad.

 

*Este trabajo se construyó en el marco de un programa especial de asesoría a periodistas regionales en Colombia, liderado por Consejo de Redacción (CdR) y su iniciativa de Plataforma de Periodismo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).