Rendición de cuentas del Gobierno ante CIDH por caso La Guajira

Jesús Fragozo / Jesús Fragozo

Si bien todo el país vio al presidente Juan Manuel Santos recorrer las comunidades de la alta Guajira prometiendo agua, puestos de salud y kits de alimentación, nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los avances que le ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la solicitud de levantar las medidas cautelares que ese organismo internacional concedió en diciembre del año pasado a favor de los niños wayú. (Lea: Por qué el Gobierno pidió revocar medidas cautelares a los niños wayuu)

En tres comunicaciones del Gobierno que fueron conocidas por El Espectador, a través del viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri Lara, y otra alta funcionaría de la Cancillería se le informa la Comisión Interamericana las acciones que se han tomado para frenar la crisis que amenaza la vida de los niños, niñas y adolescentes wayú por la falta de alimentos y de agua, y por la imposibilidad de acceder de manera efectiva a los servicios de salud.

La crisis, dijo la CIDH en su decisión del 11 de diciembre de 2015, ha causado la muerte de centenares de niños de la etnia wayú en los últimos ocho años. Por eso, exhortó al Gobierno a emprender acciones “para preservar la vida y la integridad personal” de los menores de las rancherías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en tres aspectos puntuales: acceso de alimentos, disponibilidad de agua y acceso a servicios de salud.

La primera de las comunicaciones tiene fecha del 26 de febrero pasado. Esta no fue la primera vez que el Gobierno se comunicó con la Comisión respecto a las medidas cautelares: la primera se remonta al 30 de diciembre de 2015, cuando el vocero gubernamental para este caso, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, argumentó que las acciones necesarias para resolver la catástrofe estaban siendo implementadas.

En el documento de finales de febrero de 2016 se informó a la Comisión sobre la muerte de dos menores diagnosticados con desnutrición y otras patologías asociadas. Pero además, analiza tres casos que los peticionarios de las medidas denunciaron como muertes por desnutrición. Según el gobierno, ninguno de los fallecimientos estarían relacionados con falta de comida, a pesar de que los tres pacientes tenían signos de estar mal alimentados.

El primer caso es el de una niña de un año fallecida el 21 de enero pasado. El documento afirma que la menor –que tenía señales de maltrato infantil- fue hospitalizada en Valledupar por una estenosis esofágica (reducción del esófago que impide tragar). El primer diagnóstico arrojó que además sufría de desnutrición y falla de medro, el nombre científico del crecimiento insuficiente en menores de tres años.

Aun así el Instituto Nacional de Salud argumentó que la desnutrición de la niña era solo una patología secundaria, y que la causa de su muerte sería la estenosis esofágica. Para el segundo y el tercero de los casos, el de un niño de diez años y un bebé de tres meses de nacido, respectivamente, el Estado colombiano no ha logrado aún establecer con precisión las causas definitivas de los fallecimientos.

Ese primer documento se refiere también a los 15 equipos de salud –compuestos por un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería y un trabajador social- que ya trabajan en Rioacha y Uribia, y además, a los $3.700 millones que el Ministerio de Salud se gastó para suscribir otros 17 contratos que lleven nuevos equipos móviles a Rioacha, Manaure, Uribia, Maicao y Nazareth.

Se mencionó también la Alianza por el Agua y por la Vida que el presidente Santos anunció después de la solicitud de las medidas cautelares. El reporte dice que durante la visita de Santos a la Alta Guajira en febrero de este año, el primer mandatario entregó 957.400 litros de agua distribuidos en siete regiones del departamento.

Tal vez las acciones más destacables son las Soluciones Integrales y las de Agua. Las primeras cuentan con pozo, tanques de almacenamiento de agua y una huerta. El Gobierno entregó dos de estas en Kasiscat e Ichien (Manaure), y beneficiarían a 785 y 900 personas respectivamente. Sobre las soluciones de agua –que cuentan con pozo, sistema de bombeo, tanques de almacenamiento, filtros, baldes y kits de higiene–, se entregó una de ellas en Porshina (Uribia).

Con tal de probar la eficiencia de su gestión, el Gobierno no dejó nada por fuera. Tanto así, que hasta rescató las seis unidades móviles del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) que atendieron a 283 niños y 470 adultos en total –de los más de 270.000 indígenas wayú que habitan en La Guajira, según el DANE- y que repartieron 150 unidades de bienestarina y un total de 15 cajas de galletas.

Los otros dos documentos conocidos por este diario tocan el espinoso tema de la concertación de las medidas cautelares con las comunidades afectadas. Para las once reuniones, que se llevaron a cabo entre el 11 y el 20 de marzo pasados, se convocaron a más de 500 comunidades indígenas de la región, que se encontraron con delegados de todas las esferas del Gobierno Nacional.

A pesar de lo expresado por los documentos, el denunciante ante la CIDH, Javier Rojas Uriana, ha señalado la insuficiencia de las medidas. El Gobierno insiste en que las soluciones a corto, mediano y largo plazo están en camino para resolver un problema que lleva incubándose por décadas. Será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que determine si la crisis humanitaria que mata de sed y de hambre a los pueblos del desierto de La Guajira, ha llegado a su fin.