La historia se repite y pese a los anuncios del Gobierno sobre la toma de medidas para proteger la vida de quienes lideran hoy la restitución de tierras en el país, el proceso sigue manchándose de sangre. El martes, cuando se movilizaba en un bus de servicio público en Medellín fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, líder comunal del barrio Santa Cruz en la misma capital antioqueña. De nada sirvieron las denuncias sobre las amenazas contra su vida, hechas durante las últimas semanas ante el mismo Gobierno, la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía, la Personería y otros organismos del Estado.
Córdoba era líder de desplazados y restitución de tierras en Antioquia y encabezaba varias organizaciones no gubernamentales en contra del conflicto armado interno. En 2008 había fundado la ONG ‘Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz’, Latepaz, que en la actualidad se dedica a acompañar a víctimas, como ella, de la violencia y en el reclamo de las más de seis millones de hectáreas despojadas a miles de colombianos por parte de grupos armados ilegales. Precisamente en 2001, ella había llegado a Medellín desplazada tras el asesinato de su esposo y algunos miembros de su familia en el Urabá antioqueño.
Ayer, el vicepresidente Angelino Garzón rechazó y condenó enérgicamente el asesinato y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para judicializar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen con el fin de brindar protección inmediata a las demás personas que están reclamando su derecho legítimo a la restitución y titulación de sus tierras. “Este Gobierno reafirma su compromiso con las víctimas y sus derechos y advierte a los delincuentes que casos como el de Ana Fabricia no quedarán en la impunidad", dijo.
Por su parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación solicitó también a las autoridades competentes el esclarecimiento del homicidio y pidió que se lleve a juicio a los responsables. La Regional Antioquia de la Comisión reveló que la dirigente había sido perseguida siempre por la violencia. De igual forma había perdido a su esposo que también fue asesinado, varios de sus hijos y hermanos.
Durante el encuentro del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizado en abril por la Alcaldía de Medellín y en un foro posterior en el Parque Biblioteca de San Javier, Córdoba y otros dirigentes denunciaron amenazas contra sus vidas, constancias que quedaron en las actas de esas reuniones. Un comunicado del Comité impulsor de las Mesas de Derechos Humanos (Corpades), y la Corporación Nueva Gente, entre otras organizaciones de derechos humanos de Medellín, denunciaron que pese a las denuncias sobre las amenazas “no se hizo nada para proteger su vida”.
Al mismo tiempo, durante el velorio de Ana Fabricia Córdoba, una de sus hijas, Diana Marcela Ospina, responsabilizó a la Policía del crimen ya que, según dijo, su madre había denunciado el asesinato de uno de sus hijos, Jonathan Ospina, el 7 de julio de 2010, supuestamente a manos de las mismas autoridades. Hasta el momento, ni el Gobierno ni las autoridades policiales han respondido a esta denuncia.
Lo cierto es que con la muerte de Córdoba ya son más de 50 los líderes de reclamación de tierras asesinados en los últimos tres años, mientras que las amenazas se multiplican tras la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas en el Congreso de la República, que incluye un capítulo sobre la restitución de los predios a quienes fueron despojados de ellos por los actores armados del conflicto.
“La muerte violenta de líderes de tierras parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras, y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y la garantía de su derecho. La Defensoría insta a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta zona del país”, ha dicho sobre esta situación la Defensoría del Pueblo.
Por Redacción Judicial
