Restitución segura

Luego de que el miércoles de la semana pasada asesinaran a dos campesinos en Antioquia y a uno en Sucre, identificados los tres como líderes del programa de restitución de tierra, el Gobierno tomó la determinación de mejorar e incrementar los esquemas de seguridad para los favorecidos del proceso, así como realizar un análisis junto con las asociaciones de víctimas para la identificación de los principales victimarios.

“Se hará un proceso de diferenciación en la protección para las cientos de familias que fueron despojadas, para ellas se determinó un esquema de seguridad preventivo y colectivo, basado en presencia militar y policial en los lugares en los que se presenta la intimidación. En segundo lugar, se planteará un proceso de seguridad individual concentrado en líderes campesinos y se le ha encomendado al Ministerio del Interior y a la Policía esta tarea”, aseguró el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al término de la reunión del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2).

Desde la semana pasada en el Ministerio de Defensa se estudian medidas para enfrentar a los violentos que quieren mancillar el ambicioso proceso del Gobierno de devolver dos millones de hectáreas de tierra de las más de cinco millones que fueron despojadas a campesinos por grupos armados ilegales. Por eso el ministro Germán Vargas Lleras le pidió a la Fiscalía crear una unidad especializada para esclarecer los crímenes relacionados con ese proceso.

A propósito del tema, el ministro Rivera señaló que sólo uno de los crímenes estaría vinculado con el proceso de restitución de tierras. “Desde el pasado 7 de agosto se han presentado siete asesinatos presuntamente vinculados al proceso de restitución de tierras, incluyendo los tres casos de la semana pasada. De los tres, uno de ellos parece tener una línea fuerte en la investigación vinculada con ese proceso, los otros dos no, pero, repito, son investigaciones que están en curso”, enfatizó el ministro.

Sin embargo, las muertes podrían ser más. Sólo entre agosto y diciembre del año pasado, el Cinep registró 11 asesinatos de líderes relacionados con la restitución. La Fiscalía será la encargada de dar la última palabra.