La Fiscalía General de la Nación le imputó nuevos cargos a Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según el ente investigador, ambos exfuncionarios estarían ligados a la adjudicación de contratos irregulares en al menos cinco departamentos, todo con el presunto fin de favorecer a congresistas y contratistas. En medio de la audiencia de imputación del pasado 18 de marzo, un nombre del círculo cercano del presidente Gustavo Petro volvió a salir a la luz como parte del desfalco: el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.
Durante la diligencia, la fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia volvió a mencionar la presunta participación del exjefe de cartera en el direccionamiento de contratos irregulares que, al parecer, tuvo como fin beneficiar a legisladores de la Comisión de Crédito Público del Congreso. Esos convenios sumaban más de $92.000 millones, y habrían sido adjudicados para atender emergencias por lluvias en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). De acuerdo con las pesquisas, estos contratos se cuadraron, supuestamente, con el visto de bueno de Bonilla y se gestionaron por medio de su entonces asesora María Alejandra Benavides Soto y el propio Olmedo López.
La Fiscalía también recordó que la orden para adjudicar esos convenios, instruida por López a Pinilla, se hizo a través de una videollamada, en la que el exdirector de la Ungrd estaba en compañía del exministro, y ambos, dice el ente de control, le dijeron a Pinilla que procediera con la asignación de contratos. De acuerdo con la versión de Pinilla, los dos funcionarios le pidieron gestionar la contratación con la asesora Benavides, quien además se ha convertido en testigo clave ante las autoridades judiciales y ha explicado cómo funcionó el esquema de apropiación de recursos públicos.
Según le dijo la asesora del ministerio a la Fiscalía, ella recibió documentos tras su llegada a la cartera, enviados por quien fuese su jefa, Andrea Ramírez, en donde se explicaba qué contrato iba para qué congresista. A través de esos documentos también se pudo establecer que existían contratos en esos tres municipios que beneficiarían a los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. El Espectador reveló en su edición dominical los chats entre Benavides y los representantes Manzur y Manrique, donde hablan de los mencionados convenios.
Por ejemplo, el 11 de octubre de ese año, Manzur se quejó con Benavides de que el Gobierno lo ignoraba. “Solo te dejo la constancia por acá (...) Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y, cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”, le escribió el representante. “Repre, yo estoy haciendo lo que puedo”, le contestó Benavides.
El 17 de octubre de 2023, Manzur reapareció con nuevas quejas en su chat con Benavides. “Mariale, por favor, déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme (...) Ayer me senté al lado de él (en la plenaria), le dije varias cosas y me ignoró”. Benavides le contestó: “O sea, repre, yo solo puedo pasar el mensaje, pero la decisión es de él”. Manzur recalcó decepcionado: “De verdad no entiendo por qué me tratan así de indiferente”.
Tres semanas después, el 8 de noviembre, otro cruce de mensajes entre Manzur y Benavides evidenció la presión de ese congresista para romper el quórum y dilatar los créditos de la CICP que iban a ser votados al día siguiente. “Mi amor, la realidad es que no quedamos tranquilos, no nos vamos a reunir mañana”. “¿Qué? ¿O sea que no vienen? ¿Por qué?”, le preguntó angustiada Benavides. La asesora de Bonilla sabía que sin quórum la aprobación de los empréstitos se enredaba.
De acuerdo con la Fiscalía, esos contratos por los que reclama el representante conservador tienen que ver, al parecer, con lo acordado con Bonilla, todo a cambio de sus conceptos favorables para aprobar altos créditos para la Nación. La Fiscalía, durante la audiencia de imputación contra los exdirectivos de la Ungrd, agregó que habría sido el propio Bonilla quien pidió cambiar de vocero de los congresistas con quien se estaban cuadrando los contratos. Inicialmente era Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca y luego, dice el ente de control, el mando pasó a Manzur.
Con estos elementos en mano, y también nombrado a un excolega de Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, como partícipe de direccionamiento de contratos en favor del senador Julio Elías Chagüi, la Fiscalía le imputó nuevos cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla. La fiscalía novena ante la Corte, recordando los hechos, volvió a poner el nombre de Bonilla como uno de los cerebros del desfalco.
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