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3 Feb 2021 - 7:32 p. m.

Riesgos colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó, en la mira de la Corte Constitucional

La Unidad Nacional de Protección deberá hacer valoración del riesgo colectivo de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó, mientras que la JEP deberá informar sobre las medidas cautelares otorgadas y su rango de acción.
Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador
Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el año 2010, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares de protección de las comunidades afrodescendientes de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, para garantizar la protección de su vida, la restitución material de su territorio colectivo y así como el retorno de población desplazada por cuenta del conflicto. Y en 2020, el alto tribunal había ordenado a la Unidad Nacional de Protección, así como al Ministerio de Defensa que presentan un documento sobre la prevención y protección de los riesgos que enfrenta dicha comunidad.

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El asunto sigue en la lupa de la Sala de Seguimiento a la Sentencia t-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, que está haciendo una valoración de la respuesta institucional. Sobre la última orden, el Ministerio del Interior entregó un documento enunciando una serie de medidas, pero no los Planes Integrales de Prevención y Protección, los Planes de Contingencia, los Planes de Acción Territorial y los Planes de Desarrollo de Carmen del Darién, Riosucio y Chocó ni las actas de los Comités de Justicia Transicional que fueron requeridas.

Sobre Curvaradó, la UNP reportó 27 medidas de protección individual para la atención de 6 integrantes de la Junta Directiva del consejo comunitario. Y aseguró que se adelantaron diálogos con las autoridades étnicas, una de ella realizada el 4 de junio de 2020 a través de teleconferencia, en la que, según la entidad, la comunidad decía que no había situaciones inminentes que obligaran a activar medidas de emergencia. Y el 9 de julio, el Ministerio precisó que no ha podido terminar la valoración inicial del riesgo que le fue solicitada.

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Sobre el caso de Jiguamiandó, el Ministerio del Interior reportó “la adopción de 56 medidas para la protección de 15 integrantes de sus comunidades” y Sobre el riesgo colectivo, indicó que se iba a hacer un taller que pretendía, además, la “gestión de cumplimiento relativa a la implementación de unas medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz a unas Zonas Humanitarias y unas Zonas de Biodiversidad que hacen parte del referido Consejo Comunitario”.

Para poder seguir haciendo una valoración sobre la situación de las comunidades, la Corte Constitucional solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz que entregue una copia de las medidas cautelares proferidas por dicha Sala para la protección de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó en el marco del Caso 04 (Situación Territorial Urabá) avocado por la JEP mediante auto No. 040 de 11 de septiembre de 2018.

En ese sentido, la JEP deberá precisar “si las medidas cautelares relacionadas en el numeral anterior para la protección de la vida, seguridad e integridad de los integrantes de Curvaradó y Jiguamiandó se limitan a las comunidades que se encuentran en las denominadas Zonas Humanitarias y unas Zonas de Biodiversidad o comprenden a todas las comunidades de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó”.

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De otro lado, la Sala Especial de Seguimiento solicitó al Gobierno una copia de los Planes Integrales de Prevención y Protección, los Planes de Contingencia, los Planes de Acción Territorial y los Planes de Desarrollo de Carmen del Darién, Riosucio y Chocó, así como de las actas de los Comités de Justicia Transicional llevados a cabo desde enero de 2019 a la fecha. Y copia de las Alertas Tempranas relacionadas con la situación de Carmen del Darién, Riosucio y Chocó de 2019, 2020 y 2021.

“Estos instrumentos son necesarios para la valoración que adelanta esta Corporación, en especial, para analizar los resultados de la implementación de la política pública de prevención ante violaciones de Derechos Humanos que afectan a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó que inciden en nuevos desplazamientos, así como en la imposibilidad de consolidar los procesos de retorno y restitución de los territorios colectivos”, dijo el alto tribunal en auto conocido por El Espectador.

Además, la Unidad Nacional de Protección presentar un documento en el cual indique las gestiones llevadas a cabo en torno a la valoración del riesgo colectivo que afrontan las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y sus resultados. Así como las decisiones administrativas y las medidas implementadas o en curso para garantizar la protección colectiva de dichas comunidades. Y precisar “las medidas adoptadas y los beneficiarios de la ruta de protección individual tanto en Curvaradó como en Jiguamiandó, la fecha desde la que están vigentes y, en caso de existir variaciones en los esquemas de protección, en qué consistieron”.

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El pueblo Totoró en el Cauca

De otro lado, la Sala de Seguimiento también solicitó al Gobierno y a la UNP que presenten un informe sobre la “implementación, cumplimiento y seguimiento a las medidas de protección individual y colectiva adoptadas para la protección del pueblo Totoró (Cauca) y de sus integrantes”. Se trata de una etnia que hace parte de los 36 pueblos que desde 2009 fueron declarados por la Corte Constitucional como en riesgo de exterminio físico y cultural.

En mayo de 2020, las autoridades del pueblo Totoró informaron a la Corte sobre diferentes afectaciones en contra de su comunidad, las cuales reflejan un aumento de la condición de riesgo dentro y en torno a sus territorios. Concretamente, dijeron que entre diciembre de 2019 y mayo del año en curso, se presentaron dos homicidios de integrantes, de hostigamientos en contra de la población y de la Policía en Totoró, enfrentamientos entre actores armados y la fuerza pública y presencia de actores armados y fuerza pública en sus territorios.

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Por esa razón, pidieron al alto tribunal una medida cautelar de protección. La Sala de Seguimiento se abstuvo de hacerlo al estimar que su intervención es excepcional y trasladó las peticiones de la comunidad a la UNP. En todo caso, la Corte constató que el Plan de Salvaguarda Étnica Totoró, que ordenó ese alto tribunal en 2009, se estancó en 2014, se retomó en 2016 pero solo en 2018 se hizo entrega de un diagnóstico de afectaciones.

Y reseñó la Corte que el 10 de diciembre de 2019, el Ministerio del Interior presidió una Comisión de Alto Nivel en Bogotá en la que se asumieron diferentes acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, los Ministerios de Defensa, Ambiente, Educación, Minas, Salud, Transporte y Cultura, así como por la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Desarrollo Rural.

En auto en poder de este diario, la Corte ordenó que el Ministerio del Interior y la Procuraduría presenten “un informe acerca del seguimiento realizado por dicha Cartera al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comisión de Alto Nivel del diez (10) de diciembre de 2019. Este informe deberá ser allegado en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles contados a partir de la comunicación de la presente decisión”.

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