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La norma, destinada a contrarrestar los llamados delitos callejeros con penas privativas de la libertad, establece que en dichos delitos, cuando el monto sea inferior a 4,6 millones de pesos, se sancionarán con arresto en cárcel, explicó el viceministro de Justicia, Guillermo Reyes.
El funcionario admitió que las cárceles del país no están preparadas para afrontar la situación, pero manifestó que "es preferible tener las cárceles hacinadas que los delincuentes en las calles".
Reyes explicó que la ley también estipula como sanciones el trabajo social no remunerado y las multas.
En Colombia, la telefonía móvil celular entró en 1994 y las compañías que prestan el servicio cerraron el 2007 con 32,2 millones de usuarios.
Un estudio revelado el año pasado por la Asociación de la Industria Celular de Colombia (Asocel), estimó en 1,5 millón los teléfonos celulares que se roban cada año en el país.
El 60 por ciento de los casos de robos se cometen de un tirón o "raponazo" y parte de los aparatos hurtados van a parar a países fronterizos como Ecuador.
Por El Espectador
