Ruta del Sol 3: Tribunal de Bogotá definirá cierre de proceso contra empresarios

Un juez de Bogotá se opuso a cerrar el proceso contra dos empresarios investigados por el entramado que rodeó el tramo tres de la Ruta del Sol, adjudicado a la concesionaria Yuma. La razón es muy sencilla: en octubre pasado, la Fiscalía había radicado un escrito de acusación en contra de Gilberto Hernán Saldarriaga y Gilberto Ramírez Varela, señalados de lavar dinero de sobornos que fue a parar a los bolsillos de Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Pero, un mes más tarde, el ente investigador se echó para atrás y dijo que a los empresarios “los utilizaron”.

(Lea también: Ruta del sol 3: Fiscalía frena acusación de dos empresarios, pues ‘los utilizaron’)

Así que, a mediados de noviembre, el fiscal del caso le pidió a un juez de conocimiento que le permitiera cerrar el proceso: Que autorizara su preclusión. En la decisión, que se conoció esta semana, el togado se opuso a archivar la investigación, pues desde su visión no tiene sentido que la Fiscalía radicara el llamado a juicio y, un mes más tarde, pidiera precluir el caso porque, según dijo el ente investigador en su momento, no se había configurado un delito y, además, no había logrado desvirtuar la presunción de inocencia con evidencias.

La Fiscalía y los abogados de Gilberto Hernán Saldarriaga y Gilberto Ramírez Varela. Así las cosas, la discusión ahora pasa a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Si los magistrados le dan la razón al juez, la Fiscalía deberá llevar a juicio a Saldarriaga y a Ramírez por el delito de lavado de activos, que fue la conducta que les imputó. De lo contrario, y si acceden a la apelación, los representantes legales de Megaland y Business M&E, saldrían inermes del escándalo de presunta corrupción que rodeó un otrosí de la Ruta del Sol 3 y por el cual Roberto Prieto ya fue condenado.

(Lea también: Ruta del Sol 3: Fiscalía ratifica imputación contra Andrade y vinculará a más personas)

En el expediente está demostrado que a las cuentas de Gilberto Hernán Saldarriaga ingresaron $754 millones y a las de Gilberto Ramírez Varela $280 millones provenientes de Eduardo José Zambrano, otra fisca del caso. Según el fiscal, sin embargo, “José Roberto Prieto utilizó a los imputados para llevar a cabo actividades delictuales, siendo que los conoce y son sus amigos, ha efectuado negocios con ellos. Les solicita un favor por su amistad y ellos, Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, le conceden los favores, teniendo en cuenta la posición social que ostentaba Prieto”.

(Le puede interesar: Los detalles de la condena a Roberto Prieto por irregularidades en Ruta del Sol 3)

Además, añadió en su momento el representante del ente investigador: “Aquí hay que ser muy claros: el delito que se les imputó es el de lavado de activos, pero este requiere para su configuración del conocimiento que tuvieran ellos que el dinero recibido viniera de una conducta delictiva, algo que no se encuentra demostrado aquí”. Ahora le toca al Tribunal de Bogotá determinar si la Fiscalía podía echarse para atrás o si debe llevar a juicio a los empresarios, a regañadientes. Fuentes cercanas al proceso dicen que es más probable, jurídicamente, que la segunda opción sea lo que ocurra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un juez de Bogotá se opuso a cerrar el proceso contra dos empresarios investigados por el entramado que rodeó el tramo tres de la Ruta del Sol, adjudicado a la concesionaria Yuma. La razón es muy sencilla: en octubre pasado, la Fiscalía había radicado un escrito de acusación en contra de Gilberto Hernán Saldarriaga y Gilberto Ramírez Varela, señalados de lavar dinero de sobornos que fue a parar a los bolsillos de Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Pero, un mes más tarde, el ente investigador se echó para atrás y dijo que a los empresarios “los utilizaron”.

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Así que, a mediados de noviembre, el fiscal del caso le pidió a un juez de conocimiento que le permitiera cerrar el proceso: Que autorizara su preclusión. En la decisión, que se conoció esta semana, el togado se opuso a archivar la investigación, pues desde su visión no tiene sentido que la Fiscalía radicara el llamado a juicio y, un mes más tarde, pidiera precluir el caso porque, según dijo el ente investigador en su momento, no se había configurado un delito y, además, no había logrado desvirtuar la presunción de inocencia con evidencias.

La Fiscalía y los abogados de Gilberto Hernán Saldarriaga y Gilberto Ramírez Varela. Así las cosas, la discusión ahora pasa a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Si los magistrados le dan la razón al juez, la Fiscalía deberá llevar a juicio a Saldarriaga y a Ramírez por el delito de lavado de activos, que fue la conducta que les imputó. De lo contrario, y si acceden a la apelación, los representantes legales de Megaland y Business M&E, saldrían inermes del escándalo de presunta corrupción que rodeó un otrosí de la Ruta del Sol 3 y por el cual Roberto Prieto ya fue condenado.

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En el expediente está demostrado que a las cuentas de Gilberto Hernán Saldarriaga ingresaron $754 millones y a las de Gilberto Ramírez Varela $280 millones provenientes de Eduardo José Zambrano, otra fisca del caso. Según el fiscal, sin embargo, “José Roberto Prieto utilizó a los imputados para llevar a cabo actividades delictuales, siendo que los conoce y son sus amigos, ha efectuado negocios con ellos. Les solicita un favor por su amistad y ellos, Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, le conceden los favores, teniendo en cuenta la posición social que ostentaba Prieto”.

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Además, añadió en su momento el representante del ente investigador: “Aquí hay que ser muy claros: el delito que se les imputó es el de lavado de activos, pero este requiere para su configuración del conocimiento que tuvieran ellos que el dinero recibido viniera de una conducta delictiva, algo que no se encuentra demostrado aquí”. Ahora le toca al Tribunal de Bogotá determinar si la Fiscalía podía echarse para atrás o si debe llevar a juicio a los empresarios, a regañadientes. Fuentes cercanas al proceso dicen que es más probable, jurídicamente, que la segunda opción sea lo que ocurra.

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