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2 Jan 2023 - 5:31 p. m.

SAE no venderá La Triple A hasta que no se esclarezca el origen de la inversión

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) habló sobre el futuro de la empresa de aseo y alcantarillado de Barranquilla, que, se supone, sería comprada por la empresa de Alumbrado Público de la ciudad. No obstante, Transparencia y Superservicios no le dan el visto bueno a la operación y denuncian, incluso, corrupción.
La empresa respondió a los hallazgos administrativos y fiscales realizados por la Contraloría.
La empresa respondió a los hallazgos administrativos y fiscales realizados por la Contraloría.
Foto: Triple A

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) habló sobre el futuro de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, Triple A. Se trata de la institución pública a través de la cual se desvió millonario dinero público a favor de la empresa española Inassa. En los últimos meses, se planeó su venta a la empresa Alumbrado Público de Barranquilla. No obstante, la SAE se negó a ceder su alto porcentaje hasta que no se compruebe la legalidad de la operación.

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En diciembre de 2021, se cerró la venta del 82,1% de las acciones de La Triple A, que estaban en poder de la SAE, dado que, como sociedad, tiene un pasado judicial y resultó embargada por solicitud de la Fiscalía. Estaba bajo administración de la SAE, hasta que la empresa Alumbrado Público de Barranquilla adquirió, bajo la figura de “enajenación temprana”, ese porcentaje de acciones por $565.000 millones.

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Alumbrado Público está conformado por la Alcaldía y por los accionistas William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes, como reporta El Tiempo. Sin embargo, no podrán tomar control de La Triple A, dado que la misma SAE se abstuvo de ceder su porcentaje, hasta que no se esclarezca el método de la compra y el origen de los dineros que Alumbrado Público invirtió para administrar el acueducto de Barranquilla.

“La Superintendencia de Servicios Públicos nos ha sugerido hacer una suspensión del control, hasta que la Contraloría, que nos ha citado el 14 de enero a las partes para esclarecer el contrato, no tenga una decisión en firme. Dado que SAE no puede hacer la suspensión unilateral, le informamos a la opinión pública que nuestra decisión es abstenernos de ceder la participación accionaria”, señaló el presidente de la SAE, Daniel Rojas.

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Los detalles de las supuestas irregularidades los entregó el superintendente Dagoberto Quiroga quien estableció, en principio, que la figura de “enajenación temprana” es excepcional y que no podía utilizarse para este tipo de operaciones. Hace unas semanas, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, dio declaraciones públicas en las que, incluso, señaló que puede presentarse “peculado por apropiación a favor de terceros”.

Según la investigación, porque la venta de La Triple A pudo concretarse por $300.000 millones de pesos adicionales a los $565.000 por los cuales, a la final, se firmó el contrato. “El 50% que ya entregó, no entendemos de donde lo adquirió porque, de acuerdo a los estudios financieros de Alumbrado Público, no estaba en capacidad financiera para cancelarlos”, señaló el superintendente Quiroga.

No obstante, la Superintendencia de Servicios Públicos señaló que, por ahora, no se prevé una suspensión del servicio. La semana pasada, en diálogo con La W, el secretario Idárraga señaló que podría presentarse detrimento patrimonial y que la operación conlleva al “modelo de privatizar a los barranquilleros de su derecho al agua”. Pidió, además, que la Procuraduría y la Contraloría tomar cartas en el asunto.

El caso Triple A

Los expedientes tienen su origen en la ejecución de un contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P. (La Triple A). Desde el año 2.000, la entidad pública barranquillera venía pagando una remuneración de aproximadamente $1.600 millones cada mes a Inassa. Esta última tenía el control de La Triple A, hasta que cayó en un proceso de extinción de dominio.

El cálculo de la Procuraduría, en información desplegada en 2018, es que al año se estaba desembolsando unos $19.600 millones, y que la cifra total, que se tasó teniendo en cuenta la vigencia del contrato, superó los $237.000 millones. Es decir, un monto que sobrepasó los US$80 millones de dólares.

El acuerdo consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, la Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social.

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Cuando las autoridades revisaron los documentos de contabilidad de la Triple A, encontraron que ninguno de los servicios de asistencia técnica, operativa o administrativa se estaba realizando. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga”, explicó la Procuraduría, cuando llamó a juicio al exgerente Ramón Navarro Pereira.

No obstante, esta es solamente una de las aristas de la investigación que manejan las autoridades, tanto colombianas como españolas. El origen de este escándalo estalló en España, en junio de 2017, y es conocido como el caso Lesso. Según la investigación, la empresa Triple A fue utilizada, supuestamente, por su casa matriz, Inassa, para cubrir pagos “torcidos” del Partido Popular español.

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De acuerdo con lo que han logrado establecer las autoridades de España, los cerebros del escándalo lograron desviar $25 millones de dólares a través de las empresas públicas de aguas canal de Isabel II en España, por medio de transacciones en sus filiales en América Latina. En 2020, la justicia confirmó la condena contra Navarro Pereira y fue sentenciado a 15 años de prisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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