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El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, apelará la decisión que tomó el pasado 17 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de aceptarlo como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la Fuerza Pública. Entre los argumentos que expone el jefe paramilitar se destacan las condiciones en que se aceptó su sometimiento, alegando inseguridad jurídica y que esa justicia especial no asumió la totalidad de la competencia sobre sus investigaciones.
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“Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la facilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”, explicó el exjefe paramilitar por medio de una carta, en la que hizo pública su decisión.
En el documento, Salvatore Mancuso aprovechó además para responder a expresidentes, políticos y militares, quienes han cuestionado en varias ocasiones sus declaraciones. “Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político. Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país”.
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Mancuso fue aceptado en la JEP, luego de que esa justicia especial concluyera que sus aportes son novedosos, concretos y suficientes para ganarse un cupo como “bisagra” o punto de conexión entre las AUC y miembros de la Fuerza Pública. Para llegar a esta conclusión, esa justicia especial analizó las declaraciones que el exjefe paramilitar entregó durante cuatro días, en los que respondió preguntas de los magistrados sobre cuatro temas centrales: las Convivir; operaciones entre paramilitares y Fuerza Pública; alianzas entre civiles, paramilitares y Fuerza Pública; y finalmente la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. De forma reservada, Mancuso también entregó a la JEP, listas de nombres en la historia de cómo el paramilitarismo se alió con la fuerza pública, empresarios y políticos, entre otros documentos.
Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde 2008, ya había golpeado las puertas de la JEP, pero le fue negado su ingreso en 2020. En ese entonces, la Sala de Reconocimiento consideró que entre 1989 y 1997, periodo por el que solicitó ser aceptado como tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado, realmente fue un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”
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