Salvatore Mancuso: su papel macrocriminal, según la Comisión de la Verdad

Los crímenes de las Convivir

“… en la década de los noventa, la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada Convivir sirvió como incentivo institucional y legal para que, en la práctica, los grupos paramilitares tuvieran, además, financiación y expandieran su influencia, amparados en la línea difusa entre legalidad e ilegalidad. Así, la institucionalización –a través de distintos gobiernos de turno– de grupos armados al servicio de intereses privados por vía legal, así como su legitimación política desde la década de los sesenta, dan cuenta no solo de la tolerancia, sino también del impulso del Estado a la delegación de la seguridad pública. La cobertura legal y la legitimación política han permitido el sostenimiento y expansión del paramilitarismo, estructuras que fueron cooptadas por jefes paramilitares de estructuras del Magdalena Medio, los Llanos Orientales, Córdoba y Urabá.

Esto lo relata el mismo excomandante paramilitar Salvatore Mancuso: “[En Magdalena] Todos esos grupos los absorbió las autodefensas y los que no, se combatieron, porque allí había grupos que se habían desdoblado y habían empezado a secuestrar, a extorsionar, delincuencia común. Entonces la mayoría fueron absorbidos y algunos pocos se combatieron. Así empezó esa creación de autodefensas, Convivir y miembros de la fuerza pública e instituciones del Estado, de manera conjunta”.

En el caso de las Convivir, creadas en 1994, se da la legitimación del uso privado de armas por parte de civiles bajo los argumentos de la legítima defensa y el apoyo a la seguridad y la defensa nacionales, se vinculan con la fuerza pública dado que, por un lado, se les entregan armas y otros elementos de uso militar y, por el otro, se habilita la realización de operaciones conjuntas, el cumplimiento de funciones de inteligencia y la operación militar por parte de civiles.

La creación de las Convivir llevó a que actuaran bajo criterios laxos, sin una regulación específica, y que tuvieran acceso a armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares. Entre 1995 y 1996, diferentes grupos paramilitares que operaban en el país fueron registrados ante la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia privada bajo la figura de las Convivir. Por tal motivo, entre quienes fungieron como sus representantes legales o fundadores se encontraban reconocidos paramilitares que operaban en la zona348, entre estos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40′, Edward Cobo Téllez, ‘Diego Vecino’, Úber Enrique Bánquez, ‘Juancho Dique’ y Rodrigo Mercado Pelufo, ‘Cadena’, la mayoría comandantes luego de las AUC. Entre tanto, para 1996 fueron creadas 60 de estas organizaciones, mayoritariamente en Antioquia, cifra que al año siguiente aumentó a 398 en todo el país. Así mismo, en regiones como el sur y el centro del Tolima, el sur del Cesar, Ocaña (Norte de Santander) y la Sierra Nevada de Santa Marta, grupos armados con fines anticomunistas y contrainsurgentes se transformaron en Convivir.

La plataforma legal de las Convivir también sirvió para articular las diferentes formas de contrainsurgencia y seguridad privada, al tiempo que se ampliaron las redes de alianzas con más actores para funciones como la obtención de recursos y armamento y la construcción de información estratégica. Sobre esto, Mancuso afirmó a la Comisión de la Verdad: “La Convivir nos servía de bisagra para ello porque como no había ningún impedimento para que la Convivir ingresara al Ejército, a la Policía, al DAS, a la Fiscalía a buscar, llevar información o lo que requiriera”.

Este marco de desarrollo permitió, además, el encubrimiento de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas en articulación con la fuerza pública y grupos paramilitares. De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, las Convivir «fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad [...], [donde] participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la complacencia o tolerancia de los demás sectores del Gobierno nacional».

Eso mismo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de derechos humanos cometidas por las Convivir: “La Comisión también ha recibido numerosas quejas que indican que la figura legal de las Convivir ha sido utilizada por los grupos paramilitares como escudo en contra de sus actividades violentas. La Comisión considera que mediante la creación de las Convivir sin un mecanismo para su adecuado control por parte de una autoridad supervisora, el Estado ha creado las condiciones que permiten este tipo de abusos”.

La matanza contra la Unión Patriótica

“En el marco de los espacios de reconocimiento de la Comisión de la Verdad, el exjefe Salvatore Mancuso afirmó que los paramilitares tuvieron responsabilidades directas en el caso del exterminio político de la Unión Patriótica, pero que, más allá de la autoridad material, representantes del Estado y sectores económicos fueron los que estuvieron detrás de esas órdenes: “Cuando la guerrilla decide conformar la UP y empieza su vinculación con su vida política y a hacer campañas y participación en las elecciones democráticas y logra acceder a concejos, alcaldías, gobernaciones, etc., la preocupación enorme viene de las instituciones de seguridad del Estado, de los gremios económicos, industriales, y quiero decirle algo en este momento: la UP no fue exterminada por las autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano. Nosotros, como autodefensas, tuvimos unas responsabilidades, por supuesto que sí, y aquellos que estaban cumpliendo una función que se señalaba por parte de los informes que recibíamos de inteligencia, que tenían una vinculación directa con el brazo armado de la guerrilla que daba la información para que quitaran del camino a aquellas personas que se oponían a la instauración de ese modelo ideológico y político que ellos tenían en su mente, a sangre y fuego. Empezó por parte del Estado a ejecutar acciones contra la UP. A nosotros nos endilgan infinidad de responsabilidades en el caso de la UP [...]. Esa gran responsabilidad no es nuestra, sino del Estado (Comisión de la Verdad. Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades: Salvatore Mancuso 04 de agosto 2021)”.

Asesinato del líder indígena Kimy Pernía

En el caso del pueblo emberá katío del Alto Sinú, la construcción de la Central Hidroeléctrica de Urrá, hecha a principios de los años noventa, estimuló la confluencia de las guerrillas del EPL y de las FARC y los grupos paramilitares de las AUC. Estos asesinaron y desaparecieron a varios líderes, autoridades étnicas y miembros de este pueblo, luego de estigmatizarlos como colaboradores o aliados de grupos adversarios.

El excomandante Salvatore Mancuso reconoció ante la Comisión de la Verdad su responsabilidad en la desaparición forzada y el homicidio del líder indígena Kimy Pernía Domicó. Mancuso señaló en su testimonio que los ataques dirigidos contra las comunidades indígenas estuvieron orientados a debilitar los procesos organizativos y facilitar los espacios de negociación y de consulta previa con la empresa Urrá y el Estado. Las víctimas eran acusadas por el Ejército Nacional de guerrilleras y en el intercambio de información que establecieron con las AUC en el departamento de Córdoba, compartieron censos poblacionales de las comunidades indígenas.

“(…) Habían acusaciones sobre él y las hacía el Estado. Entonces cuando empieza la creación de la represa de Urrá empieza el señalamiento a las comunidades indígenas que no se tuvo en cuenta y no se les hizo consulta alguna para la creación de la represa Urrá (…) nos entregaron unos listados y se señalaron de ser personas que estaban siendo parte de estructuras guerrilleras, cuando lo que realmente estaban haciendo era oponerse legítimamente a un tema de la construcción de Urrá y los efectos que esto tenía (…)”.

La complicidad de la parapolítica

“El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la Ley de Justicia y Paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas.

El escándalo de la parapolítica evidenció que el dinero que financió la política regional y nacional también coadyuvó al agravamiento de la guerra y a la corrupción del régimen político colombiano. Se profundizó el daño a las reglas del juego de la democracia y a las maneras de hacer política, debido a la distorsión de una competencia transparente y democrática, y a la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses, entre otras.

Por ejemplo, Salvatore Mancuso estableció una red de alianzas con los actores políticos de Córdoba que contó con la decisión y voluntad de los mismos, sin ejercer la presión de las armas. En la misma región, como le explicó a la Comisión de la Verdad una excongresista acusada de tener nexos con los paramilitares, candidatos al Congreso que no tenían un peso relevante en la política local, tras la inyección del dinero del narcotráfico y el apoyo de los ejércitos privados paramilitares, lograron más votación que los políticos tradicionales”.