Sandra Morelli incurrió en una actitud “caprichosa”: Fiscalía
La excontralora es acusada por su presunta participación en las irregularidades en la celebración del contrato de arrendamiento para la nueva sede.
Redacción Judicial
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General acusó formalmente a la excontralora General, Sandra Morelli Rico por su presunta participación en las irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos para la nueva sede del ente de control fiscal en el centro comercial Gran Estación II en el occidente de Bogotá.
En el documento presentado por el fiscal 10 ante la Corte, Carlos Iván Mejía se indica que Morelli Rico –quien regresó hace un mes al país- incurrió en conductas antijurídicas como directora y representante legal del ente de control fiscal cuando firmó los contratos para el arrendamiento
Para la Fiscalía, la decisión de cambiar la sede se presentó por un “capricho” de la entonces Contralora General quien asumió una posición “indeclinable” para la firma de dichos contratos de arrendamiento para trasladar “a como fuera lugar” las dependencias del nivel central del ente de control fiscal.
Sin una justificación clara se buscó la manera de firmar un contrato con un plazo de 10 años para las nuevas oficinas con un costo en el primer año de 28.548 millones de pesos. Para la Fiscalía General incurrió en una “indolencia” causando “daños patrimoniales y presupuestales” para dicho ente.
“La Contralora desocupó las sedes en el edificio Torre Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque” en el centro de Bogotá para realizar el trasteo casi que de manera inmediata. En la investigación se indica que nunca se presentaron estudios técnicos o económicos para ordenar dicho trasteo.
El delegado del ente acusador señaló que no se ponderaron otras propuestas para “materializar su estrategia ilícita” mediante una actitud que iba en contravía de los principios de contratación pública afectando así el interés colectivo logrando así una “oscura operación administrativa”.
“Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos para acceder a una nueva sede, con total indolencia por las consecuencias por las consecuencias presupuestales y patrimoniales que ello conlleva”, precisó.
La Fiscalía General acusará formalmente a Morelli Rico por los delitos de celebración de contratos con el cumplimiento de los requisitos legales agravado -por el hecho de ser la funcionaria encargada de vigilar el gasto público- y peculado por apropiación a favor de terceros.
El daño patrimonial
Se ignoró, citó el fiscal del caso, las recomendaciones hechas por el Ministerio de Hacienda para ejecutar obras de actualización, modernización y optimización de las sedes propias de la Contraloría General.
Esto tras calificar la propuesta de Morelli Rico como “irracional” en un primer momento. “Se le presentó una propuesta para mejorar los lineamientos de la sede física, y por tanto obtener una solución mixta” que beneficiara a ambas partes.
“Se le censura que pagara un canon mensual de 2.515 millones de pesos para oficinas funcionales por un mueble que durante dicho periodo no podía ocupar ni usar, y durante este tiempo se realizarían las obras para convertirlo en funcional”, precisó el fiscal.
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General acusó formalmente a la excontralora General, Sandra Morelli Rico por su presunta participación en las irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos para la nueva sede del ente de control fiscal en el centro comercial Gran Estación II en el occidente de Bogotá.
En el documento presentado por el fiscal 10 ante la Corte, Carlos Iván Mejía se indica que Morelli Rico –quien regresó hace un mes al país- incurrió en conductas antijurídicas como directora y representante legal del ente de control fiscal cuando firmó los contratos para el arrendamiento
Para la Fiscalía, la decisión de cambiar la sede se presentó por un “capricho” de la entonces Contralora General quien asumió una posición “indeclinable” para la firma de dichos contratos de arrendamiento para trasladar “a como fuera lugar” las dependencias del nivel central del ente de control fiscal.
Sin una justificación clara se buscó la manera de firmar un contrato con un plazo de 10 años para las nuevas oficinas con un costo en el primer año de 28.548 millones de pesos. Para la Fiscalía General incurrió en una “indolencia” causando “daños patrimoniales y presupuestales” para dicho ente.
“La Contralora desocupó las sedes en el edificio Torre Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque” en el centro de Bogotá para realizar el trasteo casi que de manera inmediata. En la investigación se indica que nunca se presentaron estudios técnicos o económicos para ordenar dicho trasteo.
El delegado del ente acusador señaló que no se ponderaron otras propuestas para “materializar su estrategia ilícita” mediante una actitud que iba en contravía de los principios de contratación pública afectando así el interés colectivo logrando así una “oscura operación administrativa”.
“Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos para acceder a una nueva sede, con total indolencia por las consecuencias por las consecuencias presupuestales y patrimoniales que ello conlleva”, precisó.
La Fiscalía General acusará formalmente a Morelli Rico por los delitos de celebración de contratos con el cumplimiento de los requisitos legales agravado -por el hecho de ser la funcionaria encargada de vigilar el gasto público- y peculado por apropiación a favor de terceros.
El daño patrimonial
Se ignoró, citó el fiscal del caso, las recomendaciones hechas por el Ministerio de Hacienda para ejecutar obras de actualización, modernización y optimización de las sedes propias de la Contraloría General.
Esto tras calificar la propuesta de Morelli Rico como “irracional” en un primer momento. “Se le presentó una propuesta para mejorar los lineamientos de la sede física, y por tanto obtener una solución mixta” que beneficiara a ambas partes.
“Se le censura que pagara un canon mensual de 2.515 millones de pesos para oficinas funcionales por un mueble que durante dicho periodo no podía ocupar ni usar, y durante este tiempo se realizarían las obras para convertirlo en funcional”, precisó el fiscal.