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Vía teleconferencia la excontralora General, Sandra Morelli Rico reiteró que está dispuesta a atender los llamados de la justicia cuando sea requerida en el marco del proceso que se le adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon la contratación de la nueva sede del ente de control fiscal.
Morelli Rico aseguró que existen varias falencias en la investigación adelantada por la Fiscalía General puesto que hasta la fecha es la única investigada por esos hechos. Este tipo de actitudes, para la procesada, es muestra de la "poca parcialidad" por parte del ente investigador.
Aseguró que con este arrendamiento no se presentó un detrimento patrimonial como lo ha planteado el fiscal 10 delegado ante la Corte suprema de justicia que le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
En este sentido aseguró que durante toda esta investigación la Fiscalía General ha incurrido en varias fallas al momento de evaluar las categorías y requisitos en el proceso contractual que se adelantó entre 2011 y 2012 ya que se omitieron los estudios presentados al Congreso de la República y a la Presidencia de la República para avalar el arrendamiento de la nueva edificación.
La ex jefe del ente de control fiscal, quién se encuentra en Roma (Italia), aseguró que cuenta con todos los documentos para demostrar los estudios que se hicieron a la hora de buscar una nueva sede para la Contraloría General, así como la necesidad del traslado y la selección de la opción más viable entre cinco que existían.
Mientras que en su intervención el abogado Álvaro Pérez, quien defiende los intereses de la excontralora General, le pidió a la Procuraduría General investigar por qué pese a que no se ha terminado la audiencia la Fiscalía General ya anunció la radicación del escrito de acusación en contra de su cliente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado aseguró que esta es una más de las irregularidades que se han presentado en el proceso contra su defendida, quien en diversas oportunidades ha manifestado que no cuenta con las garantías judiciales para hacerse presente en el proceso penal.