Santiago Uribe, a juicio por caso de "Los 12 Apóstoles"

Después de finalizarse la investigación contra Santiago Uribe Vélez, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió citarlo a juicio por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el marco de la conformación y financiación de dicho grupo armado ilegal en Antioquia. (Lea: Testigos están mintiendo para favorecer a Santiago Uribe: Fiscalía)

Una vez cerrada la investigación, el ente acusador decidió acusar formalmente a Uribe Vélez, quien fue capturado en marzo de este año. Para la Fiscalía, el hermano menor del expresidente y hoy senador fue uno de los creadores de la estructura de “Los 12 Apóstoles”, ideada supuestamente para combatir las estructuras subversivas que operaban en Antioquia. (Lea: Parte civil solicitó llamar a juicio a Santiago Uribe por vínculos con grupos paramilitares)

Uno de los hechos puntuales por los que es investigado Uribe Vélez es por el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus que murió el 25 de febrero de 1994 en Yarumal, Antioquia. Este y otros crímenes ejecutados por “los 12 Apóstoles” en la década de los 90, de personas señaladas por ellos de ser guerrilleros, son los delitos por los que la Fiscalía decidió llamar a juicio al caballista y ganadero.

Algunos de los testigos claves de la Fiscalía en este caso son Alexánder Amaya Vargas, quien fue entonces agente de Policía de Yarumal y además fue escolta del declarante estrella del caso, el mayor (r) Juan Carlos Meneses. Amaya declaró por primera vez el 9 de agosto de 1996 y en ese entonces afirmó que en febrero de 1994, bajo órdenes del mayor Meneses, estuvo presente en una reunión en la hacienda La Carolina. A dicho encuentro asisiteron varios miembros del grpo paramilitar, y también estuvo Santiago Uribe. Según el agente y escolta, los crímenes que cometían "Los 12 Apóstoles" eran financiados por Álvaro Vásquez y por Santiago Uribe.

Según la investigación de la Fiscalía General en la Finca La Carolina se adelantaron una serie de reuniones dirigidas a conformar un grupo armado para combatir a los grupos subversivos, adelantar labores de limpieza social y dar seguridad a los empresarios y ganaderos. En dichos encuentros se planeó y ejecutó la idea de crear a la estructura que más tarde sería conocida como ‘Los 12 Apóstoles’ debido a la influencia del sacerdote del municipio.

La defensa de Uribe Vélez podrá presentar recurso de reposición y subsidio de apelación ante el superior jerárquico de quien la emitió en los trámites que establece la ley 600 de 2000. Uribe Vélez se encuentra desde marzo del presente año privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia).

La captura del hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez creó una tormenta política en marzo del presente año puesto que se consideró una muestra de la persecución judicial adelantada por el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre en contra de aquellas personas cercanas al expresidente.

Después de finalizarse la investigación contra Santiago Uribe Vélez, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió citarlo a juicio por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el marco de la conformación y financiación de dicho grupo armado ilegal en Antioquia. (Lea: Testigos están mintiendo para favorecer a Santiago Uribe: Fiscalía)

Una vez cerrada la investigación, el ente acusador decidió acusar formalmente a Uribe Vélez, quien fue capturado en marzo de este año. Para la Fiscalía, el hermano menor del expresidente y hoy senador fue uno de los creadores de la estructura de “Los 12 Apóstoles”, ideada supuestamente para combatir las estructuras subversivas que operaban en Antioquia. (Lea: Parte civil solicitó llamar a juicio a Santiago Uribe por vínculos con grupos paramilitares)

Uno de los hechos puntuales por los que es investigado Uribe Vélez es por el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus que murió el 25 de febrero de 1994 en Yarumal, Antioquia. Este y otros crímenes ejecutados por “los 12 Apóstoles” en la década de los 90, de personas señaladas por ellos de ser guerrilleros, son los delitos por los que la Fiscalía decidió llamar a juicio al caballista y ganadero.

Algunos de los testigos claves de la Fiscalía en este caso son Alexánder Amaya Vargas, quien fue entonces agente de Policía de Yarumal y además fue escolta del declarante estrella del caso, el mayor (r) Juan Carlos Meneses. Amaya declaró por primera vez el 9 de agosto de 1996 y en ese entonces afirmó que en febrero de 1994, bajo órdenes del mayor Meneses, estuvo presente en una reunión en la hacienda La Carolina. A dicho encuentro asisiteron varios miembros del grpo paramilitar, y también estuvo Santiago Uribe. Según el agente y escolta, los crímenes que cometían "Los 12 Apóstoles" eran financiados por Álvaro Vásquez y por Santiago Uribe.

Según la investigación de la Fiscalía General en la Finca La Carolina se adelantaron una serie de reuniones dirigidas a conformar un grupo armado para combatir a los grupos subversivos, adelantar labores de limpieza social y dar seguridad a los empresarios y ganaderos. En dichos encuentros se planeó y ejecutó la idea de crear a la estructura que más tarde sería conocida como ‘Los 12 Apóstoles’ debido a la influencia del sacerdote del municipio.

La defensa de Uribe Vélez podrá presentar recurso de reposición y subsidio de apelación ante el superior jerárquico de quien la emitió en los trámites que establece la ley 600 de 2000. Uribe Vélez se encuentra desde marzo del presente año privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia).

La captura del hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez creó una tormenta política en marzo del presente año puesto que se consideró una muestra de la persecución judicial adelantada por el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre en contra de aquellas personas cercanas al expresidente.