Santiago Uribe Vélez enfrenta la posibilidad de ir a juicio

La Fiscalía tiene 120 días para determinar si Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es llamado a juicio o si su caso se archiva. El ganadero fue capturado en Medellín mientras su hermano estaba en Estados Unidos y pasó su primera noche detenido en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. Mientras voces de la oposición atizaban el fuego reiterando que se trata de una persecución política en contra del expresidente, los representantes de víctimas del proceso aplaudían este nuevo avance de la Fiscalía. “Lo que se plantea es que Santiago Uribe es el comandante de este grupo paramilitar (los 12 Apóstoles)”, expresó horas después del arresto Daniel Prado, uno de los abogados.

Santiago Uribe fue detenido por una investigación que cursa en su contra por dos delitos: concierto para delinquir y homicidio agravado. Es señalado, nada más y nada menos, de haber patrocinado el surgimiento del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia, en municipios como Yarumal y Santa Rosa de Osos, y al que se le atribuyen múltiples crímenes. Ya había sido investigado por este asunto e incluso, en 1997, había sido interrogado. Al final, la investigación terminó en un inhibitorio: la Fiscalía indicó que no tenía las suficientes evidencias para continuar, pero dejó abierta la posibilidad de que el expediente se reabriera después.

Así las cosas, Santiago Uribe Vélez continuó su vida dedicado a sus negocios ganaderos, con un pasado judicial limpio, pero siempre a la sombra de los señalamientos en su contra. Hasta que, en 2010, un mayor retirado de la Policía, de nombre Juan Carlos Meneses, terminó dándole su testimonio a un nobel de paz: Adolfo Pérez Esquivel. “Las declaraciones de este expolicía son muy duras, tienen fundamentos, elementos que puedan señalar la complicidad, cómo actuaban estos grupos parapoliciales por órdenes del (...) hermano del presidente, que también estaba enterado de todo esto”, dijo Pérez Esquivel a medios de comunicación en ese momento.

El testimonio se volvió un documento que defensores de derechos humanos le enviaron a la Fiscalía para pedirle que reabriera el caso. Mientras tanto, el mayor (r) Juan Carlos Meneses reiteró su versión en una entrevista con el diario The Washington Post: “El rol de Santiago (Uribe) fue liderar a un grupo de ganaderos. Él los organizó para que formaran un grupo con la intención de protegerse de las acciones de la guerrilla”. El oficial en retiro dijo entonces que no había confesado antes por temor a autoincriminarse y resultó entregándose en Cúcuta, Norte de Santander, en enero de 2014. Es investigado por el asesinato de un hombre en Yarumal, precisamente para la época en que allí actuaban los 12 Apóstoles.

En 2013, Santiago Uribe Vélez fue llamado a rendir indagatoria. A partir de ese momento se supo que la investigación nuevamente estaba en curso. En noviembre de 2014, cuatro años después de que hubiera aparecido en escena Juan Carlos Meneses, la Fiscalía empezó nuevamente a explorar el caso. Para empezar, le pidió a la Corte Suprema todas las declaraciones que tuviera en contra de Santiago Uribe. Luego, ordenó tomar declaraciones de cinco exjefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Juan Carlos El Tuso Sierra; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Ramiro Cuco Vanoy y Luis Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío. Algunas ya se han realizado; otras, como la de Salvatore Mancuso, están por hacerse. Así lo advirtió ayer el abogado de las víctimas, Daniel Prado.

Fue en noviembre de 2014 que también se ordenó inspeccionar el expediente de la masacre de El Aro, un corregimiento de Ituango, municipio del norte de Antioquia. El crimen de quince campesinos fue ejecutado en 1997 y defensores de derechos humanos como Jesús María Valle, posteriormente asesinado, en 1998, denunciaron que se había cometido con la participación de fuerzas militares. De hecho, el Estado colombiano fue condenado por eso mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. La Fiscalía pidió hasta revisar el expediente del coronel (r) Róbinson González del Río, condenado hace poco por falsos positivos. Él había hecho referencias a Santiago Uribe también.

Luego vinieron las declaraciones de dos exjefes paramilitares: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna –que ya estaba programada por la Fiscalía–, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien desde el año pasado está detenido en el búnker de la Fiscalía. También se documentó la versión de Eunicio Pineda, un campesino que trabajó con el ganadero Álvaro Vásquez –cuya finca colindaba con la de Santiago Uribe– y que contó cómo ambos hombres habían fomentado la creación del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. La defensa de Santiago Uribe Vélez señaló que Eunicio Pineda era un esquizofrénico a quien no se le podía creer. Medicina Legal lo examinó y certificó que “su capacidad de testificar está preservada”.

El abogado de Santiago Uribe Vélez, Jaime Granados, ha reiterado que él es un hombre inocente. “Se han practicado infinitas pruebas en más de cinco años, todas a favor de Santiago, con dos excepciones: lo dicho por el mayor Juan Carlos Meneses y por el esquizofrénico Eunicio Pineda, testigo que le mintió a la justicia. Todo ha sido desvirtuado. Pero, de tanto repetir el asunto, la gente empieza a creer que algo de verdad debe haber, cuando no es así”, le dijo Granados hace un año a El Espectador . En esta ocasión, los defensores de Santiago Uribe Vélez señalaron que se abstenían de hacer comentarios hasta que conocieran el documento de la medida de aseguramiento que se dictó contra su cliente.

En el Congreso, donde las comisiones primeras de la Cámara y el Senado debatían el proyecto de ley de orden público –que facilitaría, entre otras cosas, concentrar a las Farc para su desmovilización–, la detención de Santiago Uribe Vélez no fue ignorada. Para la bancada del Centro Democrático, el partido del senador Álvaro Uribe Vélez, el asunto se resume en una sola palabra: persecución. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, defendió la decisión “autónoma” de la Fiscalía e, incluso, el presidente Santos pidió veeduría internacional para el caso. Sin embargo, congresistas como José Obdulio Gaviria señalaron: “Separación de poderes ha muerto. Hoy notificaron que el vil Perdomo (el vicefiscal Jorge Perdomo) se queda como encargado. Dos minutos después estaban capturando a Santiago”.

El Centro Democrático interrumpió el debate y la vocería la tomó la senadora Paloma Valencia: “La bancada del Centro Democrático quiere dejar constancia de que se retira de las comisiones conjuntas para la discusión de este proyecto, en consideración a los graves hechos que acaban de suceder. La detención infame del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de este debate, oscurece el ambiente, limita las libertades publicas y deja sin garantías a la oposición democrática. Esta captura viene a corroborar las graves denuncias que acaba de hacer el presidente Uribe ante la OEA, la CIDH y los congresistas de los Estados Unidos. Hace parte de la estrategia de este gobierno perseguir judicialmente al uribismo”. Dicho esto, todos los congresistas de ese partido abandonaron el Capitolio.

La Fiscalía tiene 120 días para determinar si Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es llamado a juicio o si su caso se archiva. El ganadero fue capturado en Medellín mientras su hermano estaba en Estados Unidos y pasó su primera noche detenido en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. Mientras voces de la oposición atizaban el fuego reiterando que se trata de una persecución política en contra del expresidente, los representantes de víctimas del proceso aplaudían este nuevo avance de la Fiscalía. “Lo que se plantea es que Santiago Uribe es el comandante de este grupo paramilitar (los 12 Apóstoles)”, expresó horas después del arresto Daniel Prado, uno de los abogados.

Santiago Uribe fue detenido por una investigación que cursa en su contra por dos delitos: concierto para delinquir y homicidio agravado. Es señalado, nada más y nada menos, de haber patrocinado el surgimiento del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia, en municipios como Yarumal y Santa Rosa de Osos, y al que se le atribuyen múltiples crímenes. Ya había sido investigado por este asunto e incluso, en 1997, había sido interrogado. Al final, la investigación terminó en un inhibitorio: la Fiscalía indicó que no tenía las suficientes evidencias para continuar, pero dejó abierta la posibilidad de que el expediente se reabriera después.

Así las cosas, Santiago Uribe Vélez continuó su vida dedicado a sus negocios ganaderos, con un pasado judicial limpio, pero siempre a la sombra de los señalamientos en su contra. Hasta que, en 2010, un mayor retirado de la Policía, de nombre Juan Carlos Meneses, terminó dándole su testimonio a un nobel de paz: Adolfo Pérez Esquivel. “Las declaraciones de este expolicía son muy duras, tienen fundamentos, elementos que puedan señalar la complicidad, cómo actuaban estos grupos parapoliciales por órdenes del (...) hermano del presidente, que también estaba enterado de todo esto”, dijo Pérez Esquivel a medios de comunicación en ese momento.

El testimonio se volvió un documento que defensores de derechos humanos le enviaron a la Fiscalía para pedirle que reabriera el caso. Mientras tanto, el mayor (r) Juan Carlos Meneses reiteró su versión en una entrevista con el diario The Washington Post: “El rol de Santiago (Uribe) fue liderar a un grupo de ganaderos. Él los organizó para que formaran un grupo con la intención de protegerse de las acciones de la guerrilla”. El oficial en retiro dijo entonces que no había confesado antes por temor a autoincriminarse y resultó entregándose en Cúcuta, Norte de Santander, en enero de 2014. Es investigado por el asesinato de un hombre en Yarumal, precisamente para la época en que allí actuaban los 12 Apóstoles.

En 2013, Santiago Uribe Vélez fue llamado a rendir indagatoria. A partir de ese momento se supo que la investigación nuevamente estaba en curso. En noviembre de 2014, cuatro años después de que hubiera aparecido en escena Juan Carlos Meneses, la Fiscalía empezó nuevamente a explorar el caso. Para empezar, le pidió a la Corte Suprema todas las declaraciones que tuviera en contra de Santiago Uribe. Luego, ordenó tomar declaraciones de cinco exjefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Juan Carlos El Tuso Sierra; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Ramiro Cuco Vanoy y Luis Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío. Algunas ya se han realizado; otras, como la de Salvatore Mancuso, están por hacerse. Así lo advirtió ayer el abogado de las víctimas, Daniel Prado.

Fue en noviembre de 2014 que también se ordenó inspeccionar el expediente de la masacre de El Aro, un corregimiento de Ituango, municipio del norte de Antioquia. El crimen de quince campesinos fue ejecutado en 1997 y defensores de derechos humanos como Jesús María Valle, posteriormente asesinado, en 1998, denunciaron que se había cometido con la participación de fuerzas militares. De hecho, el Estado colombiano fue condenado por eso mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. La Fiscalía pidió hasta revisar el expediente del coronel (r) Róbinson González del Río, condenado hace poco por falsos positivos. Él había hecho referencias a Santiago Uribe también.

Luego vinieron las declaraciones de dos exjefes paramilitares: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna –que ya estaba programada por la Fiscalía–, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien desde el año pasado está detenido en el búnker de la Fiscalía. También se documentó la versión de Eunicio Pineda, un campesino que trabajó con el ganadero Álvaro Vásquez –cuya finca colindaba con la de Santiago Uribe– y que contó cómo ambos hombres habían fomentado la creación del grupo paramilitar los 12 Apóstoles. La defensa de Santiago Uribe Vélez señaló que Eunicio Pineda era un esquizofrénico a quien no se le podía creer. Medicina Legal lo examinó y certificó que “su capacidad de testificar está preservada”.

El abogado de Santiago Uribe Vélez, Jaime Granados, ha reiterado que él es un hombre inocente. “Se han practicado infinitas pruebas en más de cinco años, todas a favor de Santiago, con dos excepciones: lo dicho por el mayor Juan Carlos Meneses y por el esquizofrénico Eunicio Pineda, testigo que le mintió a la justicia. Todo ha sido desvirtuado. Pero, de tanto repetir el asunto, la gente empieza a creer que algo de verdad debe haber, cuando no es así”, le dijo Granados hace un año a El Espectador . En esta ocasión, los defensores de Santiago Uribe Vélez señalaron que se abstenían de hacer comentarios hasta que conocieran el documento de la medida de aseguramiento que se dictó contra su cliente.

En el Congreso, donde las comisiones primeras de la Cámara y el Senado debatían el proyecto de ley de orden público –que facilitaría, entre otras cosas, concentrar a las Farc para su desmovilización–, la detención de Santiago Uribe Vélez no fue ignorada. Para la bancada del Centro Democrático, el partido del senador Álvaro Uribe Vélez, el asunto se resume en una sola palabra: persecución. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, defendió la decisión “autónoma” de la Fiscalía e, incluso, el presidente Santos pidió veeduría internacional para el caso. Sin embargo, congresistas como José Obdulio Gaviria señalaron: “Separación de poderes ha muerto. Hoy notificaron que el vil Perdomo (el vicefiscal Jorge Perdomo) se queda como encargado. Dos minutos después estaban capturando a Santiago”.

El Centro Democrático interrumpió el debate y la vocería la tomó la senadora Paloma Valencia: “La bancada del Centro Democrático quiere dejar constancia de que se retira de las comisiones conjuntas para la discusión de este proyecto, en consideración a los graves hechos que acaban de suceder. La detención infame del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de este debate, oscurece el ambiente, limita las libertades publicas y deja sin garantías a la oposición democrática. Esta captura viene a corroborar las graves denuncias que acaba de hacer el presidente Uribe ante la OEA, la CIDH y los congresistas de los Estados Unidos. Hace parte de la estrategia de este gobierno perseguir judicialmente al uribismo”. Dicho esto, todos los congresistas de ese partido abandonaron el Capitolio.