Argumentando motivos profesionales, este lunes se conoció la renuncia del abogado Roberto Solorzarno, quien defendía los intereses del exdirector de la DNE, Omar Figueroa, hecho que obligó a la suspensión de la diligencia judicial en la que se iba a presentar el escrito de acusación por las irregularidades dentro de la entidad.
Ante esto, la juez de conocimiento reprogramó la diligencia judicial para el próximo 16 de mayo en la cual se presentará al exfuncionario y a otras siete personas por la presunta entrega irregular de bienes incautadas al narcotráfico a un grupo de particulares a cambio de una millonaria comisión.
Se espera que en esa audiencia se presente la acusación formal contra Figueroa por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, fraude procesal, falsedad y concierto para delinquir.
Según la Fiscalía, Figueroa fue parte y director de “una empresa criminal” que se configuró dentro de la entidad, cuyo fin era beneficiarse económicamente en la entrega de predios a un grupo de personas para su administración, “bajo la condición de que le entregaran una comisión”.
“Omar Adolfo Figueroa hacía actos administrativos contrarios a la ley pero su tarea era que se presentaran como legales al interior de la entidad”, precisó el fiscal señalando que junto a otros funcionarios de de la DNE se hacia un trabajo de selección sobre predios que les podían reportar más beneficios para cederlos a particulares.
Para la Fiscalía la persona encargada de conseguir a los beneficiarios era Adolfo Figueroa Abella, padre del exdirector de la DNE, quien además realizaba el cobro de la dádiva previamente negociada, “las cuales cambiaban según el predio, pero iban desde los 80 hasta los 150 millones de pesos”.
Sin embargo, la persona que no pagaba el arriendo adicional a Figueroa y a otros exfuncionarios por la administración de los bienes, “se le retiraba por orden del entonces director de la entidad”.
El exfuncionario permanece recluidos en la cárcel de máxima seguridad La Picota en el sur de Bogotá, después de que un juez de conocimiento le levantara la detención domiciliaria al considerar que la gravedad de sus delitos.
En la misma diligencia judicial, el ente investigador acusará formalmente a Luis Fernando Rojas Cañón, Manuel Francisco Ospino, Juan David Gutiérrez Ureña, Javier Mantilla Sandoval, Jairo Alfredo Muñoz Parra, Liliana Garavito Jiménez y Oscar Castilla Alarcón.
Por El Espectador
