Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Debido al paro judicial que ya cumple ocho días, la audiencia en la cual la Fiscalía General le iba a solicitar a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que cobijara con medida de aseguramiento a la excontralora General, Sandra Morelli Rico tuvo que ser aplazada.
Los funcionarios judiciales que se unieron al cese de actividades evitaron la entrada de público a las instalaciones del Tribunal ubicada en el occidente de la capital de la República, manifestando que no permitirán que se celebre ninguna diligencia que esté programada sin importar su magnitud.
En este caso propusieron que la diligencia de medida de aseguramiento se realice en las instalaciones del búnker de la Fiscalía con el fin de evitar traumatismos en la administración de justicia. Sin embargo será el magistrado del Tribunal el que defina si acepta o no esta propuesta
Se espera que en los próximos días se fije una nueva fecha para adelantar la diligencia, en la cual el ente investigador pedirá que Morelli Rico sea cobijada con detención domiciliaria. Actualmente la exjefe del organismo de control fiscal se encuentra en Roma, Italia. (Ver La mala hora de Morelli)
La defensa de la exjefe del ente de control fiscal manifestó que su cliente está dispuesta a regresar al país si se le brindan todas las garantías procesales. "Ella particularmente se siente incómoda por el episodio de su salida del país, cuando viajó a Roma salió con el tiquete de ida y regreso, ella tenóa intenciones de volver al país (...) El tiquete de regreso lo tengo en mi poder, aún confía en la justicia colombiana".
Por su parte la Fiscalía General se mostró en desacuerdo con la propuesta presentada por la defensa de Morelli de participar vía teleconferencia en la audiencia. En este caso manifestaron que ya el Tribunal Superior de Bogotá declaró la figura de contumacia. Sin embargo señalaron que existe un gran interés
El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.
Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)
En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.
Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.
“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)
La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.
En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".
Por Redacción Judicial
