El 22 de enero de 1991, ante el entonces jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación Pablo Elías González, compareció un hombre de 39 años, quien dijo ser militar y que, ante la necesidad de proteger a su familia por amenazas en su contra, acudió al Ministerio Público para confesar múltiples crímenes de los cuales fue testigo y que, según él, fueron cometidos durante sus años como agente de inteligencia de las Fuerzas Militares.
El declarante se identificó como Bernardo Alfonso Garzón Garzón. Entre los hechos relatados manifestó tener conocimiento de que durante los sucesos del holocausto del Palacio de Justicia, miembros de la Brigada XX del Ejército participaron manteniendo en una camioneta de color café a una mujer llamada Irma Franco, quien suministró importante información sobre el sitio donde se planeó la toma, y que días después oyó comentarios de que se encontraba muerta.
Tres años después, el mismo Bernardo Alfonso Garzón apareció compareciendo ante la Justicia sin Rostro. Aclaró que había laborado en el Ejército hasta 1990 y volvió a reiterar que a Irma Franco siempre la mantuvieron los agentes de inteligencia en un vehículo y que también suministró información sobre un atentado que el M-19 tenía preparado contra personal de esa Brigada. Pero esta vez, también manifestó que una vez obtenida la información, la mataron y la enterraron cerca de los polígonos.
A lo largo de los años, aunque esporádicamente, la declaración del suboficial Garzón Garzón fue utilizada por Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos para preservar investigaciones por otros hechos relacionados con desapariciones o asesinatos. Sin embargo, la validez de este testimonio no había trascendido mucho para las autoridades judiciales. Hoy, la Fiscalía busca a este testigo afanosamente, pues terminó por convertirse en un testigo clave para esclarecer la toma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985.
De hecho, en la medida de aseguramiento que el pasado martes dictó la Fiscalía General de la Nación contra el general (r) Iván Ramírez Quintero, superior del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) para la época de los acontecimientos, una de las piezas procesales más tenidas en cuenta es precisamente el recuento de declaraciones que a principios de los años 90 hizo el agente de inteligencia Garzón Garzón y que comprometen a la unidad que comandaba Ramírez Quintero.
Pero, ¿quién es Bernardo Alfonso Garzón Garzón? El propio general (r) Iván Ramírez, en su indagatoria, se encargó de confirmarlo: fue un oficial que él conoció y que estuvo trabajando encubierto en un par de redes de inteligencia. Además, estuvo infiltrado mucho tiempo en el M-19. Nada distinto a lo que Garzón dijo en su primera declaración ante la Procuraduría en 1991, cuando aclaró que durante varios años, en varias regiones, se infiltró en las milicias populares del M-19, hasta que en Bogotá se dieron cuenta de su identidad.
El personaje siguió trabajando en una unidad que él llamó “Grupo Especial”, el cual también participó en acciones ilegales. Sin embargo, Garzón Garzón terminó detenido, y eso explica por qué fue a comparecer a la Fiscalía, en calidad de detenido en la cárcel de Palmira. El general (r) Ramírez Quintero lo aclaró en su indagatoria: se involucró en un caso de secuestro y en el robo de un carro. Según el oficial, el secuestrado se escapó, fue a la Policía, llevó a las autoridades al sitio donde estaba en cautiverio y resultó ser una propiedad de Garzón.
Lo condenaron a 40 meses de prisión. Y estando detenido en la cárcel de Palmira, fue que volvió a emprenderla contra inteligencia militar. No obstante, la Fiscalía considera que el testigo sí aportó aspectos fundamentales para aclarar el tema del Palacio de Justicia. Y que particularmente, en el caso del general (r) Ramírez, lo compromete por su calidad de superior del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici). Por eso, en la parte resolutiva de la providencia, insiste en la necesidad de ubicar cuanto antes su paradero.
Por lo demás, la Fiscalía, en una decisión fundamentada en 208 folios, sostiene que existen diversos medios de prueba que permiten concluir que el Coici, por orden de su comandante Iván Ramírez Quintero, actuó en labores de inteligencia en la Casa del Museo del Florero y en las actividades del Palacio de Justicia, en labores propias de identificación, reconocimiento y búsqueda de antecedentes respecto de las personas liberadas en el Palacio. Aunque el oficial insistió siempre en que no estuvo en la operación, existen declaraciones que prueban que sí lo hicieron hombres a su mando.
Según la Fiscalía, la sistemática negativa del militar sobre la participación del Coici en los hechos del Palacio de Justicia, no es más que una forma de eludir la vinculación con las imputaciones. En su opinión, esta unidad del Comando Central debía actuar en cumplimiento de su función y efectivamente lo hizo. Por eso, cree que los múltiples indicios son suficientes para sindicar a su comandante Iván Ramírez Quintero como presunto coautor de los delitos de secuestro agravado, en concurso sucesivo o simultáneo, con el delito de desaparición forzada agravada.
Hasta el momento, se trata del oficial de más alta graduación investigado por la desaparición de 11 personas en el Palacio. Y no se trata de un militar intrascendente. Durante su desempeño en las Fuerzas Militares hasta su retiro en enero de 2000, fue superior del Comando Operativo de Inteligencia, Director de Inteligencia del Ejército y Jefe del Departamento D-2 del Comando General de las Fuerzas Militares. En otras palabras, uno de los uniformados determinantes en la gestión de inteligencia militar durante los años 80 y 90.
Entre las decisiones complementarias de la Fiscalía, está la ampliación de declaración de varios de los suboficiales que ya están detenidos, la recopilación de varios informes de la Brigada XX de Inteligencia respecto a la incineración de actas y la ubicación para su declaración del periodista Raúl Benoit, citado en el proceso como otro testigo importante para clarificar algunos hechos referentes al comportamiento de las unidades asignadas a inteligencia militar durante los años finales de la década de los 80.
En los próximos días, la Fiscalía deberá tomar decisiones respecto al mayor Fernando Blanco, el capitán Rafael Ángel Martínez y el sargento Gustavo Arévalo, quienes eran miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército que dirigía el general (r) Ramírez, y quienes deberán aclarar cuál fue su participación en la recuperación de los rehenes el 6 y 7 de noviembre de 1985. Al menos, el mayor Blanco, segundo de Ramírez en el Coici, ya admitió que sí estuvo en la operación, pero que nada tuvo que ver con los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Acusaciones de la Fiscalía en este caso
Desde que llegó a la Fiscalía General de la Nación, en agosto de 2005, Mario Iguarán Arana ha venido impulsando una de las investigaciones más trascendentales de la reciente historia judicial del país: el Holocausto del Palacio de Justicia. Desde que fue asignada, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, ha escuchado decenas de declaraciones, desempolvado testimonios y observado videos claves para esclarecer el grado de responsabilidad de algunos miembros de la Fuerza Pública en la desaparición de 11 personas que salieron con vida de los trágicos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Actualmente los coroneles en retiro Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas Vega, junto con cinco suboficiales más, fueron acusados por la Fiscalía de los delitos de secuestro y desaparición forzada. Pese a que todos se han declarado inocentes, será ahora un juez quién defina su suerte judicial.
Por El Espectador
