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El Consejo de Estado acaba de cerrar la demanda que buscaba renegociar los principios de oportunidad que podrían otorgarse a los exdirectivos de Odebrecht que se sometan a la justicia. El principio de oportunidad es un recurso judicial que permite a la Fiscalía cesar la investigación contra los confesos corruptos, siempre y cuando aporten a la investigación del caso Odebrecht y entreguen dinero como reparación. Los exdirectivos de la multinacional brasilera revelaron ante la justicia estadounidense, en 2016, haber pagado USD $11 millones en sobornos en Colombia, para quedarse con megacontratos de infraestructura como la Ruta del Sol II.
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En 2017, la Fiscalía comunicó que se estaba negociando principios de oportunidad con exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el expresidente en Colombia de la empresa, Eleuberto Martorelli. Entonces, el ente investigador sostuvo que los beneficios judiciales podrían tranzarse si las cabezas entregaban hasta $32 mil millones a la Nación. Entonces, el ciudadano Hugo Armando Granja interpuso una acción de grupo, para proteger los intereses colectivos de los colombianos, y obligar a la Fiscalía a negociar el recurso judicial con los señalados, siempre y cuando fueran valoradas distintas aristas que daban, en sus cuentas, alrededor de $505 mil millones en pagos. Una cifra muy superior a la comunicada.
Sin embargo, en una reciente decisión, el Consejo de Estado negó las pretensiones de Granja. Señaló, por un lado, que el principio de oportunidad negociado por la Fiscalía y Martorelli en 2018, quedó en la nada por decisión de un juzgado de Garantías de Bogotá y luego confirmado por juzgado de Conocimiento de la misma ciudad. Ese preacuerdo hacía parte de la línea investigativa sobre la cual quedó demostrado el pago de USD $4,6 millones al exsenador Otto Bula, quien es reconocido como el “ventiador” del caso Odebrecht. Su función fue concretar citas a favor de la multinacional para que funcionarios públicos de alto calibre favorecieran a la empresa. Pagó alrededor de cinco años de prisión y ventiló nombres clave para avanzar con la investigación madre.
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Mientras se desarrollaban las instancias de la demanda de Granja, además, otros exdirectivos firmaron sus respectivos principios de oportunidad con la justicia. Tal es el caso de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quienes en enero de 2019 ofrecieron disculpas por corruptos y fueron obligados a pagar más de $18 mil millones por orden del Juzgado 30 de Garantías de Bogotá. Ese pago corresponde a la coima de USD$ 6,5 millones que, dice el expediente, se le entregó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por la adjudicación a Odebrecht de la Ruta del Sol II.
Entonces, al Consejo de Estado le restaba responder a una pregunta: ¿Qué va a pasar con los principios de oportunidad que puedan negociarse a futuro? La repuesta fue clara: todos y cada uno de los acuerdos que la Fiscalía negocie con las cabezas de Odebrecht serán verificados por jueces de control de Garantías, tal cual ha pasado en los años que duró bajo estudio la demanda de Granja. Serán estos representantes judiciales quienes valoren si es justo para los colombianos cesar la acción penal contra los rostros de la multinacional, entregando el dinero y la colaboración respectiva.
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“Ante la presunta vulneración o amenaza a los derechos colectivos que se origine por la aplicación de un principio de oportunidad, es al juez de control de garantías a quien corresponde salvaguardarlos, como responsable del control judicial al beneficio. Según el fallo, la competencia de dicho despacho prevalece sobre la del juez popular frente acciones u omisiones estatales que amenacen derechos e intereses colectivos”, concluyó el Consejo de Estado.
Las pretensiones de Granja eran ambiciosas y quedaron expuestas en su recurso de 2017. Por ejemplo, solicitaba a la Fiscalía que tuviese en cuenta el daño correspondiente a toda la plata que Odebrecht haya obtenido gracias a los contratos estatales que le fueron adjudicados en Colombia entre 2009 y 2014. Asimismo, la cifra correspondiente al ahorro para el patrimonio público nacional que se hubiese logrado de no presentarse los sobornos a los funcionarios públicos. Además, el dinero futuro que podría desembolsar la Nación si es condenada por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Y, por último, Granja buscaba que la Fiscalía tuviese en cuenta el daño al bueno nombre de Colombia, que podría tasarse en casi $700 millones a corte de 2017.
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