Con la captura el jueves pasado del ex gobernador y ex embajador en Chile Salvador Arana Sus, la justicia cerró el círculo de uno de los capítulos más oscuros del escándalo parapolítico en Sucre. Pese a ser uno de los primeros políticos mencionados como colaborador de grupos de autodefensa en esa región, paradójicamente fue el último dirigente en ser detenido: los ex congresistas Álvaro García Romero, Éric Morris, Jairo Merlano, Muriel Benito Revollo y cuatro diputados de Sucre están tras las rejas desde noviembre de 2006.
La investigación que emprendió la justicia para esclarecer los presuntos nexos del ex gobernador de Sucre con los paramilitares está irremediablemente conectada a los procesos penales de los ex congresistas procesados, detenidos y condenados por orden de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Los mismos declarantes aparecen en casi todos los procesos. Por eso las pruebas que tiene el ente acusador en contra de Arana Sus son prácticamente las mismas que reposan en otros expedientes de políticos y empresarios de esa región.
El verdugo del ex gobernador Arana Sus —y, en general, de todos los políticos de Sucre salpicados— es un analfabeta de Sucre (Sucre), de 40 años, ex miembro de las autodefensas y hoy testigo protegido de la Fiscalía en el exilio. Su nombre: Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri. A finales de 2000 este hombre empezó a entregar valiosa información sobre los tentáculos del paramilitarismo en Sucre. Según contó entonces, desde 1997 se conformó un grupo de autodefensas denominado el Frente Mojana, que contó con la activa participación de los ex parlamentarios Éric Morris, Álvaro García Romero, el ganadero Joaquín García —prófugo de la justicia— y Salvador Arana.
En 1998, según su relato, asumió como gobernador de Sucre Éric Morris. Durante la campaña electoral, que estuvo patrocinada por las autodefensas, Salvador Arana fue su tesorero. Ya en la Gobernación fue designado como secretario de Salud del departamento. Pitirri le aseguró a la justicia que en el segundo semestre de 1998 fue testigo de una reunión en el restaurante Carbón de Palo de Sincelejo, a la que asistieron el principal financiador de las Auc, Joaquín García, Salvador Arana y varios jefes de los paramilitares.
En esencia se acordó que se necesitaban $60 millones para estructurar el grupo paramilitar, dinero que, según dijo, se comprometieron a conseguir Álvaro García y Éric Morris. Y así pasó. Pitirri aseveró que asistió a dicha reunión por invitación de Salvador Arana y que incluso ese día le propusieron encargarse de la parte militar de la organización, a lo cual se negó. Entonces Joaquín García le preguntó a Arana que de dónde iba a sacar la plata para financiar a los ‘paras’ y él le contestó que como el alcalde de entonces era de su ‘cuerda’, tenía que ayudar con contratos.
Jairo Antonio Castillo Peralta, quien llegó a esa región huyendo de la violencia a Sincelejo, fue informante de la Armada y por recomendación de un oficial de esa institución fue conductor del ganadero Joaquín García, también le contó a la justicia que políticos de Sucre se reunieron en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, para ajustar el proyecto paramilitar en la zona. En uno de esos encuentros estuvo el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Precisamente, como escolta de Joaquín García, Pitirri empezó a conocer los secretos del fenómeno de las autodefensas en
Sucre. Sus declaraciones, sin embargo, fueron desechadas por la Fiscalía en la administración de Luis Camilo Osorio. De hecho, el hoy detenido ex gobernador Salvador Arana fue favorecido con un auto inhibitorio de la Fiscalía. Y el 13 de septiembre de 2001, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le precluyó una investigación a Joaquín García, quien estaba siendo procesado por financiar grupos ilegales y por su participación en la masacre de Pichilín.
Las denuncias de Pitirri obligaron a que se asilara en Canadá. Sin embargo, cuando estalló el escándalo parapolítico la Corte Suprema de Justicia revisó sus declaraciones y les dio total credibilidad. Hoy casi toda la dirigencia política afronta procesos penales y disciplinarios en la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte por cuenta de sus señalamientos. No obstante, por lo menos en el caso de Salvador Arana, el más grave ha sido acusarlo de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz, ocurrido en abril de 2003.
La Fiscalía tiene un acervo probatorio suficiente para acusar al ex gobernador de esa muerte. El mismo Díaz, en transmisión en directo de un consejo comunal, le advirtió al presidente Uribe que los paramilitares le habían declarado la guerra y que lo iban a matar. En efecto, su cadáver fue encontrado el 10 de abril de 2003. En el expediente de Arana reposan varias declaraciones que aseguran que le pagó $120 millones al temible jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, para que matara a Díaz porque se había convertido “en una piedra en el zapato”.
Otro de los testigos contó que estuvo presente en varias reuniones celebradas días antes del homicidio de Díaz a las que asistieron Arana Sus y un comandante paramilitar. Los encuentros se llevaron a cabo en la finca Los Ángeles. Según contó el declarante, presenció el dinero y las felicitaciones que les entregó Arana a los asesinos materiales del ex alcalde, alias Orbitel y alias Convivir, posteriormente identificados por las autoridades como José Tomás Torres Jiménez y Emiro Correa Viveros.
Y como si fuera poco, el nombre del ex gobernador Salvador Arana Sus aparece registrado en el llamado Pacto de Ralito, firmado por varios congresistas, políticos —casi todos detenidos— y jefes paramilitares el 23 de julio de 2001. El objetivo de dicho acuerdo, según reza el documento, era nada más y nada menos que “refundar la patria”. Pero, además, Arana Sus tiene múltiples denuncias por la irregular adjudicación de millonarios contratos durante su administración. La Procuraduría sostiene que, como mínimo, se hizo ilegalmente a cerca de $500 millones por concepto de regalías.
Otro de los testigos en su contra le dijo a la justicia que una vez asesinado el comandante Danilo de las Auc, su reemplazo, Rodrigo Mercado, alias Cadena, propició una reunión con Carlos Castaño Gil y le presentó a Salvador Arana “como ficha clave dentro de la organización”. Tanto fue así, que de acuerdo con las evidencias en poder de la Fiscalía, cuando inició su campaña electoral para acceder a la gobernación, en sus correrías por el departamento siempre viajaba acompañado de miembros de las Autodefensas. “Ellos dieron la orden de votar por él”.
Sin lugar a dudas, la detención del ex gobernador Salvador Arana constituye un avance sustancia de la justicia para terminar de desentrañar los tentáculos del paramilitarismo en Sucre. Porque, como asegura en su providencia de pliego de cargos la Procuraduría, lo que se evidencia es que Arana nunca estuvo al servicio del departamento sino “de los intereses paraestatales” que le exigía la organización. De todos los salpicados por el escándalo en Sucre el único que falta por capturar es Joaquín García.
Por Redacción Judicial
