Enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de cohecho (soborno a un funcionario): aunque Luis Javier Rojas Morera esté detenido por ahora en su casa y no en una cárcel, como buscaba la Fiscalía, esos cargos con los que se inició una investigación formal en su contra indican que el asunto va para largo y que no es de poca monta. Hasta hace dos días era un politólogo cuyo nombre nada tenía que ver con los titulares judiciales de los medios de comunicación. Lo más público de su vida era su vinculación con la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara del Guaviare por el Partido de la U Alexánder García Rodríguez.
Hoy, después de que en un retén militar -apoyado hasta por la DEA- se descubriera que llevaba $613 millones en un automóvil, que todavía figura a nombre del Congreso de la República, con sobreaviso de una fuente anónima que advirtió del vehículo y de la plata, Luis Javier Rojas Morera es también la causa de un gran agite en el Capitolio Nacional por otra razón: su madre, Magdalena Morera, es la jefe financiera del Senado. Además, su padre, Luis Javier Rojas Alarcón, fue candidato el año pasado a la Asamblea del Huila, también por la U, después de haber sido concejal dos veces en Neiva y secretario de Gobierno de la misma ciudad. El joven no pudo explicar el origen del dinero e intentó supuestamente sobornar a los militares, ofreciéndoles primero $50 millones y luego $100 millones.
Su madre, funcionaria de carrera, fue suspendida de su cargo un mes mientras las indagaciones continúan, según anunció el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Ella, por su parte, aseguró públicamente que su hijo llevaba la plata porque hacía un favor, y que si había cometido un error, había sido involuntario. El tema, sin embargo, podría ser mucho más delicado e iría más allá del arresto de un joven politólogo con más de $600 millones en efectivo en su poder. Fuentes del Congreso le indicaron a este diario que así como el carro en el que se movilizaba Luis Javier Rojas hacía parte de un grupo de vehículos de esa corporación subastados en 2014, cuyo traspaso a los nuevos dueños nunca se hizo, podría haber unos 80 más que eran del Congreso también y que estarían en la misma situación.
El problema es el siguiente: si el traspaso de los carros no se hace, éstos siguen figurando a nombre de la entidad. Por ser vehículos oficiales y blindados, en los retenes de la Policía suelen pasar sin ser requeridos. El temor que existe entre ciertos congresistas es que, por esas condiciones, estén siendo utilizados para cometer delitos bajo el aparente manto de impunidad que les da el estar al servicio del Congreso. Se supone que ya no le pertenecen a la corporación, pero si el traspaso de propiedad no se hace, aunque lo usen particulares, es la entidad la que figura como su dueño. El año pasado, la Superintendencia de Vigilancia le había pedido a la Policía inmovilizar varios de esos automotores del Congreso que fueron rematados.
Esta no es la primera vez que un carro lleno de fajos de billetes mete en problemas a alguien. En agosto de 2009, Jorge Berrío, hermano del entonces gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, fue capturado luego de que un camión de la pirámide DMG hubiera sido incautado con más de $1.000 millones en efectivo. En audios, las autoridades detectaron que Berrío estaba preocupado porque el dinero se perdiera. También, desde octubre del año pasado, la Fiscalía busca establecer de dónde salieron los $482 millones con los que fue hallado Yahir Acuña en plena época electoral (aunque Acuña no fue reelegido). Y al entonces congresista santandereano Alirio Villamizar le encontraron casi $1.000 millones en su propia casa; en 2010 pasó a ser el primer condenado por el llamado carrusel de las notarías.
Otro asunto igual de delicado en este arresto es la conexión de Luis Javier Rojas con el representante Alexánder García, en cuya UTL trabaja desde el 3 de julio de 2015. García, le dijo la senadora Claudia López a este diario, supuestamente ha tenido nexos con el jefe paramilitar de los Llanos Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, quien murió en un operativo de la Policía en 2010. El congresista, quien no tiene investigaciones formales o preliminates en la Corte Suprema, aparece en un informe de la Fundación Arco Iris elaborado en 2011, en el que se indica que presuntamente Daniel el Loco Barrera financió su campaña electoral y que ha favorecido con contratos a personas cercanas a alias Cuchillo. La senadora López aseguró que va a denunciar al representante ante la justicia.
García, por su parte, también está viéndola negra con este asunto. Las directivas del Partido de la U -que, según Claudia López, conocían las advertencias contra él desde hace cinco años- lo habían citado ayer a descargos. No se presentó, aunque manifestó que no tenía nada que esconder y que está dispuesto a que lo investiguen. Este es su primer período como representante, pues en 2004 y 2007 había sido elegido a la Asamblea del Guaviare. La primera vez, según la Registraduría, obtuvo 1.141 votos para ser diputado. La segunda fue menos: 882. Siete años después consiguió 5.006 votos y se hizo a un escaño en la Cámara de Representantes. Los jefes de la U insisten en que tiene explicaciones que dar y ahora la citación que se le hizo será ante el Comité de Ética de la colectividad.
Por Redacción Judicial y Política
