Se crean grupos de apoyo médico para controlar COVID-19 en cárceles
Fiduprevisora y Fiduagraría entregaron balance sobre la gestión que llevan para controlar los contagios dentro de los 132 penales en el país. Entre las medidas señalaron la creación de 10 grupos regionales de apoyo en salud, que recorren las cárceles con algún reporte de COVID-19.
A través de una comunicación, Diana Porras Luna, vicepresidenta de negocios fiduciarios de Fiduprevisora, señaló que “al interior de los centros carcelarios, estamos garantizando la atención a los pacientes COVID-19 las 24 horas, como lo exige el protocolo de salud”.Sin embargo, la presencia del virus en los penales sigue siendo preocupante ante el aumento dramático de contagios en cárceles como Villahermosa (Cali), donde el pasado lunes se reportaron 216 nuevos casos. Entre las últimas medidas para controlar la avanzada de la pandemia en los centros penitenciarios, se anunció la creación de grupos de apoyo médico.
(En contexto: Radiografía del acceso a salud en las cárceles durante la pandemia)
Se tratan de 10 grupos regionales de apoyo en salud, conformado por 20 médicos, 10 enfermeras y 10 auxiliares. De acuerdo con la comunicación, estos equipos de apoyo “se desplazan por las distintas zonas del país, para prestar refuerzo médico en el centro carcelario en donde se decrete la presencia de COVID-19”. Hasta el momento, la atención médica de los internos se ha tratado dentro de los penales, disponiendo de espacios de aislamiento y haciendo un cerco epidemiológico. Según Fiduprevisora, esta medida no solo aumenta la atención médica sino que también “permite al personal residente ser relevado en momentos en que así se requiera”.
Para el funcionamiento de estos grupos, la entidad señaló que los grupos entraran en cuarentena de 14 días una vez de terminen su labor de apoyo en las cárceles. Además, Fiduprevisora y Fiduagraria, administradores del Fondo de Salud de la Población Privada de la Libertad, señalaron que ha venido entregando material de protección en los distintos penales, que incluye, por ejemplo, batas antifluido, mascarillas especializadas, escudos faciales o gafas, guantes, gorros desechables y polainas. De acuerdo con esta entidad, todas las acciones para frenarle el paso al virus en las cárceles han representado una inversión superior a $4.600 millones.
Asimismo, Fiduprevisora agregó que hasta el 16 de junio de 2020 se han realizado 7.237 pruebas en los diferentes centros carcelarios del país. Según la entidad, los resultados se entregan en las 48 horas siguientes a la toma de la muestra. “Desde que se detecta la enfermedad, se implementan acciones de manejo y control intensivo, como refuerzo del personal médico, aislamiento de pacientes, atención médica especializada y monitoreo continuo. Cuando se presenta alguna emergencia por efecto del COVID-19, se dispone de todos los mecanismos necesarios para el traslado de enfermos a hospitales, IPS o EPS”, explicaron.
(Le puede interesar: COVID-19 en las cárceles: hay 1.296 casos, 134 recuperados y cuatro muertos)
El pasado 7 de mayo, la Corte Constitucional ordenó implementar una serie de medidas para proteger la vida de los internos al interior de la cárcel de Villavicencio, penal donde el virus llegó primero. En ese momento, seis eran las cárceles comprometidas por el virus. Un mes después, la cuenta va en 11 cárceles con presencia del virus, en donde las medidas para garantizar la atención médica y controlar el virus dentro de las cárceles se han vuelto la principal consigna.
A través de una comunicación, Diana Porras Luna, vicepresidenta de negocios fiduciarios de Fiduprevisora, señaló que “al interior de los centros carcelarios, estamos garantizando la atención a los pacientes COVID-19 las 24 horas, como lo exige el protocolo de salud”.Sin embargo, la presencia del virus en los penales sigue siendo preocupante ante el aumento dramático de contagios en cárceles como Villahermosa (Cali), donde el pasado lunes se reportaron 216 nuevos casos. Entre las últimas medidas para controlar la avanzada de la pandemia en los centros penitenciarios, se anunció la creación de grupos de apoyo médico.
(En contexto: Radiografía del acceso a salud en las cárceles durante la pandemia)
Se tratan de 10 grupos regionales de apoyo en salud, conformado por 20 médicos, 10 enfermeras y 10 auxiliares. De acuerdo con la comunicación, estos equipos de apoyo “se desplazan por las distintas zonas del país, para prestar refuerzo médico en el centro carcelario en donde se decrete la presencia de COVID-19”. Hasta el momento, la atención médica de los internos se ha tratado dentro de los penales, disponiendo de espacios de aislamiento y haciendo un cerco epidemiológico. Según Fiduprevisora, esta medida no solo aumenta la atención médica sino que también “permite al personal residente ser relevado en momentos en que así se requiera”.
Para el funcionamiento de estos grupos, la entidad señaló que los grupos entraran en cuarentena de 14 días una vez de terminen su labor de apoyo en las cárceles. Además, Fiduprevisora y Fiduagraria, administradores del Fondo de Salud de la Población Privada de la Libertad, señalaron que ha venido entregando material de protección en los distintos penales, que incluye, por ejemplo, batas antifluido, mascarillas especializadas, escudos faciales o gafas, guantes, gorros desechables y polainas. De acuerdo con esta entidad, todas las acciones para frenarle el paso al virus en las cárceles han representado una inversión superior a $4.600 millones.
Asimismo, Fiduprevisora agregó que hasta el 16 de junio de 2020 se han realizado 7.237 pruebas en los diferentes centros carcelarios del país. Según la entidad, los resultados se entregan en las 48 horas siguientes a la toma de la muestra. “Desde que se detecta la enfermedad, se implementan acciones de manejo y control intensivo, como refuerzo del personal médico, aislamiento de pacientes, atención médica especializada y monitoreo continuo. Cuando se presenta alguna emergencia por efecto del COVID-19, se dispone de todos los mecanismos necesarios para el traslado de enfermos a hospitales, IPS o EPS”, explicaron.
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El pasado 7 de mayo, la Corte Constitucional ordenó implementar una serie de medidas para proteger la vida de los internos al interior de la cárcel de Villavicencio, penal donde el virus llegó primero. En ese momento, seis eran las cárceles comprometidas por el virus. Un mes después, la cuenta va en 11 cárceles con presencia del virus, en donde las medidas para garantizar la atención médica y controlar el virus dentro de las cárceles se han vuelto la principal consigna.