Se cumplen 19 años del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza

El 18 de abril de 1998 Eduardo Umaña Mendoza, abogado y defensor de derechos humanos, fue asesinado cuando tres sicarios, quienes se hicieron pasar por periodistas, lo ultimaron en su oficina, ubicado en el barrio Nicolás de Federman (Bogotá). Las investigaciones para esclarecer su muerte llevan estancadas 19 años. Sin embargo, a finales de septiembre pasado la Fiscalía declaró su muerte como de lesa humanidad, es decir, que la investigación sobre el crimen no prescribirá.

Cuatro meses antes de su asesinato, él denunció que había un plan de sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada para prevenirlo, según declararon en su momento los abogados Germán Romero y Jorge Eliécer Molano, quienes estuvieron al frente del objetivo de lograr que la Fiscalía General lo declarara como crimen de lesa humanidad.

Cuando entró en vigencia de la Ley Justicia y Paz en 2005, se pensó que las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que el crimen lo ordenó el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, esclarecerían en su totalidad a los implicados en el crimen. Sin embargo, Romero y Molano explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron. No obstante, en 2015, el exjefe paramilitar alias Don Berna afirmó que en ese crimen, así como en otros (Mario Calderón y Elsa Alvarado, por ejemplo) fueron ordenados por Castaño e instigados por militares. 

El proceso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, terminó su periodo al frente del ente investigador. Para esa fecha los abogados aseguraron que el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de resolver porque fue un crimen de Estado. De igual manera, reconocen que los pocos avances que logró la fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire ante la falta de garantías.

Entre los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaban sus denuncias contra miembros de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que había sufrido la infraestructura petrolera. El recordado abogado también estaba pidiendo que se reabriera la investigación por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, sobre el cual aseguró que había responsabilidad de la Central de Inteligencia Americana (CIA). 

Luego de que sucediera la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, asumió la defensa de las familias de los desaparecidos. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día, luchó por tipificar el delito de desaparición forzada y apoyó el proyecto de ley que se llevó al Congreso para que finalmente se lograra incluir este crimen en el Código Penal, como ocurrió en el año 2000.

El 18 de abril de 1998 Eduardo Umaña Mendoza, abogado y defensor de derechos humanos, fue asesinado cuando tres sicarios, quienes se hicieron pasar por periodistas, lo ultimaron en su oficina, ubicado en el barrio Nicolás de Federman (Bogotá). Las investigaciones para esclarecer su muerte llevan estancadas 19 años. Sin embargo, a finales de septiembre pasado la Fiscalía declaró su muerte como de lesa humanidad, es decir, que la investigación sobre el crimen no prescribirá.

Cuatro meses antes de su asesinato, él denunció que había un plan de sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada para prevenirlo, según declararon en su momento los abogados Germán Romero y Jorge Eliécer Molano, quienes estuvieron al frente del objetivo de lograr que la Fiscalía General lo declarara como crimen de lesa humanidad.

Cuando entró en vigencia de la Ley Justicia y Paz en 2005, se pensó que las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que el crimen lo ordenó el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, esclarecerían en su totalidad a los implicados en el crimen. Sin embargo, Romero y Molano explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron. No obstante, en 2015, el exjefe paramilitar alias Don Berna afirmó que en ese crimen, así como en otros (Mario Calderón y Elsa Alvarado, por ejemplo) fueron ordenados por Castaño e instigados por militares. 

El proceso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, terminó su periodo al frente del ente investigador. Para esa fecha los abogados aseguraron que el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de resolver porque fue un crimen de Estado. De igual manera, reconocen que los pocos avances que logró la fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire ante la falta de garantías.

Entre los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaban sus denuncias contra miembros de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que había sufrido la infraestructura petrolera. El recordado abogado también estaba pidiendo que se reabriera la investigación por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, sobre el cual aseguró que había responsabilidad de la Central de Inteligencia Americana (CIA). 

Luego de que sucediera la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, asumió la defensa de las familias de los desaparecidos. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día, luchó por tipificar el delito de desaparición forzada y apoyó el proyecto de ley que se llevó al Congreso para que finalmente se lograra incluir este crimen en el Código Penal, como ocurrió en el año 2000.