El Consejo de Estado acaba de advertir que hace falta que el Gobierno Nacional y el Congreso creen una forma para que la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc responda colectivamente, como organización, por los crímenes que cometieron en el pasado. Y es que, si bien en el Acuerdo de Paz se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, allí se establecerán solo las responsabilidades individuales de quienes fueron integrantes de la guerrilla.
El alto tribunal hizo ese exhorto al Gobierno y al Congreso teniendo en cuenta el deber de reparar a las víctimas de los graves crímenes cometidos por las Farc y luchar contra la impunidad. Se trata de crear una forma para que las víctimas puedan exigirle a las Farc “su responsabilidad y la consiguiente reparación de los daños causados por estos, considerada como organización”.
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“(…) se puede pregonar que las Farc, como organización, es sujeto pasible de imputación de responsabilidad, no solo en términos individuales, sino también como sujeto colectivo que actuó como un aparato organizado de poder irregular, puesto que las acciones violentas desplegadas no obedecían a un querer motu proprio de cada miembro, sino a diversos planes fijados por los mandos o dirigentes medios y altos de ésta para el logro de sus cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas”, dice el fallo.
Ese mecanismo, dice el Consejo de Estado, puede se un procedimiento legal o administrativo. El argumento de fondo es que el tránsito de la guerrilla a la vida legal no es un ‘borrón y cuenta nueva’ sobre todos los delitos cometidos en el pasado. “Pues bajo ninguna consideración el Acuerdo Final admite ser considerado como un “reparto de impunidades”, como lo estipularon las partes en el punto quinto del Acuerdo”, dice el fallo.
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Este pronunciamiento del alto tribunal se hizo a la hora de condenar a la Nación por un secuestro cometido por las Farc el 28 de noviembre de 2001 de una familia de Calarcá (Quindío). Aun cuando las dos ciudadanas fueron liberadas al día siguiente, el padre y su pequeña de 12 años se mantuvieron cautivos durante siete meses. Según el fallo, el Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia.
El magistrado ponente de este caso, Jaime Orlando Santofimio, señaló que estos hechos tienen relación directa con el conflicto y que por eso se hace el exhorto al Congreso. “Para que desarrollen el acuerdo final en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la Farc como organización, que no está regulado. La JEP eventualmente se va pronunciar sobre las responsabilidades personales de los miembros de las Farc. Pero esto que encontramos son acciones propias de una organización y eso tiene que ser objeto de pronunciamiento”, dijo.
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Además, se remitió copia de la decisión a la Fiscalía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz para evaluar la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro. Se le pidió también a la Defensoría del Pueblo para que en un mes haga público un informe sobre el estado de las investigaciones en curso por estos hechos. Y se ordenó al Ministerio de Defensa hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas a las víctimas.
Por Redacción Judicial
