Este jueves, la juez de 62 de garantías definirá si cobija o no con medida de aseguramiento al excomisionado de paz Luis C. Restrepo y a otras tres personas dentro del proceso que se leS adelanta por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.
Después de dos días de estudio de los argumentos presentados durante el curso de la presente semana por la defensa de los cuatro imputados, la funcionaria judicial tendrá que decidir si existen motivos suficientes para enviarlos a un centro de reclusión con el fin de que no afecten el proceso que se adelanta en su contra.
En este sentido, el Procurador del caso le solicitó a la juez que no se cobije con medida de aseguramiento al excomisionado de Paz, Luis C. Restrepo y al coronel del Ejército, José Joaquín Ariza puesto que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes que permitieran inferir su participación en las irregularidades que se registraron durante la falsa desmovilización de La Cacica.
“No queda demostrado el mínimo razonable de necesidad y urgencia en la imposición de la medida de aseguramiento que se le solicita por ahora, y sin prejuicio de lo que se descubra en etapas procesales posteriores”, precisó el representante de la Procuraduría.
"Luis C. Restrepo es un peligro para la sociedad"
El pasado jueves, el fiscal 16 anticorrupción, Francisco Villareal, manifestó en su solicitud que el exfuncionario es un peligro para la sociedad y podría obstruir la justicia en el proceso que se le adelanta en su contra.
La importancia de esta decisión radica en el hecho de que si la juez decide cobijarlo con medida de aseguramiento, la Fiscalía haga la solicitud formal a la Interpol para que emita circular roja (orden de captura internacional) en contra del excomisionado quien se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 8 de enero, fecha en la cual salió del país hacia Estados Unidos y hasta el momento se desconoce su paradero.
La Fiscalía ya le imputó a Restrepo los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, prevaricato por acción y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, señalando que hizo parte de una “empresa criminal” formada junto a un grupo de narcotraficantes, militares y guerrilleros que estafó al Estado.
Por medio de dos comunicados escritos desde la clandestinidad ha cuestionado seriamente la independencia de la justicia en Colombia, y ha precisado que sí está buscando asilo en otro país.
Sobre José Alfredo Pacheco Ramos y sus hermanos Flor Inés y Miguel Alcides, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento puesto que hacen parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, y han colaborado activamente con la justicia en este caso.
Por El Espectador
