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Se destraba el caso de César Manrique: el proceso sigue ante un juzgado de Bogotá

La defensa del exdirector del Departamento de la Función Pública había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que el proceso fuera llevado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Redacción Judicial

13 de junio de 2025 - 05:28 p. m.
César Manrique, exdirector del Departamento de la Función Pública.
Foto: El Espectador - José Vargas
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La Corte Suprema de Justicia resolvió este viernes 13 de junio un asunto pendiente en el proceso que se adelanta en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública, vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). El caso seguirá siendo competencia del Juzgado 66 Municipal de Bogotá y no del Tribunal Superior de Bogotá, como había pedido su defensa, argumentando “fuero constitucional”.

El pasado 5 de junio, la Fiscalía leyó la imputación en contra del exfuncionario, donde lo relacionó con los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos por su presunta participación en el desfalco a la entidad. Sin embargo, su defensa alegó que algunas de las conductas descritas correspondían a hechos ligados con el puesto que ocupaba y que, por eso, Manrique estaba sujeto al “fuero constitucional”.

Para los abogados del exdirector, entonces, el juez natural en su caso debía ser la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por eso le pidieron a la Corte Suprema que dirimiera el asunto de competencias, la cual le dio luz verde al juzgado para continuar con el proceso. La Sala de Casación Penal del alto tribunal resolvió que Manrique Soacha no ejecutó las conductas que le señala la Fiscalía en razón de sus funciones como director de Función Pública.

“Por el contrario, los hechos relatados en la imputación sugieren que su intervención se habría concretado en el marco de acuerdos informales, de índole personal o político, con directivos de la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”, precisó la Sala.

Ese fue motivo suficiente para que los magistrados que estudiaron el caso determinaran que la competencia del caso, efectivamente, debe quedar en manos del juzgado capitalino. El expediente, además, ya fue remitido al despacho judicial que inicialmente llevaba el proceso.

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¿De qué se le señala a Manrique Soacha?

Según las investigaciones de la Fiscalía, Manrique Soacha habría sido, junto a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, uno de los líderes de la organización criminal conformada para gestionar la apropiación de recursos públicos a través de negocios del Estado y con pagos de millonarios sobornos, utilizando como puente la Ungrd.

En ese sentido, el ente investigador recordó cómo Manrique, López y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, —quien se encuentra en prisión por estos hechos— movieron sus fichas para obtener $100.000 millones producto de un convenio entre la Unidad encargada de atender desastres y la ANT con el fin de pactar contratos a cambio de coimas de hasta el 7% por cada convenio entregado.

“Usted, César Manrique Soacha, planeó con Olmedo López y Luis Carlos Barreto, aludiendo a su pasado político cercano al entonces director de la ANT y su condición de alto cargo del Ejecutivo, que apoyaría la celeridad del trámite de reducción del convenio, a cambio de direccionar con Barreto Gantiva los contratos que la Ungrd financiaría con los recursos reducidos y trasladados a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que finalmente ascendieron a $100.000 millones, a cambio de lo cual cobraría coima a las empresas a las que se les adjudicara la contratación”, explicó la fiscal del caso.

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El ente investigador también puso de presente otro hecho que tiene contra las cuerdas al exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro: la apropiación de $3.000 millones en efectivo por cuenta de coimas solicitadas y en razón de un contrato firmado entre la Ungrd y la Corporación Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques pequeños.

De acuerdo con la lectura de la fiscal María Cristina Patiño, quien lleva el expediente, ese dinero fue entregado por Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd, a Luis Carlos Barreto Gantiva en un baño de un centro comercial en Bogotá. Barreto, por su parte, tenía la misión de entregárselos a Manrique.

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