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Este jueves 22 de julio, la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá citó, una vez más, a todas las partes del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por una posible manipulación de testigos. En la diligencia se esperaba que la Fiscalía pudiera leer su solicitud de preclusión, que anunció desde marzo de este año, para que la jueza entre a estudiar si archiva la investigación o si el fiscal Gabriel Jaimes debe seguir adelante con la judicialización de Uribe. No obstante, un abogado más, que no había intervenido antes en el caso, tiene frenada la diligencia.
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Se trata del abogado Luis Alfredo Castro Barón, quien, desde detención domiciliaria, allegó a la jueza 28 hace varias semanas una solicitud para ser reconocido como víctima. Según ha dicho, representa al sacerdote jesuita Abel de Jesús Barahona Castro, desaparecido desde 1996. La jueza le negó esa petición de entrada, pero el abogado ha interpuesto varios recursos, entre los cuales está una tutela, todavía pendiente por resolver por el Tribunal de Bogotá. Y ahí es donde está el meollo del asunto, que trabó la audiencia de este jueves.
El abogado Castro Barón llegó a la diligencia a solicitar, nuevamente, que le fuera reconocida la calidad de víctima pues su cliente “fue desaparecido por el Estado colombiano bajo la presidencia de Ernesto Samper”. Sin embargo, la jueza le negó, una vez más, el pedido, porque el poder que presentó el abogado tiene más de 25 años y no es para actuar en este proceso en concreto. La Procuraduría, sin embargo, pidió que se declarara la nulidad de lo actuado y se le permitiera al abogado intervenir, para que, en un futuro, por ejemplo, la tutela pendiente no tumbe el resto del avance del caso Uribe.
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Es esa solicitud de nulidad la que ahora discuten las partes del proceso: el abogado de Uribe, Jaime Granados; el fiscal Gabriel Jaimes, las víctima reconocida formalmente hasta ahora, el senador Iván Cepeda, y las reconocidas parcialmente: el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. La jueza suspendió la audiencia y ordenó reanudar el lunes 26 de julio para dar a conocer su decisión.
Álvaro Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyera que, a través de terceros, como su exabogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, habría presionado a testigos para que cambiaran lo que han dicho sobre posibles nexos del político antioqueño con paramilitares. Uribe renunció al Congreso en agosto de 2020 y el caso pasó a la Fiscalía, que considera que el expresidente no cometió delito alguno.
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La génesis de este proceso se libró en la Corte Suprema de Justicia, cuando Álvaro Uribe interpuso una denuncia en contra del senador Iván Cepeda, por presuntas presiones y manipulación de paramilitares, cuyos testimonios enlodaban al líder natural del Centro Democrático. No obstante, hubo un revés del alto tribunal en la investigación y terminó abriendo una nueva pesquisa en contra del exmandatario lo terminó poniendo contra las cuerdas.
En julio de 2018, el expresidente fue llamado a indagatoria. Cumplió con la citación en octubre de 2019 y el proceso siguió en manos del magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, quien con una ponencia de más de 1.500 páginas terminó poniendo a Álvaro Uribe Vélez bajo detención domiciliaria en agosto de 2020. Fue reseñado por el Inpec y, al cabo de un poco más de un mes, el exmandatario renunció a su curul en el Congreso, con lo cual su proceso pasó a la Fiscalía. El movimiento fue visto como una jugada de su equipo de abogados, que han señalado que en la Corte Suprema no había garantías procesales.