El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Daniel Díaz, se entregó a las autoridades luego de que el pasado 29 de enero se dictara orden de captura en su contra, por presuntamente haber recibido dinero o sobornos a cambio de no investigar a varios posibles implicados en el cartel de la hemofilia en Córdoba.
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El ente investigador le imputó cargos a Díaz por concierto para delinquir y cohecho (soborno). La Fiscalía apunta a que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; Edwin Besaile, actual gobernador del departamento; y su hermano y senador de la República, Musa Besaile, estarían entre las personas favorecidas por las acciones desplegadas por Díaz Torres, quien era funcionario de mucha confianza del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno.
Según los investigadores Díaz pidió $1.500 millones al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, para frenar una investigación por el desfalco en la salud en el departamento. Sin embargo, le fue consignada solo una parte del pago. “Usted, fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, acepto promesas remuneratorias por $300 millones para no judicializar a José Jaime Pareja”, dijo la Fiscalía. Pareja era el secretario de Salud de Edwin Besaile, renunció en enero del año pasado.
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La Fiscalía aseguró en su momento que sus sospechas de que algo no estaba bien en la Gobernación de Córdoba aparecieron en 2016, cuando la fiscal Martha Sepúlveda investigaba el cartel de la hemofilia. Según el ente investigador, Sepúlveda comenzó a recibir “presiones indebidas”, las cuales se realizaron justo tres meses después de que Luis Gustavo Moreno se posesionara como jefe de la Unidad Anticorrupción. De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, el propósito de Moreno era, a través de comités técnicos, “desplazar y reemplazar el equipo de trabajo” que lideraba Sepúlveda para que Díaz quedara liderando la investigación.
El pasado 4 de octubre, un juez de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Díaz y al exsecretario de salud de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán, pues aseguró que fueron escasas las pruebas presentadas por el ente investigador para demostrar la responsabilidad de los capturados en los delitos que fueron imputados. La Fiscalía apeló la decisión y por eso un juez de Bogotá emitió la orden de captura el 29 de enero de este año.
Por -Redacción Judicial
