Las tensiones entre el Gobierno y el poder judicial volvieron a escalar luego de que el Consejo de Estado suspendiera la totalidad del decreto que ordenaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, una decisión que frenó el movimiento de cerca de COP 5 billones y generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales e insistió en que las diferencias entre las ramas del poder público deben tramitarse dentro de los cauces institucionales.
En diálogo con Caracol Radio, el magistrado cuestionó los señalamientos contra las altas cortes y alertó sobre el impacto de ciertos discursos en la confianza ciudadana hacia la justicia. Según dijo, “no está bien que se pueda agredir a una Corte o hacer comentarios desobligantes” y advirtió que, en algunos casos, “se usan narrativas para afectar el equilibrio de poderes”.
Tras el fallo del Consejo de Estado, el mandatario Petro calificó en su cuenta de X la decisión judicial como un “golpe de Estado”, al asegurar que: “Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad para anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”.
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El magistrado Lenis Gómez recordó que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un pronunciamiento en el que reiteró “la importancia de que exista un diálogo armónico entre las distintas ramas del poder público porque les permite a todos hacer que el Estado y la justicia funcionen”.
Asimismo, sostuvo que las diferencias frente a decisiones de los jueces son legítimas, pero advirtió que deben expresarse con respeto institucional. “Las discrepancias frente a decisiones judiciales son válidas, pero deben hacerse dentro de un cauce de respeto y con los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico para ello”, manifestó Lenis Gómez.
El presidente de la Corte Suprema también se pronunció al respecto en el primer panel del Foro Colombia Unida en Democracia, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Universidad Externado y El Tiempo. Allí, Lenis aclaró que existe una línea que no debe cruzarse: “no es normal es que se agreda a las ramas del poder público o a la justicia, o se atropelle porque no se esté a favor de una decisión”.
El magistrado agregó que “las diferencias pueden tramitarse por los cauces institucionales. Ese es el verdadero talante democrático”. En esa misma línea, insistió en que las decisiones judiciales no pueden ser celebradas o rechazadas según favorezcan políticamente a un gobierno. “Un gobierno no puede aplaudir las decisiones cuando le favorecen y, cuando no le convienen, salir en contra, criticar o agredir a la justicia”, enfatizó.
La respuesta del Consejo de Estado
La controversia por la suspensión del decreto de pensiones creció luego de que Petro pidiera públicamente, a través de un mensaje en X, demandar penalmente al magistrado ponente de la decisión, Juan Enrique Bedoya Tovar. “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el mandatario.
Ante los cuestionamientos, el Consejo de Estado defendió la independencia judicial y pidió respeto por sus decisiones. El alto tribunal aseguró que “El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.
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Además, el tribunal calificó como preocupantes las declaraciones del presidente y de otros integrantes del Ejecutivo, al advertir que: “La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.
El Consejo de Estado también señaló que la libertad de expresión no puede utilizarse para “edificar mensajes que privilegian el impacto” y advirtió que discursos de ese tipo no solo afectan a las instituciones, sino que también pueden poner en riesgo la integridad de quienes toman decisiones judiciales.
El decreto suspendido
La decisión del Consejo de Estado fue adoptada el pasado lunes 11 de mayo, cuando suspendió de forma provisional la totalidad del Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno el pasado 23 de abril. La norma ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladar a Colpensiones más de COP 27 billones en las semanas siguientes.
Sin embargo, esta no fue la primera intervención del alto tribunal. El 28 de abril, la Sección Segunda del Consejo de Estado ya había suspendido parcialmente algunas medidas relacionadas con el traslado de recursos correspondientes a personas que migraron de fondos privados al sistema público, pero que aún no se habían pensionado. La más reciente decisión judicial cobija los recursos de quienes ya cumplieron los requisitos para pensionarse tras haberse trasladado desde fondos privados a Colpensiones.
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