Se evita paro judicial
El Consejo Superior de la Judicatura reversó el acuerdo mediante el cual suprimió 130 juzgados.
Redacción Judicial
Tras un encuentro realizado entre la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y Asonal Judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió reversar el acuerdo mediante el cual se suprimieron casi 130 juzgados de descongestión y alrededor de 2.800 cargos.
El presidente de la Sala Administrativa, el magistrado Pedro Munar, indicó que lo que se va a hacer es usar hasta el último peso de los $170 mil millones que el Gobierno le inyectó la semana pasada para mantener incólume la planta de personal, de acuerdo con la Sala Administrativa, esta medida alcanzará para mantener la planta hasta mediados de noviembre, cuando el Consejo Superior espera que el Gobierno inyecte un nuevo capital que evite un colapso judicial y un posible paro.
"El Gobierno tiene que entender que las medidas de descongestión son para atender un déficit en la justicia", que ya no da abasto. "Al final, quienes sufren con este recorte son los ciudadanos", indicó Munar.
De esta forma se cierra la posibilidad de un nuevo paro judicial como el que se avecinaba por cuenta del cuestionado acuerdo de la Judicatura. Sin embargo, de no inyectarse un nuevo capital -la judicatura ha dicho que se necesitan, por lo menos, $80 mil millones más de lo acordado- se produciría un descalabro en noviembre con su posible cese de actividades. El Gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto de esta decisión.
Tras un encuentro realizado entre la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y Asonal Judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió reversar el acuerdo mediante el cual se suprimieron casi 130 juzgados de descongestión y alrededor de 2.800 cargos.
El presidente de la Sala Administrativa, el magistrado Pedro Munar, indicó que lo que se va a hacer es usar hasta el último peso de los $170 mil millones que el Gobierno le inyectó la semana pasada para mantener incólume la planta de personal, de acuerdo con la Sala Administrativa, esta medida alcanzará para mantener la planta hasta mediados de noviembre, cuando el Consejo Superior espera que el Gobierno inyecte un nuevo capital que evite un colapso judicial y un posible paro.
"El Gobierno tiene que entender que las medidas de descongestión son para atender un déficit en la justicia", que ya no da abasto. "Al final, quienes sufren con este recorte son los ciudadanos", indicó Munar.
De esta forma se cierra la posibilidad de un nuevo paro judicial como el que se avecinaba por cuenta del cuestionado acuerdo de la Judicatura. Sin embargo, de no inyectarse un nuevo capital -la judicatura ha dicho que se necesitan, por lo menos, $80 mil millones más de lo acordado- se produciría un descalabro en noviembre con su posible cese de actividades. El Gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto de esta decisión.