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Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá responder el expresidente del Congreso Javier Cáceres por sus presuntos vínculos con paramilitares en el inicio del juicio en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado.
Cáceres es investigado por sus presuntos vínculos con el Bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas para arribar al Congreso en 2006.
Al parecer, el dirigente se reunió con el excomandante del grupo armado ilegal Úber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, para asegurarse el respaldo de los paramilitares en varios municipios del Sur de Bolívar, en el propósito de lograr su elección.
Aunque una declaración del desmovilizado ante la Procuraduría había sido determinante para decretar el cierre de la investigación disciplinaria en su contra, por parapolítica, el señalamiento que éste hizo ante la Corte terminó siendo determinante para considerar altamente probable el que el dirigente haya establecido la aludida alianza con fines electorales.
Ya la Corte Suprema aceptó los testimonios dentro del proceso del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
Teniendo en cuenta que el exparlamentario militó en el Polo Democrático y en Cambio Radical, se espera que el burgomaestre y el ministro, como exjefes de cada una de esas colectividades, respectivamente, manifiesten las condiciones en las que se produjo el aval a su candidatura en la costa Atlántica.
Esto, sin perder de vista que Cáceres llegó al legislativo en 2002 en representación del Polo y cuatro años más tarde como candidato de Cambio Radical, lo que ha llevado a la Corte a concluir que incluso después de la desmovilización los paramilitares apoyaron al dirigente en sus propósitos electorales.
De la misma manera, fue autorizada la declaración de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; y Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’.
A su vez, se autorizó estudiar los testimonios del gobernador de Nariño, Antonio Navarro; y de la exsenadora Piedad Zucardy, quienes al igual que el ministro Vargas Lleras recibirán el cuestionario y lo responderán de manera escrita, es decir, bajo la modalidad de la declaración juramentada.
El dirigente político, quien se encuentra detenido desde el 14 de septiembre de 2010, también es investigado por el delito de tráfico de influencias dentro del proceso por las irregularidades en la intervenida Etesa.