La alimentación diga en prisión es un derecho burlado. Esa es la conclusión a la que llega un reciente informe de la Comisión de Seguimiento a la vida en las cárceles, un grupo de expertos investigadores en el sistema penitenciario. Entre las conclusiones está que el 54 % de las cárceles tiene problemas higiénicos en equipos y utensilios, y El 39% tiene posibles problemas de infraestructura para la prestación adecuada de los servicios de alimentación. El Espectador habló con la jurista Kelly Giraldo, investigadora de Dejusticia, para conocer detalles del informe. Los resultados, como desde 1998, son terribles.
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¿Cuáles son los hallazgos más importantes de la Comisión de Seguimiento?
En su último informe, la Comisión de Seguimiento (de la cual hace parte Dejusticia) destaca la persistencia de la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, a pesar de que van más de 10 años de declarada la actual crisis carcelaria. Dentro de las tendencias observadas en el seguimiento el informe se concentra en asuntos muy importantes como los graves problemas de desgobierno del INPEC que están relacionados con dos asuntos. Por un lado, las amplias facultades con las que cuentan los directores de cada establecimiento (que se han prestado para presuntos actos de corrupción y arbitrariedad).
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Por el otro lado, está la existencia de un gobierno de facto por parte de ciertas personas, denominados “plumas”, que imponen normas y sanciones dentro de la prisión, y ese gobierno de facto parece contar con la connivencia o tolerancia de la guardia penitenciaria. Mientras el poder y discrecionalidad de los directores de las cárceles parece estarse prestando para prácticas reprochables como cobrar sobornos o extorsiones a personas privadas de la libertad, el gobierno o cogobierno de “los plumas” conlleva a que puedan imponer reglas y sanciones dentro de la prisión, como la prohibición de muestras de afecto entre la población LGTBIQ+.
¿La actual dirección del Inpec ha hecho algo por combatir el desgobierno palpable en las cárceles?
No conozco medidas concretas que haya adoptado la Institución, pero el Informe de la Comisión sí destaca que el ejercicio de gobierno en algunas prisiones por parte “los plumas” parece estarse llevando a cabo sin ninguna oposición por parte de la guardia o las autoridades penitenciarias. La Comisión apunta entonces a que es necesario fortalecer el control efectivo sobre los directores y funcionarios de los establecimientos.
¿De qué manera se articula una falta de alimentación adecuada con el proceso de resocialización?
Personalmente, creo que no es coherente pedirle a una persona que respete los derechos ajenos y que no recaiga en los comportamientos considerados dañinos que la llevaron a prisión, si en medio de la ejecución de la pena lo que hace el Estado es atentar de forma constante contra sus derechos más fundamentales. Un adecuado proceso de reintegración social pasa por reforzar el respeto de la dignidad humana, pero cuando recibes alimentos en estado de descomposición y con olores nauseabundos, el mensaje y los hechos apuntan a lo contrario.
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Lo que encontramos hoy en las cárceles es precisamente eso: no se está dando un trato digno y respetuoso de la humanidad de estas personas que permita su rehabilitación para una adecuada reintegración social, que es el fin principal de la pena.
¿Cuáles son los casos más impresionantes, en cuanto a la alimentación, que mapearon en el último año?
Recientemente, la Comisión de Seguimiento ha identificado graves situaciones frente a la alimentación que han tenido que soportar mujeres y población privada de la libertad en la prisión de Pedregal, en Medellín, y del Buen Pastor, en Bogotá. Esas situaciones llevaron hace poco a que algunas mujeres se declararan en huelga de hambre en ambas prisiones.
En el caso de Pedregal, después de una visita al lugar, la Comisión conoció de denuncias que apuntan a que los internos son sometidos al hambre o ayunos prolongados de 12 horas o más, y la calidad de los alimentos que están recibiendo las personas es deplorable: con proteínas en mal estado, alimentos con moho y gorgojos, e incluso casos de alimentos contaminados con vidrios. En el Buen Pastor las situaciones son también intolerables, pues reciben comida con olores nauseabundos y en completo estado de descomposición, además de que hay fugas en tuberías con restos de heces humanas y orina.
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Además de estas denuncias sobre vulneraciones al derecho a la alimentación digna en prisión, la Comisión también ha sabido de casos de serias afectaciones a la salud (las personas en Pedregal reportaron desmayos, malestares estomacales y diarrea). También nos reportaron múltiples eventos de intoxicaciones masivas, como la de septiembre de 2023 en Pedregal donde resultaron afectadas 640 personas o la que tuvo lugar en marzo de 2021 en Acacías (Meta) donde 404 internos resultaron afectados.
¿Por qué la USPEC siempre escoge operadores de alimentos que entregan la comida en condiciones insalubres?
Esta es una pregunta que desde la Comisión también nos hacemos, porque realmente los alcances y responsables de esta crisis todavía no han sido identificados claramente. Por eso, la Comisión ha señalado la necesidad urgente de una mayor supervisión, investigación y sanción de los operadores de alimentos que incumplen y afectan gravemente el derecho a la salud y la alimentación digna en prisión.
Sancionar de forma contundente los posibles o presuntos incumplimientos de los operadores de alimentos es una labor que le corresponde a la USPEC y mientras no se haga es muy fácil que continúen las vulneraciones de estos derechos en prisión.
¿Cómo logramos que la USPEC sancione a los operadores que entregan mal la comida?
Es necesario establecer mecanismos más robustos de supervisión, control y sanción, esto es parte imprescindible de la respuesta. En estos mecanismos deben estar implicadas todas las autoridades que de alguna manera están vinculadas con la prestación de los servicios en prisión (Ministerio de Justicia, INPEC, USPEC), pero también las personas privadas de la libertad.
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Parte de la labor de la Comisión de Seguimiento ha sido exponer estas irregularidades para que se atiendan urgentemente en el proceso de superación de la crisis carcelaria.
Este año cerraron el Rancho en El Pedregal por fallas de salubridad, ¿por qué esa decisión empeoró la situación?
El rancho es el lugar donde se preparan los alimentos dentro de la prisión. Al cerrar ese lugar, tuvieron que traer alimentos desde sitios lejanos, y eso implicó retrasos en las entregas, hambre o ayunos prolongados, además de que algunos alimentos parecen haber llegado en estado de descomposición, según los reportes que ha recibido la Comisión.
¿Qué podemos hacer para algún día estar mejor en cuanto a alimentación en cárceles?
La primera medida es el monitoreo, supervisión y sanción para asegurar que los alimentos proporcionados cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Además, la resolución de las denuncias sobre los presuntos incumplimientos contractuales de las empresas prestadoras del servicio de alimentación. Y finalmente, capacitación al personal que presta los servicios de alimentación, así como al personal penitenciario y de salud sobre la importancia de respetar los derechos humanos de la población privada de la libertad.
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