16 Apr 2020 - 12:15 a. m.

"Se quedó corto": críticas de presos y abogados al decreto de excarcelaciones por COVID-19

El decreto en principio beneficiaria a cerca de 4.000 reclusos que sean mayores de 60 años y que tengan enfermedades críticas. No obstante, excluye de la posibilidad de casa por cárcel múltiples delitos. Abogados acudieron a la CIDH.

Redacción Judicial

El Ministerio de Justicia expidió este miércoles el decreto que permite excarcelar a cerca de 4.000 personas como una medida para combatir el hacinamiento y evitar un contagio masivo de COVID-19 en las prisiones del país. Tras conocerse sus detalles, una lluvia de críticas llegó de parte de población reclusa y reconocidos abogados que consideraron la medida insuficiente y tardía ante el panorama actual pues ya hay más de 15 casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio.

El decreto otorgaría casa por cárcel a mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años y quienes padezcan enfermedades graves como: cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, que dependan de la insulina, con trastornos pulmonares, hepatitis B o hemofilia, entre otros. Y no cobija a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos contra niños (especialmente de índole sexual), por actos de corrupción o quienes se hayan acogido a procesos de paz.

(En contexto: Las cárceles de cara al Covid-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento)

En general, son más de 60 las conductas que quedaron excluidos de la posibilidad de excarcelación. Ricardo, quién está preso en ERON Picota, le dijo a este diario que el decreto es un absurdo. “Están jugando con nosotros los reclusos. Están violando nuestros derechos a la vida y a la salud. Lo que están esperando es que llegue la muerte acá como lo que está pasando en Villavicencio. Seguimos en huelga”, dijo.

“No están haciendo una descongestión carcelaria real al excluir delitos. Que no nos digan que están haciendo una obra de caridad”, agregó. Óscar Sierra, abogado penalista y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas aseguró que “el decreto se quedó corto. Nuestra política criminal tiene una enfermedad mas grave y contagios que el propio COVID-19 y es el populismo punitivo que se caracteriza en todas sus decisiones. Cada vez que se hace un llamado a activar las garantías de la población privada de la libertad, el desarrollo genera más límites”.

EL Colegio de Abogados, a través de su presidente, Francisco Bernate, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medidas cautelares “ante el peligro inminente de contagio del coronavirus”. La decisión se tomó luego de hacer múltiples llamados al gobierno para que se tomen medidas que eviten un brote que sería letal en las prisiones.

“Hagamos un resumen del decreto: no saldrá casi nadie de prisión, si se va, es para casa y luego regresar. No se crea un solo cargo de juez nuevo y se mantienen todas las exclusiones hoy vigentes. ¿Necesitaban tanto tiempo para semejante despropósito?”, dijo el abogado Bernate. El jurista Ricardo Calvete aseguró que realmente serían más de 120 los delitos excluidos. “Lo cierto es que la solución o el alivio no parece significativo. Los privados de libertad que cumplen los primeros requisitos (edad, enfermedad, discapacidad, porcentaje de pena cumplida, etc.), tendrán altísimas probabilidades de estar dentro del listado de exclusión”.

La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados también anunció que presentará una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y queja formal ante el grupo de trabajo contra la detención arbitraria de las Naciones Unidas respecto al decreto de excarcelaciones “para que el Estado de Colombia implemente medidas reales, efectivas, oportunas y no discriminatorias que tengan el fin legítimo de proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de la libertad frente al riesgo inminente del COVID19”.

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