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Una funcionaria de la Relatoría de la Corte Constitucional se arrogó, en días pasados, la vocería de la Sala Plena y le contestó a una congresista que no se puede “convocar una consulta popular sin concepto afirmativo del Senado”. La corporación publicó un comunicado en que la desautoriza. Este incidente ¿indica desorden y falta de controles internos o esa institución está tan politizada que cualquier empleado cree que puede hablar a su nombre?
No conozco los detalles internos del caso pero creo que esa funcionaria debió entender, de buena fe, que estaba respondiendo un derecho de petición. No comprendió bien lo que hacía, ni se dio cuenta de que le estaban formulando una consulta jurídica. Realmente, ella no lo podía responder porque la Corte no es órgano consultivo de ninguna autoridad ni persona, incluyendo a los congresistas, porque no tiene competencia jurídica para absolver las consultas que le planteen. Para responder a su pregunta, no creo que ese incidente refleje falta de controles ni desorganización. Pienso que es un caso aislado de indebida clasificación de una comunicación que no ha debido remitirse a la Relatoría ni ser respondida por ella. Se trata de un error humano.
Precisamente hablando del debate sobre la realización de una segunda consulta popular proyectada por el Gobierno después de que se cayó su primera propuesta en el Senado, en su criterio, este nuevo intento de consultar al pueblo con las mismas preguntas de la que se hundió, más cuatro interrogantes nuevos ¿es constitucional?
Como usted lo dice, la segunda consulta tiene unas preguntas antiguas (laborales) más otras nuevas sobre otro tema diferente (de salud) al inicialmente propuesto. Yo creería que, sobre las preguntas antiguas, el Senado ya emitió una votación negativa aunque todavía haya discusión sobre lo que realmente ocurrió durante la contabilización de los votos. Pero, en principio, la decisión del Senado fue negar la consulta que contenía las preguntas de tipo laboral. No encuentro una norma constitucional o legal que prevea una especie de derecho de insistencia del Gobierno ante el Congreso sobre la misma consulta. Las preguntas nuevas no han sido objeto de pronunciamiento en el Senado. No existe una norma clara que lo regule pero, dentro de un espíritu de favorecimiento a la participación democrática, eventualmente podría considerarse que esas nuevas preguntas se pueden escindir o separar de las otras para ser objeto de un pronunciamiento independiente por parte del Senado. Sin embargo, esto es especulativo porque no existe una norma ni una decisión judicial previa que se refiera a esa posibilidad.
El ministro del Interior ha dicho que si el primero de junio, que para efectos legales es mañana lunes 2 de junio, el Senado no se ha pronunciado sobre la consulta popular, el Gobierno podría convocarla por decreto ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación de Benedetti?
No encuentro una norma que sustente esa posición. Puede ser que exista, pero no la tengo en el radar.
En realidad, el tire y afloje sobre la realización de una consulta para que la reforma laboral sea resuelta mediante voto popular, es la más reciente manifestación del enfrentamiento institucional que vive Colombia entre el Gobierno, de una parte, y los poderes Legislativo y Judicial - además del poder privado económico y mediático -, de la otra parte ¿Cree que la democracia está “bloqueada” como afirman algunos, y que habría que acudir a mecanismos extremos como una constituyente?
Creo que hay un enfrentamiento entre el presidente de la República y el Congreso. La Rama Judicial no ha actuado aún, que yo sepa. Es posible que esta encuentre la manera de resolver ese conflicto y que garantice el principio de separación de poderes y de soberanía popular sin necesidad de acudir a otros cauces.
Me refiero a manifestaciones del mandatario en que se ha mostrado crítico con respecto a decisiones o actos de alguna de las cortes; y a las respuestas en tono alto – a veces confrontador, como cuando los dignatarios de la justicia no han aceptado invitaciones a palacio -, de algunos presidentes de las corporaciones judiciales ¿No cree que las contraposiciones de los togados incentivan, aún más, la polarización de país?
El presidente tiene un estilo muy personal pero no ha llegado a las vías de hecho. Las discusiones públicas se han estado dirimiendo, hasta ahora, por los cauces de la democracia. Por ejemplo, el Consejo de Estado admitió una demanda contra la manera como se negó, en la plenaria del Senado, la consulta popular sobre temas laborales. En cuanto a los presidentes de las cortes, no creo que desatender ciertas reuniones en palacio, afecte la democracia. Todo lo contrario, es una garantía de independencia judicial y así debe ser analizado.
Usted se retiró de la Corte porque cumplió su periodo de ocho años pero, si me contestara con toda sinceridad, ¿agradecería que su tiempo de togada haya terminado justo ahora, cuando la corporación enfrenta tanta dificultad jurídica, filosófica, ideológica y política?
Es un momento difícil para la Corte y me siento tranquila por mí, es cierto. Pero pensando en el interés general, también estoy segura de que la corporación continuará defendiendo la integridad y supremacía de la Constitución.
El nombre de la Corte ha estado enredado en las disputas políticas de los bandos polarizados que existen en el país ¿Qué opina sobre lo que sostienen algunos, acerca de la supuesta “derechización” del alto tribunal frente al gobierno Petro, con magistrados como Jorge Enrique Ibáñez o Paola Meneses, entre otros? ¿Cree que ellos están haciéndole “oposición” con sus sentencias orientadas a tumbar las reformas del Ejecutivo?
Algunos dicen que la Corte se ha derechizado, pero otros opinan lo contrario: que ha virado hacia la izquierda. La Corte es un escenario pluralista, como deben ser todas las instituciones democráticas. Todos los que llegamos a la corporación, lo hacemos con nuestras posiciones ideológicas y jurídicas. Pero como las decisiones son colegiadas, es forzoso sentarse a oír a los demás, apreciar sus puntos de vista y aceptar que, tal vez, tienen razón en una faceta que uno no había tenido en cuenta. En mis ocho años de ejercicio como magistrada, la Corte estuvo compuesta por personas respetuosas, tolerantes y amables. Somos un grupo de amigos. Aunque algunos de nosotros asumiéramos posturas distintas, es un hecho perfectamente normal en democracia y las diferencias se resuelven, siempre, con la regla de oro: por mayorías. Sin embargo, debo decirle que siempre buscamos lograr decisiones lo más consensuadas que fuera posible. Intentábamos tomarlas por unanimidad, pese a que, en ocasiones, implicara ceder un poco en puntos que no constituyen las líneas rojas de cada quien.
En el otro extremo político, como usted lo ha señalado, se ha dicho – incluso personajes tan notorios como Germán Vargas Lleras – que existe un alto riesgo de que el presidente Petro termine “controlando” la Corte para subordinarla a sus intereses, debido a la renovación de magistrados. Se refieren, por ejemplo, a Vladimir Fernández (exsecretario Jurídico de Presidencia; a Miguel Polo Rosero (que trabajó con Fernández) y a quien la reemplazó a usted: Héctor Carvajal, exapoderado del mandatario. Esa apreciación, ¿es cierta?
La forma en que se elige a los miembros de la Corte y el periodo fijo de ocho años de sus magistrados, son mecanismos para darle independencia a la corporación. En total, nueve magistrados componen la Sala Plena; entre ellos, tres son elegidos de postulaciones presentadas por la Corte Suprema de Justicia al Senado; tres, provienen del Consejo de Estado y tres, del presidente de la República. Note que seis de esos magistrados tienen origen en la propia Rama Judicial. Los restantes tres sí son presentados por el presidente pero, claramente, no constituyen la mayoría. Además, la Corte no se define solo por sus magistrados: se trata de una institución con 33 años de existencia, que ha construido una sólida jurisprudencia que se respeta y que es difícil de modificar, además de ser una corporación consistente y admirada en el campo internacional. Nadie puede llegar allá, a decir cualquier cosa pues su trabajo es serio, muy bien fundamentado y elaborado no solo por los magistrados titulares sino, también, por un cuerpo de magistrados auxiliares y abogados con larga trayectoria. Todos contribuyen al rigor y sistematicidad de sus análisis. No obstante, también es cierto que la independencia del juez es una virtud personal que cada cual debe aprender a ejercer.
Usted fue secretaria Jurídica de la Casa de Nariño cuando el jefe de Estado era Juan Manuel Santos; el expresidente Uribe también llevó a la Corte a su propio jurídico, Mauricio González Cuervo. Este factor profesional de ustedes, ¿los inhabilitó para fallar de manera independiente?
Como dije antes, existen garantías en la Corte para ejercer la magistratura con independencia: el periodo es fijo y eso ayuda bastante. En todo caso, como también señalé, la independencia lo mismo que la imparcialidad, son virtudes personales del juez y cada cual sabrá como las asume. Un buen magistrado decide con base en la Constitución y la ley; o sea, como debe ser, buscando, siempre, la justicia material y la defensa de la democracia. Respecto de los secretarios jurídicos de Presidencia de la República, esa condición implica que en no pocas ocasiones, uno haya dado conceptos sobre leyes que han pasado a sanción, o que hayan sido parte en tutelas que luego llegan a la Corte. En estos casos, existen los impedimentos que uno mismo pone de manifiesto. Si no lo hace, podrá ser recusado por esa razón.
Pero, con todo respeto por usted, los presidentes de la República – sean quienes hayan sido – han tratado de incidir en decisiones trascendentales de la Corte que afectan sus planes de Gobierno. Aunque hubiera sido por interpuesta persona, ¿tuvo que sortear una situación parecida o supo de alguna llamada de Casa de Nariño que tuviera esa pretensión?
Le respondo por lo que me consta: el expresidente Santos fue completamente respetuoso de mi independencia judicial. Las pocas veces que me llamó, lo hizo para felicitarme por algunas decisiones que yo había tomado, - y aclaro -, en casos que no tenían nada que ver con asuntos de su gobierno. Reitero: nunca me presionó, nunca me citó a reuniones o me llamó para sugerirme cómo tenía que resolver algún tema.
Volviendo a la polarización política, la oposición a la actual administración también ha calificado a otros miembros de la Corte como “petristas” por sus votos en determinadas materias. Entre ellos, ubican - aparte de Fernández, Polo y Carvajal -, a los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Quienes han “matriculado” a esos dos togados en esa corriente, ¿acertaron o han fallado?
La mención de los nombres que me acaba de indicar, los cuales, según algunos, podrían considerarse “petristas”, no es acertada. Con seguridad, los califican así debido a decisiones aisladas, sin tener en cuenta el conjunto de sus posiciones. Si se hiciera un estudio serio sobre las razones jurídicas que exponen, en cada caso, varios de los magistrados que me acaba de nombrar, se establecería que esa conclusión que usted menciona, no es atinente, no es pertinente.
Le confieso que estoy de acuerdo con usted pero las pasiones políticas no permiten discernimientos neutros. Permítame reitero otro punto: las disputas políticas y el debate público sobre temas álgidos, por ejemplo, la constitucionalidad de una reforma, ¿perturba a los togados y los constriñe cuando van a tomar decisiones y a votar, como se ha dicho, por ejemplo, de una elección en la Corte Suprema?
De nuevo, le contesto por mí: lo que se decide en la Corte Constitucional, crea un precedente y debe ser elaborado con base en la Carta Política y en la jurisprudencia, sin que medien las preferencias políticas: con argumentos jurisprudenciales. No creo que ningún magistrado se sienta constreñido por las discusiones públicas sobre cualquier tema. El debate en sala plena es plenamente jurídico e, insisto, prescinde de consideraciones políticas.
¿Se puede asegurar, sin lugar a dudas, que la Corte Constitucional falla siempre en derecho y apegada a la Carta sin consideraciones al Ejecutivo o a los opositores de turno? O ¿se han presentado excepciones?
Mire, para tomar una decisión siempre hay que motivarla en términos jurídicos. Esto no excluye la posibilidad de que los magistrados tengan posiciones personales que coincidan con las políticas públicas de un Gobierno pero lo que deben hacer, es fallar en derecho. En su pregunta, no obstante, usted no indaga por los magistrados aisladamente, sino por la institución. Yo creo que esta ha defendido, muchas veces, la integridad de nuestra democracia con independencia de quien sea el presidente de la República de turno; y que ha buscado, día tras día, que los derechos fundamentales de los seres humanos no sean letra muerta sino realidades en la vida de cada quien. Por eso la opinión cree en la Corte.
Como cierre a su periodo de magistrada, en su despacho quedaron varios fallos de tutela y otras decisiones ¿Cuál, entre todos las que tienen su firma como ponente, es el más importante, a su juicio, por sus efectos sociales y restauración de derechos?
Hay muchas sentencias que podría citar porque el ejercicio de la función judicial, y más en la Corte Constitucional, debido a los temas que le competen, le permite al juez restaurar derechos fundamentales que hayan sido desconocidos. Devolverles la dignidad a las personas y reafirmar los principios básicos de la democracia es una tarea muy satisfactoria, moralmente hablando. Pero hay una sentencia especial: en la que se revisó si un acto reformatorio de la Carta expedido por el Congreso, sustituía un valor constitucional muy importante. Se refería al acto legislativo que permitía la cadena perpetua a violadores de niños, niñas o adolescentes, víctimas de homicidio doloso o acceso carnal violento. En esta sentencia, la Corte recordó que la dignidad humana es un principio sobre el cual se funda nuestra sociedad democrática, que implica reconocer que la persona es capaz de autodeterminarse. Todos los seres humanos, aún los autores de los crímenes más execrables, tienen la posibilidad de resocializarse. La cadena perpetua supone que a esas personas se les niega, para siempre, la posibilidad de arrepentirse, cambiar y volver a la sociedad. Se les margina del todo. Esa medida fue considerada por la Corte como contraria a la capacidad de autodeterminación. Y en el contexto de nuestro hacinamiento carcelario, como una tortura irredimible.
“Nadie dijo que a (un cargo en) la Corte solo pueden acceder los ateos”
Usted ha sido reconocida como una jurista seria. Pero al inicio de su nominación a la magistratura de la Corte Constitucional por parte del expresidente Santos, se dijo que tenía convicciones religiosas muy arraigadas y que las favorecería en sus fallos ¿Tuvo que enfrentar sus creencias católicas con sus deberes profesionales, por ejemplo, cuando estudió el difícil tema sobre el derecho de las madres a interrumpir su embarazo? (Sent. C-055/22)
Nadie dijo que a la Corte Constitucional solo pueden llegar ateos. La libertad religiosa es un derecho y tener una convicción o no tenerla, no incide en otro derecho: el de acceder a un cargo. Todos los magistrados que hemos integrado esa corporación, vinimos con ideologías previas y con creencias religiosas, o sin estas. Es necesario insistir en que, de cualquier modo, las posiciones personales no afectan el derecho al acceso a un determinado cargo. La discriminación por motivos religiosos debe ser rechazada así como debe ser rechazado cualquier otro tipo de discriminación. Si bien es cierto que la religión puede determinar una posición ideológica, también lo es que Colombia es un país pluralista y que el pluralismo es una de las reglas básicas de la democracia.
“La universidad sí ha cambiado mucho”
Esta que termina, es su primera semana como decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario después de ocho años de ejercer como magistrada (y presidenta) de la Corte Constitucional. del campo público al netamente privado, ¿el cambio es brusco?
Considero la Universidad del Rosario como si fuera mi casa. Siempre es grato volver a ella y reencontrarme con una comunidad a la que pertenezco y aprecio. Regreso a trabajar aquí, para devolverle todo lo que me ha dado. Me apasiona la educación de las nuevas generaciones en el rigor académico y la formación de valores de este centro educativo. Aunque sea mucha carga, como está siendo, asumiré mis labores con toda ilusión.
Debe haberse encontrado con transformaciones extremas, sobre todo, con la personalidad de los alumnos actuales ¿El ambiente de la Corte, tan riguroso como se supone que debe ser, es muy distante del mundo estudiantil?
La universidad sí ha cambiado mucho en el modo de enseñanza, novedoso para cualquier profesor: hay una reducción de la utilización de la cátedra magistral y una reorientación a la educación jurídica de adquisición de competencias para la resolución de problemas jurídicos que, en todo caso, se suman a los conocimientos teóricos.
