Secretaría de Gobierno de Bogotá culpa a Rosa Elvira Cely de su propio ataque

Rosa Elvira Cely era una madre soltera que vendía dulces frente a la entrada peatonal del Hospital Militar de Bogotá para sostenerse. Con 35 años, validaba el bachillerato y aspiraba, si las finanzas lo permitían, ser psicóloga. Su estrato bajo y su condición humilde aseguraban que nunca encabezaría un titular de prensa, pero hoy existe incluso una ley en su nombre. La Ley Rosa Elvira. La Ley del Feminicidio –asesinar a una mujer sólo por su condición de mujer–. De no ser por el ensañamiento y la falta de piedad que Javier Velasco le mostró en la fría madrugada del 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional, su anonimato hubiera estado garantizado. La culpa de tan cruel ataque, sin embargo, fue de ella únicamente: así lo sostiene la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

El 22 de agosto de 2014, la familia de Rosa Elvira Cely presentó una demanda contra la Policía, la Fiscalía y las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá porque, a su parecer, no hicieron lo que debían para evitar el desenlace de esta historia. Fallaron, indicó esta familia, por no haber capturado a Javier Velasco a pesar de que tenía una orden de arresto; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido a ella adecuadamente después de la agresión. Ninguna de las entidades estuvo de acuerdo con la demanda; todas rechazaron cualquier compromiso frente a la muerte de Rosa Elvira Cely. El responsable es el asesino que fue condenado a 48 años de prisión, dijeron todos. La posición de la Secretaría de Gobierno, no obstante, fue más allá de negar responsabilidades.

“Culpa exclusiva de la víctima”, dice el intertítulo con el que comienzan los 15 renglones en los que la Secretaría, luego de argumentar cómo la línea 123 cumplió con su deber esa madrugada, justificó por qué Rosa Elvira Cely era la causante de su propio mal: “Todos sabían que (Javier Velasco y Mauricio Ariza, este último exculpado en el proceso) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Rosa Elvira Cely salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos”. Para esa época, ni siquiera en el centro de validación al que víctima y verdugo asistían estaban enterados de que Velasco, en agosto de 2002, había sido sentenciado por asesinar a una mujer. Pero Rosa Elvira, de acuerdo con la Secretaría, sí debía adivinar el riesgo que se avecinaba.

El segundo reproche a Rosa Elvira fue su “decisión” de irse con Velasco al Parque Nacional. Mauricio Ariza, quien validaba el bachillerato con ella y con Velasco, le contó a la Fiscalía que Velasco se ofreció a llevar a Rosa Elvira a su casa y que por eso ella se fue en su moto. Como está detallado en el expediente desde hace cuatro años, Velasco se desvió, la llevó al parque, la golpeó con el casco de su moto en la cabeza, la dejó casi inconsciente, la violó, la apuñaló y, en un gesto máximo de inclemencia, le introdujo ramas por el ano y la vagina hasta destruir sus intestinos y órganos pélvicos. Los médicos del Hospital Santa Clara, donde fue atendida, lloraban ante tanta sevicia. Pero, según la Secretaría de Gobierno, Rosa Elvira eligió arriesgarse yendo a ese sitio “desolado e intransitado en las noches”.

“Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”. Con esa frase la abogada Luz Stella Boada cerró sus argumentos y radicó el documento el pasado 11 de abril ante el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad. Una frase que encierra una idea arcaica: ¡Si tan sólo Rosa Elvira hubiera sido una mujer de casa! A Boada la delegó otra mujer, Nayive Carrasco. En manos de ambas quedó este caso tras el cambio de alcalde, pues aunque la demanda se había presentado en 2014, llevaba año y medio dando tumbos de juzgado en juzgado. Carrasco es la jefa de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno, cargo en el que fue designada el 5 de enero por el secretario, Miguel Uribe Turbay.

Desde el jueves pasado, El Espectador contactó a la oficina de prensa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para indagar sobre la posición que asumió en este proceso, con el que la familia de Rosa Elvira Cely espera algún tipo de reparación ante tanto daño. La madre de Rosa Elvira, María Aurora Cely, es una mujer septuagenaria que vivía con su hija y con su nieta –a quien por cierto tuvieron que cambiar una vez de colegio, la matoneaban por la muerte de su madre– en una pensión cuando Rosa Elvira fue asesinada. Ahora, son doña María Aurora y sus hijos Adriana y John Jairo –especialmente Adriana– quienes, con recursos escasos, responden por la niña. La Secretaría de Gobierno no le entregó declaraciones a este diario.

“Qué aberración –expresa César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia–. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta de la Secretaría no tiene ni pies ni cabeza. Un ejemplo clásico para entender el concepto de culpa exclusiva de la víctima es el accidente de carro: tú cruzas una calle con el semáforo en verde y otro conductor, que se pasa la luz roja, es quien muere. Pero afirmar que una mujer que sale con hombres y termina violada o asesinada tiene la culpa de que le ocurrió es la perspectiva más troglodita del abuso sexual. En palabras rimbombantes, es decir, que la mujer no sólo se lo buscó, sino que también lo causó por salir con alguien no confiable. ¿Cuál es el criterio de la Secretaría para determinar si alguien es confiable? Estoy aterrado”.

La representante Ángela Robledo fue una de las mujeres que impulsó la Ley Rosa Elvira en el Congreso desde 2012 hasta 2015, cuando finalmente fue aprobada. Ella también manifestó su consternación y señaló que no era Rosa Elvira Cely quien había estado en el lugar equivocado, sino el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. “Además de crueles, esas palabras muestran una clara ignorancia sobre lo que significa el estado de indefensión de una persona”. Robledo contó que en El Placer, Putumayo, de donde regresó este viernes, oyó a mujeres que relataban cómo los paramilitares las habían violado alegando que lo merecían por su forma de vestir o por estar en la calle de noche. “¿Esa es la Bogotá Mejor para Todos del alcalde Peñalosa? Estamos mal. Qué infamia”.

Otra de las promotoras de la Ley Rosa Elvira, Isabel Agatón, directora de Cijusticia, reclamó por igual: “Se empodera al agresor y se reiteran esos imaginarios de que las mujeres son quienes buscan ser violadas. Decir que Rosa Elvira sabía que sus compañeros tenían comportamientos malosos no la hace responsable de su violación, empalamiento y muerte”. Mónica Roa, reconocida defensora de derechos de las mujeres, también dijo que “esta respuesta es absolutamente inaceptable. Varios pronunciamientos internacionales hacen un llamado para que las autoridades que administran justicia no reproduzcan los prejuicios sexistas que justifican y dejan impune la violencia contra las mujeres. Los funcionarios y funcionarias deben asumir la responsabilidad de este tipo de comentarios”.

Adriana Arandia Cely, quien pasó de ser diseñadora a convertirse en activista de asuntos de género por cuenta de la pesadilla que sufrió su hermana, ni siquiera se ha animado a contarle a su familia sobre la respuesta que dio la Secretaría de Gobierno de Bogotá. “Es una ofensa para mi familia, para la sociedad, para las mujeres. Siguen insistiendo en que nosotras somos las culpables. ¿Acaso mi hermana tenía que pedirle antecedentes a Javier Velasco? ¿Acaso alguien lo hace? Me da mucho dolor contarles algo así a mi mamá y a mi sobrina, sobre todo en vísperas del aniversario de su muerte. Pensaba que con el tiempo y las evidencias que están en el expediente ya no va a volver a oír esas cosas, pero veo que estaba errada”, le dijo Adriana Arandia a este diario. “Estoy indignada y me duele”.

Cuando la Ley Rosa Elvira se discutía en el Congreso, la bancada de mujeres presentó cifras devastadoras: una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días, víctima de alguna clase de violencia cada 15 segundos y de violencia sexual cada seis horas. Según el último informe de Medicina Legal, en el 71 % de los casos registrados de agresión contra una mujer la víctima conoció a su atacante versus un 48 % en el caso de los hombres. En la mayoría de esos casos la violencia la origina la pareja de la mujer. Y es la casa el escenario donde las mujeres son más maltratadas. Colombia, en cuanto a violencia de género se trata, ocupa un deshonroso lugar en Latinoamérica y hace cuatro años Rosa Elvira Cely se volvió un número más en ese mar de estadísticas.

* * *
Las condenas contra Velasco

Pasaron siete meses y tres días para que un juzgado penal de Bogotá condenara a Javier Velasco, el violador y asesino de Rosa Elvira Cely. La decisión se conoció en diciembre de 2012 y el castigo fue de 48 años de prisión y una multa de 800 salarios mínimos.

La defensa de Velasco apeló el fallo. Consideró que la pena debía ser menor, pues el procesado, días antes del fallo, había aceptado su culpa y le había pedido disculpas a los familiares de las víctimas.

Cuatro meses después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia y rechazó el argumento de la defensa. Además de esa condena, Velasco fue sentenciado a 36 años de prisión por la violación de sus dos hijas biológicas y 10 años de cárcel por el abuso de una trabajadora sexual. En todos los casos, Javier Velasco aceptó su responsabilidad.

Ley Rosa Elvira Cely

A comienzos de junio de 2015, la Cámara de Representantes aprobó la ley presentada por Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, que establece castigos severos a los homicidios cometidos en contra de las mujeres. Lo hizo en nombre de Rosa Elvira Cely en el tercer aniversario de su trágica muerte en el Parque Nacional, en Bogotá.

La iniciativa, entre otras cosas, permitió que se tipificara el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, y establece que se deben prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre con los principios de igualdad y no discriminación.

Rosa Elvira Cely era una madre soltera que vendía dulces frente a la entrada peatonal del Hospital Militar de Bogotá para sostenerse. Con 35 años, validaba el bachillerato y aspiraba, si las finanzas lo permitían, ser psicóloga. Su estrato bajo y su condición humilde aseguraban que nunca encabezaría un titular de prensa, pero hoy existe incluso una ley en su nombre. La Ley Rosa Elvira. La Ley del Feminicidio –asesinar a una mujer sólo por su condición de mujer–. De no ser por el ensañamiento y la falta de piedad que Javier Velasco le mostró en la fría madrugada del 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional, su anonimato hubiera estado garantizado. La culpa de tan cruel ataque, sin embargo, fue de ella únicamente: así lo sostiene la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

El 22 de agosto de 2014, la familia de Rosa Elvira Cely presentó una demanda contra la Policía, la Fiscalía y las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá porque, a su parecer, no hicieron lo que debían para evitar el desenlace de esta historia. Fallaron, indicó esta familia, por no haber capturado a Javier Velasco a pesar de que tenía una orden de arresto; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido a ella adecuadamente después de la agresión. Ninguna de las entidades estuvo de acuerdo con la demanda; todas rechazaron cualquier compromiso frente a la muerte de Rosa Elvira Cely. El responsable es el asesino que fue condenado a 48 años de prisión, dijeron todos. La posición de la Secretaría de Gobierno, no obstante, fue más allá de negar responsabilidades.

“Culpa exclusiva de la víctima”, dice el intertítulo con el que comienzan los 15 renglones en los que la Secretaría, luego de argumentar cómo la línea 123 cumplió con su deber esa madrugada, justificó por qué Rosa Elvira Cely era la causante de su propio mal: “Todos sabían que (Javier Velasco y Mauricio Ariza, este último exculpado en el proceso) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Rosa Elvira Cely salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos”. Para esa época, ni siquiera en el centro de validación al que víctima y verdugo asistían estaban enterados de que Velasco, en agosto de 2002, había sido sentenciado por asesinar a una mujer. Pero Rosa Elvira, de acuerdo con la Secretaría, sí debía adivinar el riesgo que se avecinaba.

El segundo reproche a Rosa Elvira fue su “decisión” de irse con Velasco al Parque Nacional. Mauricio Ariza, quien validaba el bachillerato con ella y con Velasco, le contó a la Fiscalía que Velasco se ofreció a llevar a Rosa Elvira a su casa y que por eso ella se fue en su moto. Como está detallado en el expediente desde hace cuatro años, Velasco se desvió, la llevó al parque, la golpeó con el casco de su moto en la cabeza, la dejó casi inconsciente, la violó, la apuñaló y, en un gesto máximo de inclemencia, le introdujo ramas por el ano y la vagina hasta destruir sus intestinos y órganos pélvicos. Los médicos del Hospital Santa Clara, donde fue atendida, lloraban ante tanta sevicia. Pero, según la Secretaría de Gobierno, Rosa Elvira eligió arriesgarse yendo a ese sitio “desolado e intransitado en las noches”.

“Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”. Con esa frase la abogada Luz Stella Boada cerró sus argumentos y radicó el documento el pasado 11 de abril ante el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad. Una frase que encierra una idea arcaica: ¡Si tan sólo Rosa Elvira hubiera sido una mujer de casa! A Boada la delegó otra mujer, Nayive Carrasco. En manos de ambas quedó este caso tras el cambio de alcalde, pues aunque la demanda se había presentado en 2014, llevaba año y medio dando tumbos de juzgado en juzgado. Carrasco es la jefa de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno, cargo en el que fue designada el 5 de enero por el secretario, Miguel Uribe Turbay.

Desde el jueves pasado, El Espectador contactó a la oficina de prensa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para indagar sobre la posición que asumió en este proceso, con el que la familia de Rosa Elvira Cely espera algún tipo de reparación ante tanto daño. La madre de Rosa Elvira, María Aurora Cely, es una mujer septuagenaria que vivía con su hija y con su nieta –a quien por cierto tuvieron que cambiar una vez de colegio, la matoneaban por la muerte de su madre– en una pensión cuando Rosa Elvira fue asesinada. Ahora, son doña María Aurora y sus hijos Adriana y John Jairo –especialmente Adriana– quienes, con recursos escasos, responden por la niña. La Secretaría de Gobierno no le entregó declaraciones a este diario.

“Qué aberración –expresa César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia–. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta de la Secretaría no tiene ni pies ni cabeza. Un ejemplo clásico para entender el concepto de culpa exclusiva de la víctima es el accidente de carro: tú cruzas una calle con el semáforo en verde y otro conductor, que se pasa la luz roja, es quien muere. Pero afirmar que una mujer que sale con hombres y termina violada o asesinada tiene la culpa de que le ocurrió es la perspectiva más troglodita del abuso sexual. En palabras rimbombantes, es decir, que la mujer no sólo se lo buscó, sino que también lo causó por salir con alguien no confiable. ¿Cuál es el criterio de la Secretaría para determinar si alguien es confiable? Estoy aterrado”.

La representante Ángela Robledo fue una de las mujeres que impulsó la Ley Rosa Elvira en el Congreso desde 2012 hasta 2015, cuando finalmente fue aprobada. Ella también manifestó su consternación y señaló que no era Rosa Elvira Cely quien había estado en el lugar equivocado, sino el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. “Además de crueles, esas palabras muestran una clara ignorancia sobre lo que significa el estado de indefensión de una persona”. Robledo contó que en El Placer, Putumayo, de donde regresó este viernes, oyó a mujeres que relataban cómo los paramilitares las habían violado alegando que lo merecían por su forma de vestir o por estar en la calle de noche. “¿Esa es la Bogotá Mejor para Todos del alcalde Peñalosa? Estamos mal. Qué infamia”.

Otra de las promotoras de la Ley Rosa Elvira, Isabel Agatón, directora de Cijusticia, reclamó por igual: “Se empodera al agresor y se reiteran esos imaginarios de que las mujeres son quienes buscan ser violadas. Decir que Rosa Elvira sabía que sus compañeros tenían comportamientos malosos no la hace responsable de su violación, empalamiento y muerte”. Mónica Roa, reconocida defensora de derechos de las mujeres, también dijo que “esta respuesta es absolutamente inaceptable. Varios pronunciamientos internacionales hacen un llamado para que las autoridades que administran justicia no reproduzcan los prejuicios sexistas que justifican y dejan impune la violencia contra las mujeres. Los funcionarios y funcionarias deben asumir la responsabilidad de este tipo de comentarios”.

Adriana Arandia Cely, quien pasó de ser diseñadora a convertirse en activista de asuntos de género por cuenta de la pesadilla que sufrió su hermana, ni siquiera se ha animado a contarle a su familia sobre la respuesta que dio la Secretaría de Gobierno de Bogotá. “Es una ofensa para mi familia, para la sociedad, para las mujeres. Siguen insistiendo en que nosotras somos las culpables. ¿Acaso mi hermana tenía que pedirle antecedentes a Javier Velasco? ¿Acaso alguien lo hace? Me da mucho dolor contarles algo así a mi mamá y a mi sobrina, sobre todo en vísperas del aniversario de su muerte. Pensaba que con el tiempo y las evidencias que están en el expediente ya no va a volver a oír esas cosas, pero veo que estaba errada”, le dijo Adriana Arandia a este diario. “Estoy indignada y me duele”.

Cuando la Ley Rosa Elvira se discutía en el Congreso, la bancada de mujeres presentó cifras devastadoras: una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días, víctima de alguna clase de violencia cada 15 segundos y de violencia sexual cada seis horas. Según el último informe de Medicina Legal, en el 71 % de los casos registrados de agresión contra una mujer la víctima conoció a su atacante versus un 48 % en el caso de los hombres. En la mayoría de esos casos la violencia la origina la pareja de la mujer. Y es la casa el escenario donde las mujeres son más maltratadas. Colombia, en cuanto a violencia de género se trata, ocupa un deshonroso lugar en Latinoamérica y hace cuatro años Rosa Elvira Cely se volvió un número más en ese mar de estadísticas.

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Las condenas contra Velasco

Pasaron siete meses y tres días para que un juzgado penal de Bogotá condenara a Javier Velasco, el violador y asesino de Rosa Elvira Cely. La decisión se conoció en diciembre de 2012 y el castigo fue de 48 años de prisión y una multa de 800 salarios mínimos.

La defensa de Velasco apeló el fallo. Consideró que la pena debía ser menor, pues el procesado, días antes del fallo, había aceptado su culpa y le había pedido disculpas a los familiares de las víctimas.

Cuatro meses después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia y rechazó el argumento de la defensa. Además de esa condena, Velasco fue sentenciado a 36 años de prisión por la violación de sus dos hijas biológicas y 10 años de cárcel por el abuso de una trabajadora sexual. En todos los casos, Javier Velasco aceptó su responsabilidad.

Ley Rosa Elvira Cely

A comienzos de junio de 2015, la Cámara de Representantes aprobó la ley presentada por Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, que establece castigos severos a los homicidios cometidos en contra de las mujeres. Lo hizo en nombre de Rosa Elvira Cely en el tercer aniversario de su trágica muerte en el Parque Nacional, en Bogotá.

La iniciativa, entre otras cosas, permitió que se tipificara el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, y establece que se deben prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre con los principios de igualdad y no discriminación.