Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El próximo 17 de mayo, la Fiscalía General le imputará el delito de falsedad ideológica en documentos públicos a la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Olarte, dentro del proceso que se adelanta por el llamado carrusel de las pensiones.
Según la investigación adelantada hasta el momento, la funcionaria habría presuntamente incurrido en una falta al presentar actas falsas con el fin de que se nombraran magistrados auxiliares en el alto tribunal.
El pasado ocho de mayo, en una rueda de prensa, la funcionaria fue clara en afirmar que dichos documentos no fueron falsificados ni nada por el estilo, y que todo se trató de un “error humano”, hecho por el cual no se puede prejuzgar y condenar a las personas.
“No hay falsedad en las actas, no hay espacios en blancos, no hay decisiones que se hayan tomados contrarias a la voluntad de la sala o que se le hayan escondido a la sala disciplinaria o algún magistrado”, precisó Olarte en dicha oportunidad.
En este caso precisó de la sesión en la cual se aceptó la renuncia del magistrado Iván Casanova Moreno, la secretaria disciplinaria precisó que el error fue de “transcripción” al no anotar que su reemplazo iba a ser Teresa Isabel Tovar.
En este sentido explicó que a dicha sesión si fueron siete magistrados, incluida la magistrada María Mercedes López, quien denunció estas presuntas irregularidades ante la Fiscalía General de la Nación.
En este caso se mostró sorprendida por el tiempo que transcurrió entre la celebración de esa sesión y las denuncias presentadas por la magistrada.
Igualmente la Fiscalía compulsará copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue las denuncias presentadas por la magistrada María Mercedes López sobre las irregularidades en dichos nombramientos.
Por El Espectador
