Hace exactamente dos años, a través de una publicitada rueda de prensa, la Dirección Antisecuestro de la Policía informó sobre el desmantelamiento de una poderosa red de secuestradores al servicio de la guerrilla de las Farc, de la que se dijo era responsable de al menos 60 plagios en Cundinamarca, Valle y Meta entre 2002 y 2006. La sorpresa mayor fue que a la presunta banda pertenecían un oficial, un suboficial, tres patrulleros y dos agentes de la Policía, la mayoría de ellos expulsados de la institución.
Dos de los implicados, 48 meses después, fueron amparados con cesación de procedimiento por falta de pruebas; dos más están a punto de quedar en libertad por la misma causa; el representante del Ministerio Público en el expediente solicitó anular todo lo actuado en el proceso por supuestos errores en el reconocimiento fotográfico de los sindicados, y sobre los tres presos restantes se libra una lucha jurídica para establecer si realmente estaban involucrados en secuestros o se trató de un falso positivo.
La investigación se originó en el secuestro del comerciante Roberto Romero Liévano, ocurrido el 25 de junio de 2001, cuando se desplazaba por la Autopista al Llano en una camioneta Mitsubishi, y fue interceptado por un Mazda y dos camperos Troopper, cuyos ocupantes se hicieron pasar por agentes del CTI. Tomaron el control del automotor y, en cercanías de Soacha, los plagiados fueron entregados a varios civiles, quienes a su vez se los entregaron a un grupo armado que emprendió con ellos una larga caminata por el monte.
Al cabo de algunas semanas, el frente 53 de las Farc, a través de una carta extorsiva, notificó el secuestro a la esposa del comerciante. El 3 de enero de 2002, el plagiado, Roberto Romero Liévano fue canjeado por sus dos hijos, Amparo y Jonhatan. Siete meses después, en el sector de La Julia (Meta), fue liberado el hijo. A su vez, Amparo Romero sólo alcanzó su libertad hasta comienzos del 2004, cuando fue entregada cerca al municipio de Mesetas, también en el Meta. Se estima que la familia Romero tuvo que pagar un rescate equivalente a unos $2.000 millones.
Inicialmente una Fiscalía Delegada ante el Gaula, emprendió a través de tres investigadores averiguaciones entre allegados a la familia Romero, sin resultados positivos. En febrero de 2006, después de varios meses sin avances, la misma fiscalía decidió reorientar la investigación y comisionó a una subintendente para que evaluara el caso. A las 24 horas, la funcionaria reportó al ente investigador la existencia de un informe de inteligencia fechado en marzo de 2004 sobre una organización presuntamente integrada por personal de la Policía, que se dedicaba a secuestrar en Bogotá para el frente 53 de las Farc.
En dicho informe, codificado como el Caso Zafiro, la subintendente relacionó los nombres de siete policías. Un mes más tarde el fiscal de la causa se reunió con Romero para revisar un álbum fotográfico y tratar de reconocer a sus plagiarios. Romero señaló a los siete policías del informe: el teniente Óscar Romero Piñeros; el subintendente Ricardo Bermúdez Robles; los agentes Belarmino Moreno Núñez y Efraín Rojas Manrique, y los patrulleros Juan Pablo Bedoya Albornoz, Diego Ramírez Cifuentes y Edwin Rodríguez Caballero.
A los dos meses, el 31 de mayo de 2006, la Fiscalía, tras escuchar sus descargos, ordenó su detención y los remitió a las
cárceles de La Picota y La Modelo. Quince días antes, la Dirección Antisecuestro de la Policía, argumentando que se trataba de una investigación de tres años en tres regiones del país, había dado a los medios de comunicación la noticia del desmantelamiento de la banda de secuestradores. Entonces empezó el rifirrafe jurídico que resolvió rápidamente la Fiscalía el 13 de abril de 2007 ordenando el llamamiento a juicio de los siete policías por los delitos de secuestro agravado, hurto calificado y peculado.
Además, a fin de reforzar su indagación, el ente investigador aportó como prueba los avances de otras pesquisas por secuestro. En concreto, la investigación por el plagio del ciudadano José María Vargas Álvarez, ocurrido el 7 de noviembre de 2001 en Bogotá. En dicho expediente, además del comandante guerrillero Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, fueron vinculados Óscar Romero Piñeros, Belarmino Moreno Núñez y Diego Armando Ramírez Cifuentes, tres de los policías acusados en el caso del secuestro de Roberto Romero.
Hasta ahí todo avanzaba exitosamente y la Dirección Antisecuestro de la Policía ostentaba haber desbaratado la banda que cometió 62 secuestros en cuatro años y que había convertido en asunto menor el escándalo por la existencia de la banda de Los Calvos, integrada, entre otros individuos, por varios policías y responsable del secuestro del vicepresidente de la empresa Yazaki Siemel, el ciudadano japonés Chikao Muramatsu. En dicha investigación habían sido condenados varios integrantes de la policía, a quienes se les comprobó que vendieron su víctima a las Farc, que luego asesinó al industrial.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2007 empezó a desmoronarse la película. El representante del Ministerio Público en el caso, Jorge Clavijo Bendeck, en documento enviado al Juzgado Segundo Penal del Circuito, argumentó la existencia de irregularidades sustanciales que presuntamente afectaron el debido proceso y el derecho a la defensa de los policías investigados y solicitó anular todo lo actuado en el proceso, a partir del publicitado reconocimiento fotográfico de los siete policiales, precisamente porque la diligencia se hizo sin abogados defensores y fue la prueba reina del proceso.
Desde entonces, el sonado positivo de 2006 se ha venido desmoronando como un castillo de naipes. Primero porque cada uno de los sindicados ha aportado abundante información sobre lo que presuntamente estaban haciendo el 25 de junio de 2001; segundo porque el 6 de diciembre de 2007 la Fiscalía precluyó la investigación que adelantaba contra Óscar Romero, Belarmino Moreno y Diego Ramírez por el secuestro de José María Vargas, y tercero porque el reconocimiento fotográfico sin contrastar otras opciones terminó por complicar el caso a las autoridades judiciales.
El pasado 13 de marzo quedó libre y sin proceso en su contra Ricardo Bermúdez Robles. El 14 de abril sucedió lo mismo con Efraín Rojas Manrique. Ya cursan en el Juzgado Segundo Penal del Circuito solicitudes para la libertad de Juan Pablo Bedoya y Diego Armando Ramírez. Los demás encartados también están a las puertas de la libertad. Especialmente el teniente Óscar Romero Piñeros, de quien llegó a decirse que, con el alías de Sipilla, era el encargado de hacer los contactos con otros miembros de la Policía para relacionarlos con las Farc. Hoy es un oficial que reclama como los demás su libertad.
Con una peculiaridad en su caso. El 15 de mayo de 2002, en uso de facultades discrecionales, el Ministerio de Defensa Nacional lo retiró del servicio activo. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 8 de febrero de 2007, anuló su destitución y ordenó su reintegro, hecho que se produjo el pasado 12 de octubre con firma del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Desde entonces han pasado siete meses, su abogado ha documentado que el día del secuestro de Roberto Romero su cliente estaba en curso de altos estudios en Suba y que debe quedar libre y absuelto igual que sus compañeros. Es decir, la noticia del gran operativo contra Los Calvos 2, resultó ser un titular de domingo en que no había muchas noticias.
Por Norbey Quevedo H.
