Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El próximo jueves, 5 de abril, la Fiscalía escuchará en interrogatorio a la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, por una investigación que está adelantando en relación con un detrimento patrimonial de $20.000 millones. En concreto, lo que el ente investigador indaga es que ese dinero, que habría salido de un cobro de valorización, habría ido a parar a manos de otras personas y no para para la ejecución de obras viales, como inicialmente estaba establecido.
Según la investigación, todo ocurrió tres años atrás (2015) cuando la administración municipal ordenó un cobro por valorización a los habitantes de Armenia que, después de haberla realizado, sumó $126.000 millones. Con este dinero, Luz Piedad Valencia Franco adjudicó dos contratos a las Uniones Temporales Vías Armenia y Puentes Armenia para el mejoramiento de las vías y, además, para la construcción de puentes en la capital del departamento del Quindío. (Le puede interesar: Fiscalía interrogará exalcaldesa de Armenia el próximo miércoles)
Sin embargo, estos recursos no se habrían destinado para tal fin, pues la Fiscalía dice que, de ese dinero, $20.000 millones fueron a parar a arcas de particulares mediante la apropiación de un anticipo y, como soporte, habrían presentado facturación falsa. Luz Piedad Valencia Franco, ingeniera agroindustrial, fue diputada de la Asamblea Departamental de Quindío, representante a la Cámara y presidenta de la comisión quinta constitucional permanente, entre otros cargos.
“El proceso ha estado plagado de irregularidades”
Al respecto, Andrés Garzón, abogado que defiende a Valencia Franco, le dijo a este diario que el proceso ha estado plagado de irregularidades e intereses políticos regionales. El jurista le explicó a este diario que el fiscal Jorge Eduardo García, quien adelantó la investigación en contra de Valencia Franco, estaba impedido. Esto porque García es sobrino de Mauricio Sosa García, director jurídico en el gobierno de la exalcaldesa y quien también cumple funciones en la actual administración.
“Tales eventos demuestran que la investigación se encuentra contaminada por intereses políticos oscuros, que buscan enlodar el nombre de Valencia Franco y lograr su vinculación a un proceso penal”, dijo al abogado. El abogado también denunció que su cliente ya había solicitado un interrogatorio pero que el fiscal Jorge Eduardo García se lo había negado.
El abogado aseguró que las obras viales sí están ejecutadas y que la anterior Gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, es enemiga política de la exrepresentante a la Cámara “y se ha opuesto a la valorización desde que las dos se encontraban en sus respectivos despachos públicos”. Ante esta situación, Andrés Garzón solicitó a organismos de control su acompañamiento en este proceso y le pidió a la Fiscalía trasladar el caso a Bogotá para evitar “indebidos intereses”.
Por Redacción Judicial
