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Luego de imputarle cargos a dos personas que habrían integrado un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en varios departamentos, entre 2020 y 2022, la Fiscalía General compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que, en el marco de sus competencias, indague la posible responsabilidad del congresista que encabezaría esta red de corrupción. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que se trata del senador Ciro Ramírez del partido uribista Centro Democrático. Sin embargo, desde hace casi cuatro meses, el alto tribunal ya había abierto una investigación.
Las dos personas procesadas penalmente son Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador; y el contratista Anderson González González. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.
En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron un contrato interadministrativo, por 48.660 millones de pesos. En atención a lo pactado, Proyecta Quindío se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
De acuerdo con los elementos de prueba, Rivera Bohórquez, en su rol de enlace del senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y Proyecta Quindío para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.
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