Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por solicitud de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ratificó y amplió este miércoles su denuncia contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, por el presunto delito de peculado culposo.
La congresista antioqueña interpuso esa acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación contra el alto funcionario por un pago irregular de la nómina de más de 180 mil servidores públicos, que se presentó el 24 de noviembre de 2023, a los que se les consignó hasta cuatro veces el valor de su salario mensual.
La senadora entregó al ente Investigador las respuestas que ese ministerio le dio a varios de sus derechos de petición, en las que, dice Holguín, “reconoce el equívoco por un valor inicial superior a 665 mil millones de pesos según el grupo SIIF, y otra respuesta del 18 de diciembre de 2023, donde el Ministerio afirmaba que había un saldo por recuperar superior a 50 mil millones de pesos”.
Holguín informó a los investigadores del caso la apertura del proceso fiscal por parte de la Contraloría General en contra del ministro Bonilla y otros de sus funcionarios de esa cartera. Lo que busca determinar la investigación es la responsabilidad del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, así como la del viceministro general, Diego Alejandro Guevara, y otros cinco funcionarios de la cartera. También fueron vinculados al proceso terceros civiles y cuatro compañías aseguradoras.
La génesis del caso está en la información publicada en la página web del Ministerio y las declaraciones que dio el propio ministro Bonilla, en las que se dio a conocer que se hicieron pagos de nómina adicionales a varios servidores públicos. Con las consignaciones, que eran dos o tres veces más de lo que se debía, fueron entregados más de medio billón de pesos.
Le recomendamos: Contraloría y EPS se reúnen para hablar sobre informe preliminar de finanzas del sector
La investigación previa que había hecho la Contraloría buscaban determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se efectuaron los pagos indebidos. Asimismo, se le hizo un seguimiento a los dineros equivocadamente entregados y su regreso al Estado, ya fuera por reversos bancarios, consignaciones voluntarias o débitos de nóminas, entre otros.
Por ahora, se sabe que fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755′200.394, quedando un saldo de $1.624′181.986,4 por recuperar, dice la Contraloría. Dentro de los dineros aún no regresan, están incluidos los del Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó.
Según el Ministerio de Hacienda, una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro, porque varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados.
Conozca más: Las cuentas de la Ungrd en Santander que no le cuadran a la Contraloría
Dentro de las causas de la apertura de esta investigación están los errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, errores en el sistema e inobservancia de las alertas generadas por el sistema.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
