Que las bases de datos de cinco universidades, desde 1992, van a ser objeto de una inspección judicial fue una noticia que cayó como balde de agua fría. A pesar de que la medida la expidió Jorge Iván Piedrahíta, fiscal especializado de la Unidad Antiterrorista, el propio Guillermo Mendoza Diago, fiscal general (e), manifestó que ni él ni Mario Iguarán conocían la determinación. Mendoza, inicialmente, la calificó de “poca utilidad para adelantar una investigación”.
Sin embargo, al final de la jornada, el mismo Mendoza aclaró que la medida nació de la incautación de un computador de las Farc, en el que aparecieron 55 nombres que podrían estar relacionados con varias universidades. Según la solicitud del fiscal Piedrahíta,se revisarán los libros de planta estudiantil y docente de cuatro centros educativos públicos (Nacional, Distrital, Pedagógica y el Sena) y uno privado (la Universidad Libre).
La decisión no recibió más que una lluvia de críticas. El ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez la denominó “arbitraria”, y manifestó que hacer investigaciones indeterminadas sería un desvío de poder. Para Parmenio Cuéllar, ex ministro de Justicia y vocero del Polo Democrático, ésta es “una cacería de brujas donde se busca hacer una redada abstracta en las universidades, buscando a aquellos que tienen un pensamiento contrario del Gobierno”.
El sector universitario tampoco ocultó su molestia ante la disposición. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, la juzgó como extremadamente inconveniente : “Está dirigida a una comunidad que no tiene por qué ser sometida a un procedimiento de sospecha”. El representante de los estudiantes ante el Consejo Universitario de la misma institución, David Palacio, expresó que es indignante la violación al derecho a la intimidad bajo la premisa de que son terroristas.
Esta polémica comenzó hace dos meses, cuando la senadora Gina Parody difundió unos videos de reuniones universitarias en las que había encapuchados. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, aseguró que la infiltración insurgente en organizaciones estudiantiles era un hecho. En medio de esta tormenta, El Espectador conoció precisamente un proceso en el que dos estudiantes universitarios fueron condenados por nexos con las Farc.
Fabio Daniel Muñoz Pardo y Alba Lucero Tobo Reyes fueron recientemente condenados por el Tribunal Superior de Bogotá. El primero, a 50 meses de prisión y a una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de utilización ilícita de equipos de comunicación. Según la Fiscalía, Muñoz Pardo fue sorprendido en su casa en poder de dichos equipos, con los cuales apoyaba labores de la guerrilla de las Farc.
Tobo Reyes, por su parte, fue hallada responsable del delito de concierto para delinquir con fines terroristas y rebelión, y sentenciada a 120 meses de prisión y a una multa de 2.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tobo Reyes, quien según el ente investigador corresponde al alias de Marcela, alegó a su favor que tuvo que relacionarse con un integrante de las Farc sólo por su tesis de grado, sin que esto constituyera delito alguno.
Ambos estudiantes habían sido condenados en primera instancia el 3 de mayo de 2006, por un juzgado especializado de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones, Tobo Reyes recibió instrucciones militares en Caquetá por parte de las Farc, tenía a su cargo tareas de inteligencia de la Ruan (Red Urbana Antonio Nariño). Además, el testimonio de un reinsertado, Leonardo Batin, resultó pieza fundamental en el proceso en su contra.
Según el Tribunal, las pruebas presentadas sí eran suficientes para condenarlos. La Fiscalía manifestó su preocupación por la Ruan, a la cual le atribuye actividades terroristas como la colocación de bombas explosivas en Bogotá. La comunidad universitaria ha expresado, incluso, que no se opone a las investigaciones siempre y cuando sean individuales, voz a lo que se sumó el procurador general Edgardo Maya: la Fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier delito, pero en casos concretos y no colectivos.
Por El Espectador
