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En los Montes de María, ser lideresa social y defensora de derechos humanos es sostener la vida en medio de profundas dificultades. Desde hace más de 20 años lidero la Asociación Mujeres Sembrando Vida, un proceso organizativo que ha acompañado a más de 400 mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, promoviendo su sanación, el acceso a sus derechos y el empoderamiento colectivo.
Mi liderazgo nace en un territorio atravesado por el conflicto armado. A los 14 años, en el corregimiento de El Salado, Bolívar, viví una de las violencias que ha marcado a miles de mujeres en este país. En ese momento intentaron arrebatarme la dignidad, pero no lo lograron. Sigo aquí. De pie.
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Esa experiencia no me define como víctima, sino como sobreviviente. Y me llevó a tomar una decisión: trabajar para que ninguna mujer tenga que enfrentar sola lo que muchas hemos vivido en silencio. Porque en Colombia, y especialmente en regiones como los Montes de María, a las mujeres nos han hecho callar y nos han quitado la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por eso, hablar de memoria también es hablar de derechos, de autonomía y de justicia.
Desde hace dos décadas recorro veredas y corregimientos llevando información, acompañamiento y herramientas para que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Trabajo con mujeres privadas de la libertad, con mujeres que ejercen actividades sexuales pagas, y con niñas y adolescentes que siguen enfrentando violencias en contextos donde la guerra no ha desaparecido. Y esto no es simbólico, esto es construir paz.
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Construir paz es llegar a las escuelas, abrir conversaciones que históricamente han sido negadas para las mujeres y generar confianza en comunidades que han vivido la violencia. Es crear espacios como los “Desayunos por la Vida” y procesos como Tejiendo Autonomía, iniciativas que nos permiten hablar de derechos sexuales y reproductivos y fortalecer la voz de niñas y mujeres.
También es asumir tareas que no deberían recaer únicamente en las organizaciones sociales. Muchas veces, ante la falta de respuestas oportunas, somos nosotras quienes acompañamos procesos de acceso a la justicia, activamos rutas de atención frente a violencias, impulsamos brigadas de salud y apoyamos decisiones fundamentales como la interrupción voluntaria del embarazo.
Aquí hay una realidad que el país no puede seguir ignorando. En territorios como los Montes de María, el Estado llega tarde o no llega. Por eso, este 9 de abril no puede quedarse solo en la conmemoración. Debe ser también un llamado a que la memoria, la atención a las víctimas y la garantía de derechos no sigan recayendo únicamente en las lideresas sociales.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de estar presente en nuestros territorios y garantizar condiciones para una vida digna, así como proteger a quienes defendemos los derechos humanos. Porque este camino tiene riesgos. A mí me han amenazado y han intentado silenciarme, pero no lo han logrado. Y no lo harán, porque nuestra fuerza está en el trabajo colectivo y en seguir cambiando nuestras realidades desde la defensa de nuestros derechos.
La memoria que construimos en los territorios no se queda en el pasado, se convierte en acciones para que la violencia no se repita. Y yo voy a seguir trabajando por una sociedad donde las mujeres vivan con autonomía, dignidad y justicia.
Este 9 de abril, mientras recordamos y honramos a las víctimas, reafirmo que esta lucha no es solo mía, es de todas las mujeres que en los Montes de María y en Colombia decidimos defender nuestros derechos, cuidar nuestra autonomía y transformar nuestras comunidades, sosteniendo la vida digna.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Yirley Velasco Garrido
