En el cumplimiento de la defensa de los intereses de la sociedad, la protección de los derechos humanos y la vigilancia de las funciones públicas, resulta inevitable que el procurador general de la nación tenga que incomodar. La historia del Ministerio Público es también la de quienes, en su momento, aguzaron su veeduría al poder, con los inevitables efectos que ese ejercicio deja. En ese contexto, ayer hubo relevo en la Procuraduría y, por primera vez en 190 años, el cargo lo ejercerá una mujer: la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, cuya primera tarea será demostrar su independencia frente al Gobierno que la ternó y los sectores políticos que garantizaron su elección en el Congreso.
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En su discurso de posesión, de alguna manera les salió al paso a las críticas por su procedencia con un comentario: “Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”. En otras palabras, el anuncio de que el Ministerio Público, según ella, no será un apéndice del Gobierno con los sectores políticos que lo acompañan. En criterio del exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, “el nombramiento de un procurador tiene elementos políticos, pero es necesario que la abogada Margarita Cabello mantenga la autonomía que ha tenido la Procuraduría”.
Después de ese inamovible, la procuradora Margarita Cabello asume el cargo en un momento crucial para la sociedad por la pandemia del COVID-19, desafío que anunció que va a encarar con un objetivo específico: “Garantizar que todos los colombianos accedan a la vacuna en forma eficiente, equitativa y segura”. En las actuales circunstancias, eso también se traduce en darle continuidad al despliegue investigativo que le otorgó el saliente procurador, Fernando Carrillo, a la tarea de rastrear los dineros públicos que se siguen usando para enfrentar el coronavirus. Una ofensiva que, en desarrollo de la política “con los pies en territorio”, deja al menos 950 procesos abiertos en las regiones para la vigilancia de estas inversiones.
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Como otros funcionarios que proceden del poder, no cabe duda de que la procuradora estará impedida en algunos casos, pero deberá garantizar en ellos la acción disciplinaria. Es el caso del episodio del pasado 21 de marzo de 2020, cuando perdieron la vida 24 internos de la cárcel La Modelo de Bogotá, en una aparatosa intervención del Inpec. Por cadena de mando, ella era ministra de Justicia y ahora no podrá ser juez y parte. Lo mismo que, por casos de amistad, aunque técnicamente es asunto de delegados, deberá apartarse de investigaciones como las que se adelantan contra el senador Eduardo Pulgar por supuestos intentos de soborno a un juez, o las que pretenden concluir si hubo pago de coimas en Barranquilla por la construcción de un hidrotanque.
En favor de la procuradora Margarita Cabello pesa una sólida trayectoria en el mundo del derecho, desde escribiente de juzgado, jueza, magistrada de Tribunal Superior, delegada en el Ministerio Público, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ministra de Justicia. La expectativa es que ese recorrido se traduzca en dos tareas inaplazables: la continuidad de la lucha contra la corrupción, reconocida como un talón de Aquiles del Estado colombiano, al punto de que la Procuraduría tiene convenios con organismos internacionales para incentivar esta misión, y la defensa de los derechos fundamentales. En este último aspecto, así no haya sido mencionado como uno de sus énfasis, tendrá que blindar la implementación del Acuerdo de Paz.
En los últimos días trascendió que el saliente procurador, Fernando Carrillo, radicó un proyecto de ley que pretende limitar la acción de la Procuraduría respecto de funcionarios elegidos por votación popular. En este debate, que pasa por una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que solo una decisión judicial puede tener la facultad de tumbar a uno de estos mandatarios, la procuradora Margarita Cabello tendrá que resolver si apoya la iniciativa planteada por su antecesor. El tema no es de poca monta, pues son muchos los conocedores, entre ellos el exprocurador Jaime Bernal, quienes, en contravía de Carrillo, creen que la Corte IDH desconoció el funcionamiento del Estado colombiano.
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Además de esta decisión casi inmediata, la procuradora Margarita Cabello recibe un caudal de procesos disciplinarios de toda índole que deberá clasificar y priorizar. Durante las labores de empalme, que fueron coordinadas por la Universidad del Rosario, no quedó mayor claridad sobre el contenido de muchos expedientes críticos. Lo que sí se supo fue que el equipo que acompaña a la nueva jefa del Ministerio Público obtuvo de cada delegada una lista de 15 temas cruciales para resolver. Al margen de los planes y proyectos de la nueva administración, este inventario constituye un punto de partida para fortalecer la acción disciplinaria, con un staff que estará encabezado por el viceprocurador Antonio Emiro Thomas Arias.
En la antesala de un debate electoral que promete llegar cargado de señalamientos y denuncias, la abogada Margarita Cabello tiene otro desafío para probar su talante: garantizar la imparcialidad y la transparencia de todos los entes públicos, y la premisa de la no intervención política. Cada procurador deja su impronta en la historia y, entre los entendidos, la gestión que comienza representa una oportunidad para robustecer la vigilancia de lo público, sin demeritar las garantías sociales. En criterio de la procuradora entrante, como lo recalcó ayer durante su posesión, su perspectiva aparte es convertirse también en “la vocera de las mujeres” en la actual coyuntura, reconociendo que ha sido costosa la lucha por sus derechos.
