“Si a mí me pasa algo, llame a estas personas”: Ányelo Palacios

Como presintiendo que algo malo le ocurriría, 15 días antes de su secuestro el capitán Ányelo Palacios le dio a su hermana, Raiza Palacios, una lista con tres números telefónicos. Le dijo: “Si a mí me pasa algo, llame a estas personas. Ellos los van a apoyar”. El capitán pasó los últimos días de sus vacaciones en la casa de su familia en Cúcuta, de donde salió el pasado sábado 12 de marzo a las siete de la noche, conduciendo el Kia rojo del que, tres horas después, lo bajaron sus secuestradores.

Según lo informado por la Policía, en el momento del secuestro Ányelo Palacios se desplazaba junto con su padrastro Arcilio Ortiz, de 76 años, por la carretera que conecta a Cúcuta con Pamplona. A la altura de Pamplonita (Norte de Santander), dos motos se atravesaron en el camino del automóvil con placa MXW865 que Palacios conducía. Los hicieron retroceder para luego hacerlos avanzar de nuevo hasta La Miguelita. Allí, dicen las autoridades, se lo llevaron.

Los cuatro hombres, que llevaban los rostros cubiertos, le dijeron a Arcilio Ortiz que lo regresarían en una hora. Pero eso no ocurrió y, ante la ausencia de Palacios, Ortiz se comunicó con el vigilante de una obra cercana, quien llamó a la familia. “Se llevaron a Ányelo”, les dijo. “De inmediato nosotros llamamos a la Policía, que en dos minutos ya estaba acá”, le comentó Raiza Palacios, hermana del secuestrado, a El Espectador. Hacia la medianoche llamó a los tres contactos que su hermano le dejó “en caso de que le pasara algo”.

La noticia del rapto del capitán Ányelo Palacios se regó como pólvora, y no es para menos: él ha sido uno de los principales denunciantes de la red de prostitución que supuestamente existe en el interior de la Policía, conocida como la Comunidad del anillo. A raíz de sus denuncias ante la Fiscalía, en 2014, el capitán temía por lo que pudiera pasarle, tanto así que, según Raiza, viene solicitando protección ante las autoridades desde ese año, cuando hizo públicas sus acusaciones.

Sus declaraciones se conocieron en mayo de 2014, meses después de que el noticiero Noticias Uno y el programa Los Informantes revelaran por primera vez que dentro de la Policía, supuestamente, dos oficiales fomentaban una red de prostitución con cadetes de la Escuela Militar Santander: el capitán (r) Jerson Jair Castellanos y el mayor Wílmer Torres Orjuela. A estas denuncias se vinculó el supuesto suicidio de la alférez Lina Maritza Zapata, ocurrido en 2006. Según sus familiares, la joven en realidad habría sido asesinada por conocer la existencia de la supuesta red. En unos audios difundidos por la emisora La FM, Palacios acusa al coronel (r) Jerson Jair Castellanos de haberlo violado en 2006 cuando era cadete de la Escuela Militar Santander y, mediante chantajes a raíz del episodio, presionarlo para formar parte de la supuesta red de prostitución para prestar favores sexuales a algunos parlamentarios justo cuando Castellanos era jefe de seguridad del Congreso de la República.

Paradójicamente, las acusaciones del capitán Palacios ocasionaron que la Policía le abriera una investigación interna por no haber denunciado antes las presuntas irregularidades. Desde entonces, le dijo su hermana Raiza Palacios a este medio, la persecución contra Ányelo Palacios ha sido constante y, por eso, también desde esa época el oficial ha venido solicitando la protección que apenas hasta un día después de su secuestro le fue otorgada a su familia.

Pero fue hasta finales de 2015 cuando el tema cobró fuerza una vez más, cuando La FM publicó nuevas denuncias, esta vez del coronel (r) Reynaldo Gómez, quien habló de una persecución en su contra por parte del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y se preguntaba si ésta se relacionaba por haber rechazado, entre 1998 y 1999, un supuesto interés sexual que el entonces coronel Palomino le habría manifestado en la Escuela Rafael Núñez de Corozal, Sucre.

Paralelo a este nuevo testimonio se conocieron indicios de que las periodistas Vicky Dávila, directora de La FM, y Claudia Morales, de La Luciérnaga, habían sido interceptadas por la Policía de manera ilegal. En una de las investigaciones divulgadas por La FM se habla de un presunto incremento patrimonial injustificado en las cuentas personales de Palomino, por la compra de unos lotes en el conjunto El Pedregal de San Ángel, en Fusagasugá, Cundinamarca.

Las acusaciones en contra de los altos mandos de la institución llevaron a que el 15 de febrero de este año la Procuraduría le abriera investigación formal a Palomino por los tres temas. Posteriormente, La FM publicó una de las supuestas pruebas que utilizaría el ente de control en la investigación: el video del entonces viceministro del Interior, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación sexualmente explícita con un oficial de la Policía. Su nombre: Ányelo Palacios.

La publicación del video, que Palacios afirmó haber grabado preso del desespero por obtener pruebas del presunto abuso al cual estuvo sometido, creó un efecto dominó que en cuestión de horas hizo rodar cabezas. Primero, el 16 de febrero, fue la renuncia de Ferro como viceministro del Interior, momentos después de que la grabación fuera publicada. A la mañana siguiente, la dimisión del general Palomino a la Dirección de la Policía. Y, en la noche de ese martes 17 de febrero, la salida de Vicky Dávila de la dirección del noticiero de La FM.

Tras dar un paso al costado, Ferro aseguró que nunca ha hecho parte de la supuesta Comunidad del anillo, mientras Palomino se declaró inocente ante los graves señalamientos en su contra.

Un día después de estos hechos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, admitió que “aparentemente ese tema (la Comunidad del anillo) existió, que tuvo vínculos internos de la institución a un nivel relativamente alto”. Raiza señala que su hermano, mientras se encontraba en Cúcuta, “asistió a unas citaciones en la Fiscalía respecto a las denuncias que había hecho”.

A pesar de que Raiza reconoce que Ányelo estaba asustado por las consecuencias que sus acusaciones podrían ocasionarle, no se atreve a señalar a nadie por el secuestro. “Nosotros aún no sabemos nada. La Policía lo está buscando, ya buscaron por todo el río Pamplonita y no han encontrado nada, tampoco hay posibles responsables”, le dijo a este diario.

Por su parte, la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario activó el mecanismo de búsqueda urgente con la Policía Judicial de Derechos Humanos. Además, el director de la Policía, Jorge Hernando Nieto, dispuso que el subdirector de la Policía, Ricardo Alberto Restrepo Londoño, y el general Fabio Hernán López Cruz, de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula), se encarguen del tema. Entre tanto, la familia de Ángelo clama porque él vuelva sano y salvo a casa.

Como presintiendo que algo malo le ocurriría, 15 días antes de su secuestro el capitán Ányelo Palacios le dio a su hermana, Raiza Palacios, una lista con tres números telefónicos. Le dijo: “Si a mí me pasa algo, llame a estas personas. Ellos los van a apoyar”. El capitán pasó los últimos días de sus vacaciones en la casa de su familia en Cúcuta, de donde salió el pasado sábado 12 de marzo a las siete de la noche, conduciendo el Kia rojo del que, tres horas después, lo bajaron sus secuestradores.

Según lo informado por la Policía, en el momento del secuestro Ányelo Palacios se desplazaba junto con su padrastro Arcilio Ortiz, de 76 años, por la carretera que conecta a Cúcuta con Pamplona. A la altura de Pamplonita (Norte de Santander), dos motos se atravesaron en el camino del automóvil con placa MXW865 que Palacios conducía. Los hicieron retroceder para luego hacerlos avanzar de nuevo hasta La Miguelita. Allí, dicen las autoridades, se lo llevaron.

Los cuatro hombres, que llevaban los rostros cubiertos, le dijeron a Arcilio Ortiz que lo regresarían en una hora. Pero eso no ocurrió y, ante la ausencia de Palacios, Ortiz se comunicó con el vigilante de una obra cercana, quien llamó a la familia. “Se llevaron a Ányelo”, les dijo. “De inmediato nosotros llamamos a la Policía, que en dos minutos ya estaba acá”, le comentó Raiza Palacios, hermana del secuestrado, a El Espectador. Hacia la medianoche llamó a los tres contactos que su hermano le dejó “en caso de que le pasara algo”.

La noticia del rapto del capitán Ányelo Palacios se regó como pólvora, y no es para menos: él ha sido uno de los principales denunciantes de la red de prostitución que supuestamente existe en el interior de la Policía, conocida como la Comunidad del anillo. A raíz de sus denuncias ante la Fiscalía, en 2014, el capitán temía por lo que pudiera pasarle, tanto así que, según Raiza, viene solicitando protección ante las autoridades desde ese año, cuando hizo públicas sus acusaciones.

Sus declaraciones se conocieron en mayo de 2014, meses después de que el noticiero Noticias Uno y el programa Los Informantes revelaran por primera vez que dentro de la Policía, supuestamente, dos oficiales fomentaban una red de prostitución con cadetes de la Escuela Militar Santander: el capitán (r) Jerson Jair Castellanos y el mayor Wílmer Torres Orjuela. A estas denuncias se vinculó el supuesto suicidio de la alférez Lina Maritza Zapata, ocurrido en 2006. Según sus familiares, la joven en realidad habría sido asesinada por conocer la existencia de la supuesta red. En unos audios difundidos por la emisora La FM, Palacios acusa al coronel (r) Jerson Jair Castellanos de haberlo violado en 2006 cuando era cadete de la Escuela Militar Santander y, mediante chantajes a raíz del episodio, presionarlo para formar parte de la supuesta red de prostitución para prestar favores sexuales a algunos parlamentarios justo cuando Castellanos era jefe de seguridad del Congreso de la República.

Paradójicamente, las acusaciones del capitán Palacios ocasionaron que la Policía le abriera una investigación interna por no haber denunciado antes las presuntas irregularidades. Desde entonces, le dijo su hermana Raiza Palacios a este medio, la persecución contra Ányelo Palacios ha sido constante y, por eso, también desde esa época el oficial ha venido solicitando la protección que apenas hasta un día después de su secuestro le fue otorgada a su familia.

Pero fue hasta finales de 2015 cuando el tema cobró fuerza una vez más, cuando La FM publicó nuevas denuncias, esta vez del coronel (r) Reynaldo Gómez, quien habló de una persecución en su contra por parte del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y se preguntaba si ésta se relacionaba por haber rechazado, entre 1998 y 1999, un supuesto interés sexual que el entonces coronel Palomino le habría manifestado en la Escuela Rafael Núñez de Corozal, Sucre.

Paralelo a este nuevo testimonio se conocieron indicios de que las periodistas Vicky Dávila, directora de La FM, y Claudia Morales, de La Luciérnaga, habían sido interceptadas por la Policía de manera ilegal. En una de las investigaciones divulgadas por La FM se habla de un presunto incremento patrimonial injustificado en las cuentas personales de Palomino, por la compra de unos lotes en el conjunto El Pedregal de San Ángel, en Fusagasugá, Cundinamarca.

Las acusaciones en contra de los altos mandos de la institución llevaron a que el 15 de febrero de este año la Procuraduría le abriera investigación formal a Palomino por los tres temas. Posteriormente, La FM publicó una de las supuestas pruebas que utilizaría el ente de control en la investigación: el video del entonces viceministro del Interior, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación sexualmente explícita con un oficial de la Policía. Su nombre: Ányelo Palacios.

La publicación del video, que Palacios afirmó haber grabado preso del desespero por obtener pruebas del presunto abuso al cual estuvo sometido, creó un efecto dominó que en cuestión de horas hizo rodar cabezas. Primero, el 16 de febrero, fue la renuncia de Ferro como viceministro del Interior, momentos después de que la grabación fuera publicada. A la mañana siguiente, la dimisión del general Palomino a la Dirección de la Policía. Y, en la noche de ese martes 17 de febrero, la salida de Vicky Dávila de la dirección del noticiero de La FM.

Tras dar un paso al costado, Ferro aseguró que nunca ha hecho parte de la supuesta Comunidad del anillo, mientras Palomino se declaró inocente ante los graves señalamientos en su contra.

Un día después de estos hechos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, admitió que “aparentemente ese tema (la Comunidad del anillo) existió, que tuvo vínculos internos de la institución a un nivel relativamente alto”. Raiza señala que su hermano, mientras se encontraba en Cúcuta, “asistió a unas citaciones en la Fiscalía respecto a las denuncias que había hecho”.

A pesar de que Raiza reconoce que Ányelo estaba asustado por las consecuencias que sus acusaciones podrían ocasionarle, no se atreve a señalar a nadie por el secuestro. “Nosotros aún no sabemos nada. La Policía lo está buscando, ya buscaron por todo el río Pamplonita y no han encontrado nada, tampoco hay posibles responsables”, le dijo a este diario.

Por su parte, la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario activó el mecanismo de búsqueda urgente con la Policía Judicial de Derechos Humanos. Además, el director de la Policía, Jorge Hernando Nieto, dispuso que el subdirector de la Policía, Ricardo Alberto Restrepo Londoño, y el general Fabio Hernán López Cruz, de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula), se encarguen del tema. Entre tanto, la familia de Ángelo clama porque él vuelva sano y salvo a casa.