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16 Dec 2020 - 6:05 p. m.

“Si hubiera recibido una insinuación, lo denuncio”, testigo en caso Francisco Ricaurte

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, fue llamado a juicio en marzo de 2018. Durante el proceso quedó libre por vencimiento de términos y ahora, en audiencia virtual, inició la fase final de su investigación por supuestos vínculos con ‘el cartel de la toga’.
Dentro del cartel de la toga, Francisco Ricaurte habría encargado de "retardar los trámites y conseguir y utilizar la información privilegiada que obtenía de los procesos", según la Fiscalía / Archivo El Espectador.
Dentro del cartel de la toga, Francisco Ricaurte habría encargado de "retardar los trámites y conseguir y utilizar la información privilegiada que obtenía de los procesos", según la Fiscalía / Archivo El Espectador.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En la mañana de este miércoles 16 de diciembre, se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, tras haber sido acusado por la fiscalía en marzo de 2018. Las investigaciones indican que, supuestamente, conformaba un equipo de favorecimiento de decisiones judiciales en la alta corte, que funcionaría a través de sobornos, denominado como el cartel de la toga. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el procesado, entre 2013 y 2017, habría manipulado procesos por parapolítica a favor de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton.

En contexto: Exmagistrado Francisco Ricaurte fue llamado a juicio.

Francisco Ricaurte fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos de los cuales se ha declarado inocente en todas las instancias procesales. La Fiscalía tiene dentro de su material probatorio las declaraciones del exsenador Álvaro Ashton, quien en enero del presente año aceptó haber pagado $800 millones por archivar su proceso por parapolítica. Aseguró que el abogado Luis Gustavo Moreno le pidió $1.800 millones para que su “equipo”, entre los que se encontraban los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte, cerraran su expediente por vinculos con el Bloque Norte de las Autodefensas.

A la audiencia de juicio oral fue llamado, en primer lugar, el funcionario Héctor Casanova, quien desde 2016 es magistrado auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de Eugenio Fernández. El testigo aseguró que, durante el periodo de tiempo en el que habrían ocurrido los supuestos hechos, tenía en su poder expedientes por parapolítica de varios funcionarios de los departamentos del Cesar y del Atlántico, entre ellos el del exsenador del partido liberal Álvaro Ashton. “Procesalmente su caso estaba en investigación previa”, aseguró Casanova, tras ser entrevistado por la defensa de Ricaurte, el abogado Juan Sebastián Fajardo.

La defensa del exmagistrado vinculado al cartel de la toga le preguntó a Casanova si, al recibir el expediente de Ashton en su oficina, habría algún indicio de que funcionarios hubieran tratado de entorpecer el proceso, que es la hipótesis de la Fiscalía. El magistrado auxiliar respondió que no hay prueba de ello: “nadie me dijo que el proceso estaba congelado o parado. Estaba activo, tenía autos de impulso procesal, pruebas que estaban en práctica, se comisionaba a la Fiscalía para actividades investigativas. Yo encontré que todos los expedientes estaban con impulso procesal reciente”, aseguró en la audiencia.

Héctor Casanova aseguró, tras ser cuestionado por la defensa de Ricaurte, que tiene órdenes directas de sus superiores para que no prescriba ningún caso que llegue a su oficina. Es decir, parte crucial de su trabajo es que ninguna acción penal por parapolítica se extinga. “Que un proceso le prescriba a uno significa la muerte jurídica de uno. Ningún proceso puede prescribir en manos mías. La instrucción del doctor (Eugenio Fernández) es que eso no se puede hacer, esa es la consigna del despacho”, afirmó. Además, el testigo agregó que, de haber sido constreñido para dejar pasar los términos del caso de Álvaro Ashton, hubiera denunciado a la persona, “sea quien sea y de donde provenga”.

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Luego de eso, la defensa de Ricaurte cerró su primer cuestionario preguntándole a Héctor Casanova si en algún momento tuvo relación con el exmagistrado Ricaurte, teniendo en cuenta que en su escritorio reposaban los cuadernos reservados de la investigación contra Álvaro Ashton. “No lo conozco. No he tenido ningún trato o vínculo, entiendo que es figura pública”, aseguró el testigo. Además, agregó que, si el acusado lo hubiera buscado para parar la investigación por parapolítica, lo habría denunciado sin importar de quien se trataba. Por último, el abogado Juan Sebastián Fajardo le preguntó si alguien lo amenazó para faltar a la verdad en la audiencia, pero el testigo aseguró que compareció con toda tranquilidad.

El segundo al turno fue el magistrado Rafael Calderón, auxiliar delegado para la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Sobre el tema de la prescripción, el segundo testigo aseguró en su oficina nunca se ha extinguido un solo expediente, pero desconoce si en otros despachos haya pasado. Adhirió a Héctor Casanova, indicando que es un tema de alta importancia en la alta corte. “Es importante para cualquier administrador de justicia, es una de las cosas más importantes. Eso tiene consecuencias jurídicas. La prescripción es una sanción por no hacer cumplir la pena en el tiempo determinado por la ley”, respondió a la defensa de Ricaurte.

En contexto: Guía para entender la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte.

Tras un receso en la audiencia, la defensa de Ricaurte presentó a Rafael Montero, quien fue magistrado auxiliar en el despacho de Eugenio Fernández, en la rama de parapolítica, desde mayo de 2015 hasta enero de 2016. En sintonía con las declaraciones de Casanova y Calderón, el tercer testigo aseguró que nunca recibió ningún tipo de presión para incidir en el expediente de Álvaro Ashton, que era uno de extensos casos que trabajó en la Sala Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, entregó indicios sobre una relación del exsenador con el entonces fiscal general Eduardo Montealegre: “en algún momento yo oí algo con unas conversaciones de Álvaro Ashton con el fiscal general, pero no puedo precisar nada”.

El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno destapó el denominado cartel de la toga, durante el proceso investigativo que terminó en su condena por cuatro años y 10 meses de prisión, por los delitos de concusión -aprovecharse del cargo para exigir dinero- y por utilización indebida de información privilegiada. Moreno aceptó cargos por entorpecer una investigación, a cambio de dinero, contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y, luego, se comprometió a colaborar con las autoridades para esclarecer todo un entramado de corrupción en el ente investigador y en la Corte Suprema de Justicia. Incluso, durante 2018 entregó a la misma Fiscalía los nombres de 26 funcionarios de alto rango, entre ellos el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien -dice- “le soplaba información” de la alta corte.

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Por tal razón, el defensor Juan Sebastián Fajardo llamó al joven abogado Felipe Jiménez Guacaneme, quien trabajó desde que era estudiante de primer semestre en el despacho de abogados que manejaba Luis Gustavo Moreno, antes de vincularse a la seccional anticorrupción de la Fiscalía. El cuarto testigo del día aseguró que su jefe llevaba procesos de aforados como Musa Besaile, Nilton Córdoba Manyoma, Hernán Andrade, Luis Alfredo Ramos, Martín Morales y el propio Álvaro Ashton, sin embargo, sobre este último solo reposaba una investigación en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Explicó que Francisco Ricaurte nunca fue a las oficinas y que, incluso tras fungir como testigo ante la Procuraduría, nadie lo ha presionado para favorecer al exmagistrado.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, estuvo presente en la audiencia de juicio oral, instancia procesal que afronta en libertad por vencimiento de términos. El sistema judicial colombiano plantea que la Fiscalía tiene 240 días para iniciar el juicio de una persona que se encuentra en establecimiento carcelario, plazo que se venció el 20 de septiembre de 2019 para el exmagistrado. El ente investigador asegura que todo es culpa de maniobras dilatorias de la defensa del procesado. Sin embargo, en su momento el abogado Álvaro Luna, indicó que el derecho a la defensa le permite a cualquier ciudadano a acudir a todas las apelaciones, solicitudes y peticiones que sean necesarias.

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