“Si seguimos así, en 50 años el Chocó será un desierto”: exmagistrado Jorge Iván Palacio

En febrero pasado, después de ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio salió del alto tribunal. Antes de irse fue el gestor de un revolucionario fallo de tutela que por primera vez en la historia de Colombia le otorgó a un río, el Atrato, derechos. Una sentencia que obliga al Estado a proteger esa cuenca hidrográfica del Chocó, no porque ese afluente emponzoñado esté envenenando a la región, sino porque el río mismo se nos muere y hay que salvarlo ya. En diálogo con El Espectador, Palacio dice que este fallo abre la puerta para que se vengan nuevas tutelas para salvar todos los ríos y animales del país amenazados por la minería ilegal. Incluso no descarta que se vengan sentencias similares que le otorguen derechos al contaminado aire bogotano o de Medellín. Una charla fascinante con un jurista de quilates.

En una decisión histórica, la Corte consideró al río Atrato “sujeto de derechos”. ¿Eso qué significa?

Se trata de preservar la vida en el río, para que no se contamine más. Allí viven peces y plantas que se ven afectados con grandes cantidades de cianuro, mercurio y combustibles que se vierten en el lecho de ese río. No sólo el Atrato, sino el río Quito, el Andágueda, el Baudó y otros. Darle derechos al Atrato significa protegerlo para que no se cambie su curso ni su cauce por cuenta de la minería desbordada en las entrañas de un río que tiene 500 kilómetros navegables.

La sentencia es contundente: hay que proteger al río mismo de la depredación del hombre. El río se nos muere y hay que salvarlo ya.

La Corte designó a unos guardianes para que cuiden el Atrato, quienes serán designados por el presidente y el Gobierno y las comunidades del Chocó. Aquí se le otorgan derechos al río para que se conserve con vida, porque el Atrato le sirve a la fauna, a la flora, al planeta y, claro, al ser humano, una especie más en la Tierra.

¿En qué momento pasó la Corte a considerar esta perspectiva ecocéntrica para ordenar la protección constitucional de un río?

En Nueva Zelanda y en la India ya se han otorgado derechos a los ríos. Esto constituye una nueva concepción filosófica del mundo. Antes se conocía el antropocentrismo, donde el eje del planeta era el ser humano. Todo lo demás estaba al servicio del hombre. Una derivación de esa tesis es el biocentrismo, en donde se cuida a la naturaleza para preservar la raza humana. Pero la corriente moderna de muchos autores y filósofos es el ecocentrismo, donde el ser humano es una especie más del planeta, como lo son la fauna, la flora y las demás especies. A mí me causó mucha alegría cuando en un evento de la Corte en octubre pasado un magistrado de la Corte de la India se refería “a nuestros hermanos los árboles y a nuestras hermanas las flores” como sujetos de derechos.

¿Cómo puede otorgársele derechos a un río cuya defensa debe hacerla el mismo hombre que lo depreda?

La gente dice: “Pero es que un río no puede interponer una tutela, ni una acción popular, tampoco se puede manifestar porque no habla”. Por eso se ha dispuesto nombrar unos tutores o guardianes, que son, en el caso del Atrato, el Gobierno y las comunidades, para que puedan defender esos derechos del río. La Corte ordenó al Gobierno la urgente protección del Atrato. Hay que idear un plan para descontaminar el río y acabar de una buena vez la minería ilegal.

Hoy el titular es: “La Corte otorga derechos al Atrato”. ¿Mañana los titulares serán: “La Corte otorga derechos al río Amazonas, al Cauca, al Magdalena, a todos los ríos de Colombia”?

Lógicamente va a ocurrir lo mismo en las cuencas de todos los ríos. ¿Con qué finalidad? Para que preserven la vida. No sólo para garantizar la subsistencia humana, sino de todas las demás especies. El fallo sobre el Atrato constituye un precedente muy importante.

Usted viajó a Chocó y recorrió el Atrato para constatar cómo se ha venido emponzoñando el río más caudaloso de Colombia. ¿Qué vio?

El panorama fue desolador. Comentaban sus gentes que el presidente Juan Manuel Santos estuvo el año pasado allá y vio —decían ellos— que en toda la ribera del río Atrato, que pasa por Quibdó, había una o dos dragas, y que dizque exclamó: “¡Por Dios, ¿esto qué es, por qué no quitan esas dragas?”. En pleno Quibdó y a ojos de todas las autoridades. Y se calcula que en toda esa zona hay 55 dragas o dragones, como les dicen, a la vista de todos. Lamentablemente no ha habido autoridad que le ponga fin a esto. Y esa minería no sólo trae consigo la contaminación, sino que, además, trae prostitución, alcoholismo, enfermedades venéreas y todo lo que se deriva de ese caos.

¿Cuál fue la imagen más aterradora de ese recorrido que hizo?

La desolación de los suelos, de las riberas del río. Ya el Atrato en muchas partes perdió su cauce. Desde el aire se ven los baches, se ven las lagunas, la aridez. Hay una proyección de estudios ambientales que señala que si seguimos así, con la minería desbordada, la tala indiscriminada, la deforestación y la contaminación, en menos de 50 años el Chocó va a ser un desierto. Así de grave es la cosa. Y en Bogotá parece que muchos no se dieran cuenta. En Chocó se están autoeliminando con esa contaminación indiscriminada. Ya no se puede comer pescado en las riberas del Atrato, la gente se enferma, los niños se mueren, los ancianos viven en riesgo, ha habido deformaciones. El cianuro y el mercurio son elementos tremendamente tóxicos que ocasionan la muerte. La radiografía es alarmante, y lo peor es que en otras regiones de Colombia ya estamos viendo escenarios similares.

¿Y qué vamos a hacer para atajar eso ya?

Se necesitan políticas públicas para tratar este problema tan grave de Colombia y el mundo. Se espera que la Corte le haga un seguimiento estricto al fallo del Atrato. Nosotros ordenamos a los ministerios de Ambiente y de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a otras autoridades que en menos de nueve meses se hagan los estudios científicos de la contaminación real del Atrato y de sus comunidades. Es un círculo violento. Mire, el hospital de Quibdó toma el agua del Atrato y ha ocurrido que los enfermos terminan de enfermarse aún más en el hospital.

Y hoy vemos que el Chocó acaba de salir de un paro que poca atención tuvo en Bogotá. ¿Qué opina?

Sí. Siendo Chocó uno de los departamentos más biodiversos del mundo, el olvido es absoluto. Sobre la sentencia le diré: no es que estemos en contra de la minería. Ancestralmente ha habido minería artesanal en el Chocó desde hace 500 años o más. Pero esta minería sin control no puede seguir acabando con el Atrato.

¿Por qué no hay controles? ¿Dónde están las autoridades? ¿Tienen tanto poder estas mafias?

Es lo que comentan allá, que eso hay para todo el mundo. Que la plata circula de mano en mano. Y mientras tanto el Atrato se muere. No le demos muchas vueltas al asunto: se necesita voluntad política para ponerle coto a esto. Tiene que haber una legislación mundial para frenar esta devastación. Le pongo un ejemplo: en Colombia se saca coltán y no hay registros en la Agencia Nacional Minera, y ese coltán colombiano se encuentra en Londres, en París, para hacer celulares de última tecnología, y nadie ve eso.

Según la concepción ecocéntrica, ¿a qué otras entidades les podrían reconocer derechos?

A la fauna, a la flora, a todos los ríos amenazados, al aire mismo de una ciudad si se quiere. Lo que se busca es la supervivencia del planeta. La gente va a tener que tomar conciencia de los valores de la naturaleza. Un caso documentado de ese entendimiento lo muestra un académico muy serio sobre un bosque milenario en Australia. Allí querían construir una represa para producir energía. Pero la gente se opuso por votación y se protegió el bosque y su fauna por encima de la industrialización.

¿Y vamos hacia esa línea o el mundo sigue absolutamente inconsciente con estos horrores?

Vamos hacia esa línea. La Corte Constitucional ha proferido sentencias muy importantes para proteger páramos y ecosistemas, pero faltan más controles, presupuesto y voluntad política.

¿Y qué hacer con la gente que defiende sus títulos mineros y sus derechos adquiridos?

Es que ese ya es un legalismo que nos lleva al absurdo. Cuando la gente se está muriendo por la contaminación del río, cuando la gente no puede comer lo que saca del Atrato, donde no puede tomar el agua porque se muere, ¿qué más prueba que esa? Es que eso es evidente.

¿Muchos jueces desestiman tutelas desde sus escritorios en Bogotá sin percatarse de las realidades atroces que se viven en regiones tan devastadas por la minería?

Eso ocurrió con esta tutela del Atrato. Fue desestimada por dos altos tribunales: el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Los jueces no se deben ceñir únicamente a la literalidad de la Constitución ni de las normas. Hay que interpretarlas para bien del ser humano y las demás especies, de los árboles, de los animales, de la flora. Tenemos que entender que somos una especie más. En febrero pasado, por ejemplo, la Corte tomó una decisión clave para acabar con la tortura de los animales. Allí se les reconocieron derechos: a que no se les maltrate, a que se les dé alimento si son domésticos, a que si son salvajes se proteja su hábitat, a que no se los utilice como divertimento para el ser humano, como las corridas de toros, corralejas, coleos o peleas de gallos.

¿Y por qué entonces se está promoviendo una consulta en Bogotá para preguntar si deben o no seguir las corridas de toros?

Yo creo que resulta inane esa consulta con esta sentencia. Ya eso lo resolvió la Corte al proteger a los animales y otorgarles derechos. Y al dar un lapso de dos años para proteger a las personas que viven de esos trabajos alrededor de la tauromaquia. Según ese fallo, a partir del 1º de febrero de 2019, esa práctica será una cosa del pasado. Así como el coleo, las peleas de gallos o las tientas.

¿Cómo se puede generar conciencia sobre la importancia de proteger el planeta?

Yo creo que ha habido avances, no tan rápido como uno quisiera, pero ahí están. Usted vio lo que pasó en Cajamarca, donde la gente le dijo que no a un megaproyecto minero.

En esta sentencia histórica, la Corte señaló que nadie está controlando el mercado del oro en Colombia. ¿Cómo así?

Está acreditado que en el Chocó se están sacando cerca de 60 toneladas de oro al año que no pagan un centavo de impuesto. Todo eso se lo están llevando grupos armados al margen de la ley. ¿Y al Chocó qué le están dejando? Miseria, licor, prostitución, enfermedades venéreas por cantidades, desunión de las familias. Esta es una realidad que está cambiando completamente la forma de vivencia de la población chocoana.

A diario ve uno en Bogotá buses chimenea contaminando terriblemente la ciudad. ¿Podrían promoverse tutelas para salvar el aire en Bogotá o Medellín, o aquello sería cantinflesco?

Es muy posible. Fíjese lo que ocurrió en Medellín, donde acaban de suspender el tráfico de particulares y de motos y de camiones en ciertas horas para evitar que la gente se enferme, pues se está enfermando. Salvemos el planeta.

En febrero pasado, después de ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio salió del alto tribunal. Antes de irse fue el gestor de un revolucionario fallo de tutela que por primera vez en la historia de Colombia le otorgó a un río, el Atrato, derechos. Una sentencia que obliga al Estado a proteger esa cuenca hidrográfica del Chocó, no porque ese afluente emponzoñado esté envenenando a la región, sino porque el río mismo se nos muere y hay que salvarlo ya. En diálogo con El Espectador, Palacio dice que este fallo abre la puerta para que se vengan nuevas tutelas para salvar todos los ríos y animales del país amenazados por la minería ilegal. Incluso no descarta que se vengan sentencias similares que le otorguen derechos al contaminado aire bogotano o de Medellín. Una charla fascinante con un jurista de quilates.

En una decisión histórica, la Corte consideró al río Atrato “sujeto de derechos”. ¿Eso qué significa?

Se trata de preservar la vida en el río, para que no se contamine más. Allí viven peces y plantas que se ven afectados con grandes cantidades de cianuro, mercurio y combustibles que se vierten en el lecho de ese río. No sólo el Atrato, sino el río Quito, el Andágueda, el Baudó y otros. Darle derechos al Atrato significa protegerlo para que no se cambie su curso ni su cauce por cuenta de la minería desbordada en las entrañas de un río que tiene 500 kilómetros navegables.

La sentencia es contundente: hay que proteger al río mismo de la depredación del hombre. El río se nos muere y hay que salvarlo ya.

La Corte designó a unos guardianes para que cuiden el Atrato, quienes serán designados por el presidente y el Gobierno y las comunidades del Chocó. Aquí se le otorgan derechos al río para que se conserve con vida, porque el Atrato le sirve a la fauna, a la flora, al planeta y, claro, al ser humano, una especie más en la Tierra.

¿En qué momento pasó la Corte a considerar esta perspectiva ecocéntrica para ordenar la protección constitucional de un río?

En Nueva Zelanda y en la India ya se han otorgado derechos a los ríos. Esto constituye una nueva concepción filosófica del mundo. Antes se conocía el antropocentrismo, donde el eje del planeta era el ser humano. Todo lo demás estaba al servicio del hombre. Una derivación de esa tesis es el biocentrismo, en donde se cuida a la naturaleza para preservar la raza humana. Pero la corriente moderna de muchos autores y filósofos es el ecocentrismo, donde el ser humano es una especie más del planeta, como lo son la fauna, la flora y las demás especies. A mí me causó mucha alegría cuando en un evento de la Corte en octubre pasado un magistrado de la Corte de la India se refería “a nuestros hermanos los árboles y a nuestras hermanas las flores” como sujetos de derechos.

¿Cómo puede otorgársele derechos a un río cuya defensa debe hacerla el mismo hombre que lo depreda?

La gente dice: “Pero es que un río no puede interponer una tutela, ni una acción popular, tampoco se puede manifestar porque no habla”. Por eso se ha dispuesto nombrar unos tutores o guardianes, que son, en el caso del Atrato, el Gobierno y las comunidades, para que puedan defender esos derechos del río. La Corte ordenó al Gobierno la urgente protección del Atrato. Hay que idear un plan para descontaminar el río y acabar de una buena vez la minería ilegal.

Hoy el titular es: “La Corte otorga derechos al Atrato”. ¿Mañana los titulares serán: “La Corte otorga derechos al río Amazonas, al Cauca, al Magdalena, a todos los ríos de Colombia”?

Lógicamente va a ocurrir lo mismo en las cuencas de todos los ríos. ¿Con qué finalidad? Para que preserven la vida. No sólo para garantizar la subsistencia humana, sino de todas las demás especies. El fallo sobre el Atrato constituye un precedente muy importante.

Usted viajó a Chocó y recorrió el Atrato para constatar cómo se ha venido emponzoñando el río más caudaloso de Colombia. ¿Qué vio?

El panorama fue desolador. Comentaban sus gentes que el presidente Juan Manuel Santos estuvo el año pasado allá y vio —decían ellos— que en toda la ribera del río Atrato, que pasa por Quibdó, había una o dos dragas, y que dizque exclamó: “¡Por Dios, ¿esto qué es, por qué no quitan esas dragas?”. En pleno Quibdó y a ojos de todas las autoridades. Y se calcula que en toda esa zona hay 55 dragas o dragones, como les dicen, a la vista de todos. Lamentablemente no ha habido autoridad que le ponga fin a esto. Y esa minería no sólo trae consigo la contaminación, sino que, además, trae prostitución, alcoholismo, enfermedades venéreas y todo lo que se deriva de ese caos.

¿Cuál fue la imagen más aterradora de ese recorrido que hizo?

La desolación de los suelos, de las riberas del río. Ya el Atrato en muchas partes perdió su cauce. Desde el aire se ven los baches, se ven las lagunas, la aridez. Hay una proyección de estudios ambientales que señala que si seguimos así, con la minería desbordada, la tala indiscriminada, la deforestación y la contaminación, en menos de 50 años el Chocó va a ser un desierto. Así de grave es la cosa. Y en Bogotá parece que muchos no se dieran cuenta. En Chocó se están autoeliminando con esa contaminación indiscriminada. Ya no se puede comer pescado en las riberas del Atrato, la gente se enferma, los niños se mueren, los ancianos viven en riesgo, ha habido deformaciones. El cianuro y el mercurio son elementos tremendamente tóxicos que ocasionan la muerte. La radiografía es alarmante, y lo peor es que en otras regiones de Colombia ya estamos viendo escenarios similares.

¿Y qué vamos a hacer para atajar eso ya?

Se necesitan políticas públicas para tratar este problema tan grave de Colombia y el mundo. Se espera que la Corte le haga un seguimiento estricto al fallo del Atrato. Nosotros ordenamos a los ministerios de Ambiente y de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a otras autoridades que en menos de nueve meses se hagan los estudios científicos de la contaminación real del Atrato y de sus comunidades. Es un círculo violento. Mire, el hospital de Quibdó toma el agua del Atrato y ha ocurrido que los enfermos terminan de enfermarse aún más en el hospital.

Y hoy vemos que el Chocó acaba de salir de un paro que poca atención tuvo en Bogotá. ¿Qué opina?

Sí. Siendo Chocó uno de los departamentos más biodiversos del mundo, el olvido es absoluto. Sobre la sentencia le diré: no es que estemos en contra de la minería. Ancestralmente ha habido minería artesanal en el Chocó desde hace 500 años o más. Pero esta minería sin control no puede seguir acabando con el Atrato.

¿Por qué no hay controles? ¿Dónde están las autoridades? ¿Tienen tanto poder estas mafias?

Es lo que comentan allá, que eso hay para todo el mundo. Que la plata circula de mano en mano. Y mientras tanto el Atrato se muere. No le demos muchas vueltas al asunto: se necesita voluntad política para ponerle coto a esto. Tiene que haber una legislación mundial para frenar esta devastación. Le pongo un ejemplo: en Colombia se saca coltán y no hay registros en la Agencia Nacional Minera, y ese coltán colombiano se encuentra en Londres, en París, para hacer celulares de última tecnología, y nadie ve eso.

Según la concepción ecocéntrica, ¿a qué otras entidades les podrían reconocer derechos?

A la fauna, a la flora, a todos los ríos amenazados, al aire mismo de una ciudad si se quiere. Lo que se busca es la supervivencia del planeta. La gente va a tener que tomar conciencia de los valores de la naturaleza. Un caso documentado de ese entendimiento lo muestra un académico muy serio sobre un bosque milenario en Australia. Allí querían construir una represa para producir energía. Pero la gente se opuso por votación y se protegió el bosque y su fauna por encima de la industrialización.

¿Y vamos hacia esa línea o el mundo sigue absolutamente inconsciente con estos horrores?

Vamos hacia esa línea. La Corte Constitucional ha proferido sentencias muy importantes para proteger páramos y ecosistemas, pero faltan más controles, presupuesto y voluntad política.

¿Y qué hacer con la gente que defiende sus títulos mineros y sus derechos adquiridos?

Es que ese ya es un legalismo que nos lleva al absurdo. Cuando la gente se está muriendo por la contaminación del río, cuando la gente no puede comer lo que saca del Atrato, donde no puede tomar el agua porque se muere, ¿qué más prueba que esa? Es que eso es evidente.

¿Muchos jueces desestiman tutelas desde sus escritorios en Bogotá sin percatarse de las realidades atroces que se viven en regiones tan devastadas por la minería?

Eso ocurrió con esta tutela del Atrato. Fue desestimada por dos altos tribunales: el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Los jueces no se deben ceñir únicamente a la literalidad de la Constitución ni de las normas. Hay que interpretarlas para bien del ser humano y las demás especies, de los árboles, de los animales, de la flora. Tenemos que entender que somos una especie más. En febrero pasado, por ejemplo, la Corte tomó una decisión clave para acabar con la tortura de los animales. Allí se les reconocieron derechos: a que no se les maltrate, a que se les dé alimento si son domésticos, a que si son salvajes se proteja su hábitat, a que no se los utilice como divertimento para el ser humano, como las corridas de toros, corralejas, coleos o peleas de gallos.

¿Y por qué entonces se está promoviendo una consulta en Bogotá para preguntar si deben o no seguir las corridas de toros?

Yo creo que resulta inane esa consulta con esta sentencia. Ya eso lo resolvió la Corte al proteger a los animales y otorgarles derechos. Y al dar un lapso de dos años para proteger a las personas que viven de esos trabajos alrededor de la tauromaquia. Según ese fallo, a partir del 1º de febrero de 2019, esa práctica será una cosa del pasado. Así como el coleo, las peleas de gallos o las tientas.

¿Cómo se puede generar conciencia sobre la importancia de proteger el planeta?

Yo creo que ha habido avances, no tan rápido como uno quisiera, pero ahí están. Usted vio lo que pasó en Cajamarca, donde la gente le dijo que no a un megaproyecto minero.

En esta sentencia histórica, la Corte señaló que nadie está controlando el mercado del oro en Colombia. ¿Cómo así?

Está acreditado que en el Chocó se están sacando cerca de 60 toneladas de oro al año que no pagan un centavo de impuesto. Todo eso se lo están llevando grupos armados al margen de la ley. ¿Y al Chocó qué le están dejando? Miseria, licor, prostitución, enfermedades venéreas por cantidades, desunión de las familias. Esta es una realidad que está cambiando completamente la forma de vivencia de la población chocoana.

A diario ve uno en Bogotá buses chimenea contaminando terriblemente la ciudad. ¿Podrían promoverse tutelas para salvar el aire en Bogotá o Medellín, o aquello sería cantinflesco?

Es muy posible. Fíjese lo que ocurrió en Medellín, donde acaban de suspender el tráfico de particulares y de motos y de camiones en ciertas horas para evitar que la gente se enferme, pues se está enfermando. Salvemos el planeta.