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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a siete exmandos del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a rendir cuentas ante las víctimas y la justicia por su responsabilidad en los secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Antioquia, el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Las diligencias se realizarán el 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín (Antioquia), en el marco de la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Caso 01.
Los exguerrilleros llamados a reconocer públicamente su participación en estos hechos son: Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo; Rodolfo Ruiz Restrepo, alias Víctor Tiradoru; Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro; Ovidio Antonio Mesa, alias Anderson o Carranza; Pedro Baracutao García Ospina, alias Pedro Baracutao; Jhover Man Sánchez, alias Rubén Cano o Manteco; y Jesús Mario Arenas, alias Marcos Urbano. De este grupo, solo Arenas había enfrentado previamente a la justicia ordinaria.
Según la investigación de la JEP, el Bloque Noroccidental fue responsable del 25 % de los secuestros cometidos por las Farc en el país, siendo la segunda estructura más involucrada en esta práctica ilegal. Entre los 310 plagios individuales y colectivos documentados, los hechos de mayor impacto regional fueron el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, en 2002.
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“La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo”, relató el auto de la JEP. Finalmente, el cabo Pérez fue asesinado tras un fallido intento de fuga en 2002.
Los siete comparecientes fueron imputados en 2024 por la Sala de Reconocimiento de Verdad como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tales como toma de rehenes, homicidios, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y tratos crueles e inhumanos contra las personas secuestradas. Crímenes que, debido a su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni indulto.
La JEP determinó que estos excomandantes tuvieron un papel determinante en la ejecución de la política de secuestros diseñada por el Secretariado de las Farc, con el propósito de financiar sus estructuras, forzar intercambios de prisioneros y ejercer control territorial.
Esta audiencia forma parte del proceso de esclarecimiento de verdad que la JEP adelanta en el Caso 01, que investiga el fenómeno del secuestro por parte de las Farc. Desde 2022, la jurisdicción ha imputado a 41 exmiembros de esa guerrilla, incluyendo a integrantes del Secretariado y de estructuras regionales como el Comando Conjunto Central, el Bloque Occidental, el Bloque Caribe y el Bloque Magdalena Medio. A la fecha, más de 4.200 víctimas han sido acreditadas en el proceso, de las cuales 314 señalan directamente al Bloque Noroccidental.
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Las audiencias en Caicedo y Medellín (Antioquia) serán precedidas por encuentros de preparación entre comparecientes y víctimas, quienes han recibido acompañamiento psicosocial para afrontar estos espacios. Allí, los exmandos han escuchado las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, quienes podrán decidir si intervienen de forma pública durante las diligencias.
Si los excomandantes niegan su responsabilidad en estos hechos, sus casos pasarán a manos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, lo que abriría la puerta a juicios formales y posibles condenas de hasta 20 años de prisión. Por el contrario, si reconocen los crímenes y entregan aportes efectivos a la verdad, podrían ser elegibles para sanciones propias que incluyen medidas restaurativas y restricciones de derechos, sin privación de la libertad en cárceles.
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